La corrupción, llena de matices.
El escándalo de las últimas semanas se convirtió en el tema obligado en Colombia y en varios países de América Latina,
pero ni es nuevo ni será el último. Esas prácticas siempre prevalecen.
El caso de la firma brasileña
Odebrecht revela esa condición humana de la codicia.
La codicia es una condición humana y
no hay modelo económico ni ordenamiento jurídico que impida que surja entre los
ciudadanos de cualquier nivel y clase. Todos quieren ganar y enriquecerse a
costa del Estado y de aquellos que buscan a los funcionarios para que los
favorezcan en procesos licitatorios, pero también en otro tipo de asuntos que
son menos visibles y que de alguna manera develan la responsabilidad del
ciudadano en todo este fenómeno, que está lleno de matices.
El caso de la firma brasileña
Odebrecht revela esa condición humana de la codicia. Unos empresarios, en su
afán por obtener todo tipo de contratos de infraestructura en diversos países
de América Latina y África, decidieron crear un mecanismo técnico bajo el
control de la División de Operaciones Estructurales para pagar sobornos a otros
codiciosos con poder de decisión y de intermediación a través de por lo menos
tres filiales: la primera de ellas es Smith & Nash Engineering
Company, basada en las Islas Vírgenes Británicas; la segunda es Arcadex
Corporation, asentada en Belize; y la tercera es Golac Projects and
Construction Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En esencia se trataba de que todos
ganasen millones de dólares, unos a través de la ejecución de los contratos y
otros por los servicios prestados. Es la corrupción en su estado más
sofisticado para la obtención ilegal de ventajas para el interés privado.
Funcionarios e intermediarios de por lo menos doce países fueron afectados por
estas prácticas, que se descubrieron gracias a las tareas adelantadas por las
autoridades de Brasil y Estados Unidos.
Los codiciosos en Colombia, donde
Odebrecht tiene inversiones desde hace un par de décadas, no podían estar al
margen de los beneficios y poco a poco se viene descubriendo el entramado de
favorecimientos que beneficiaron a la firma brasileña y que construyó, como
señalé antes, un mecanismo sofisticado de corrupción que buscaban ser
indetectable y no lo logró. Gracias a las pesquisas de las autoridades
norteamericanas se supo del impacto en nuestro país. Lo que vino después fue el
resultado de la información que enviaron a nuestras autoridades.
La indignación que ha generado es
bien interesante porque es la mirada a un caso que, Las páginas se nutren de
opiniones cuya tendencia es una: enarbolar la lucha anticorrupción. Pero sus
propósitos son miopes, pues parte de una mirada fragmentada que, de un lado, no
incluye a los ciudadanos de a pie en sus análisis, quienes tampoco ven como
sujetos que participan de la corrupción en sus prácticas cotidianas; y de otro,
desligan el fenómeno de lo estructural y lo personalizan, cuando múltiples
estudios indican que las grandes corporaciones privadas tienen prácticas de
crimen organizado.
Existen comportamientos que
jurídicamente son ilegales, pero son realizados y tolerados en la vida diaria.
Los ejemplos abundan: evasión de impuestos; compra del pase de conducción;
adquisición de la libreta militar; posesionarse en un cargo público recurriendo
a la ‘palanca política’ sin mérito y conocimiento alguno; engañar a una entidad
pública para obtener un subsidio… Se puede hacer un catálogo de esas prácticas
cotidianas, cruzarlas con una encuesta y la gente diría que eso es “pequeña
corrupción”, aceptable socialmente. Ahí comienza el problema. Pero como no hay
sanciones, todo queda legitimado moral y judicialmente, y se perpetúa el
engaño. ¿Cómo superar esta trama que revela una gran hipocresía de la gente?
De otro lado, la indignación sobre
prácticas de crimen organizado en las que incurren las grandes empresas para
lograr sus propósitos económicos son selectivas. El escándalo de Odebrecht se
da por dos razones: es una firma extranjera y las pistas llegaron de las
autoridades norteamericanas. Si allá no hacen nada, en Colombia felices todos.
En esas prácticas criminales han
participado reputadas firmas de nuestro país que incurrieron, por ejemplo, en la
“cartelización” para regular precios y atentar contra el bolsillo de la gente.
¿Se acuerdan del “cartel del papel higiénico”? ¿Alguien pagó por eso? ¿Se
alzaron las voces? ¿Hubo boicot a sus productos? ¿Y qué se ha dicho contra
aquellas empresas, también muy reputadas que se aprovecharon del conflicto
armado para despojar de tierras a campesinos inermes? ¿Algún grito desde el
Congreso? ¿Y lo de Reficar, en Cartagena, cuándo se sabrá? ¿Se ocultará como la
gran corrupción que rodeó la construcción del Metro de Medellín?
Muchos hombres y mujeres de negocios
tienen claro, como los mafiosos que reinan en la ilegalidad, que si es
necesario quebrantar la ley para obtener beneficios no dudarán en hacerlo. Así
lo hicieron esas empresas que se “cartelizaron”, también las que adquirieron
tierras mal habidas. Al respecto de esas prácticas, el académico Edwin H.
Sutherland aseveró que “los delitos de cuello blanco no solo son delibrados,
también son organizados”. (El Delito de cuello blanco, Madrid, 1999).
Lo que se observa en la codicia de
aquellos hombres y mujeres de negocios es, siguiendo a Sutherland, un gran
desprecio de la ley y el orden porque ambas les impiden sus conductas
delictivas; pero lo que los acompaña también es una gran debilidad por atesorar
riqueza y mostrarse socialmente como exitoso. Tal cual hace el ‘traqueto’
emergente de barrio o el que logra escalar en la pirámide del crimen
organizado. Ambos coinciden en sus desprecios y debilidades.
La discusión sobre la corrupción
tiene sendos matices que deben ser valorados en su conjunto para evitar la
fragmentación del análisis que, como toda fragmentación, muestra unos aspectos,
pero oculta otros, quizás más graves que los visibles.
http://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-restrepo-e-la-corrupcion-en-colombia/512951
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