La Historia política colombiana se
caracteriza por la persistencia de un arraigado particularismo localista que se
originó en la sociedad colonial y que, desde los albores del período nacional,
ha sido considerado uno de los obstáculos determinantes en la marcha hacia la
centralización política y la integración nacional. Aunque el tema es amplio y
copioso en manifestaciones culturales y sociales, poco se lo ha explorado. Las
notas críticas que siguen están forzosamente circunscritas a destacar uno o dos
aspectos fundamentales del fenómeno. La intención de este ensayo es formular
una crítica al economicismo que predomina en la interpretación de los problemas
genéricamente asociados al tema "Estado y región". Un punto de
partida conveniente para tal propósito consiste en mostrar la excesiva
simplificación y la distorsión resultante de todo un esfuerzo
interdisciplinario sistemático para sostener que la independencia política de
1810 - 1830 no tuvo significado histórico sustancial alguno. Se parte de una
afirmación enfática en la continuidad de los modos de producción y de las
formaciones sociales, y en la perdurabilidad de la dominación social colonial
que se habrían plasmado sin alteraciones en las nuevas repúblicas. De esta
manera la coyuntura de la Independencia pasa desapercibida y el cambio político
queda sepultado bajo la gruesa capa de las estructuras sociales. Con la
Independencia no pasa nada distinto a reforzar el "colonialismo
interno". No debatiremos la validez fundamental de algunas de estas
proposiciones, aunque desde ahora subrayamos su carácter excesivamente
simplista.
La Independencia en sus diversas facetas, desde la guerra
civil inicial de la Patria Boba (1810-1816) hasta el momento triunfal de la
guerra de liberación que llegó a la Nueva Granada antes que a Venezuela o Perú,
entraña una nueva dimensión histórica y significa una ruptura neta e
irreparable con la época colonial. Esto es evidente si se supera el economicismo
y se analiza la Independencia desde el ángulo de la especificidad de lo
político, de la autonomía y la eficacia relativa que las mentalidades, las ideologías
y los proyectos sociales guardan con relación a la base material de la
sociedad.
La nueva época que abre la Independencia se caracteriza
fundamentalmente porque las clases dominantes que emergen de la Colonia
enfrentan la tarea de dirigir políticamente la nación recién inventada. Al
romper el nexo colonial y barrer con sus agentes y representantes, la clase
dominante en conjunto tiene que convertirse en clase hegemónica; más aún, tiene
que autopostular su vocación de clase dirigente nacional, desbordar el
localismo colonial, superar su propia división interna, la dispersión regional
del poder y buscar en las nuevas estructuras jurídico-políticas el medio eficaz
para conseguir su propia unidad orgánica. Asumir y ejercer la dirección
política es característica básica de cualquier clase dominante. Pero esto no
quiere decir que la capacidad y el talento de gobernar le caigan del cielo por
el mero hecho de que ocupe la cúspide del sistema social y monopolice la
riqueza, el poder y el prestigio social. El liderazgo político solamente puede
ejercitarse en el plano de la ideología y de la acción, vale decir dentro de la
organización política creada subjetiva e intencionalmente.
La Independencia asignó a las aristocracias criollas,
arraigadas en ciudades y regiones relativamente autónomas, una doble tarea
política:
(a) concebir y formular una ideología "nacional"
capaz de expresar los intereses de todas las clases sociales conscientes que
participaban en el movimiento, para aglutinarlas en torno a un proyecto
político y social viable, y (b)
reestructurar el Estado, o sea, generar una organización jurídico-política
republicana, por medio de la cual fuera posible extender el dominio sobre toda
la sociedad y dirigir la nación.
En este punto es importante advertir que en general en las
provincias neogranadinas, y en marcado contraste con las venezolanas o con las
mexicanas, la aristocracia criolla no vio seriamente amenazada su dominación de
clase por la presión popular, durante o después del movimiento independentista.
No queremos decir que existiese consenso ideológico y
acuerdo político entre las facciones localistas de la aristocracia criolla, ni
mucho menos que para sus dirigentes fuese fácil proponer fórmulas viables sobre
la reestructuración estatal en aspectos tan sustantivos como el sistema
hacendario y fiscal, la creación de una burocracia civil, o la conformación de
un ejército centralizado.
Nuestro argumento es que a lo largo del siglo XIX la
fragmentación regional del poder político fue la expresión desnuda y más
visible de la ausencia de una auténtica clase hegemónica capaz de unificar
políticamente a la nación e integrar, representándolas, a las demás facciones
de la clase dominante dentro del marco de un Estado moderno y unitario.
En las condiciones de la modernidad (definida ésta como la
época caracterizada por el desarrollo económico y el progreso técnico que abre
la Revolución Industrial y por la consolidación de la nación, la centralización
política y la ampliación de la ciudadanía que inaugura la Revolución Francesa)
la sociedad, la economía y la polis neogranadinas que emergían de la Colonia
eran congregados arcaicos, distanciados por la geografía, la historia, la
tradición, las relaciones inter-étnicas y, en última instancia, por el atraso
material que se manifestaba en la permanencia de formas precapitalistas de
producción y en la inexistencia de un mercado interno.
La Independencia coincide con el período de las
"revoluciones burguesas" y parece afiliarse a la corriente universal
que éstas inauguran; sus dirigentes postulan ideales políticos y formulan
proyectos nacionales en términos burgueses; al menos la terminología, la
esperanza y el mito son burgueses. Pero el sustrato material de esas sociedades
provincianas y regionalistas distaba de ser capitalista. No existía, por tanto,
posibilidad objetiva alguna de que una burguesía moderna unificara la nación
mediante el control del nuevo Estado republicano. Este problema puede
ilustrarse con un breve examen de las coyunturas políticas más importantes del
siglo XIX colombiano.
I. La Independencia
Como dijimos, los movimientos de emancipación
hispanoamericana pertenecen a la época de las llamadas revoluciones burguesas y
se desencadenan en cuanto van llegando las noticias sobre la ocupación
napoleónica de la Península Ibérica.
Pero, como sostienen muchos autorizados especialistas, las
razones últimas del movimiento independentista y de su intransigencia residen
en complejos factores de orden interno, cuya maduración fue agrietando durante
el último período colonial las relaciones que teóricamente deberían existir
entre el centro político y sus colonias americanas.
De allí el arraigado regionalismo de las guerras de
Independencia, lo que debe entenderse no sólo en los acostumbrados términos
militares y logísticos, sino más bien en cuanto que ese regionalismo era la
expresión política de un orden social y económico que había cristalizado
plenamente desde el siglo XVII. Así pues, conviene comenzar por definir los
rasgos propios del actor americano principal: la aristocracia criolla.
a ) Características de la aristocracia criolla
En
el siglo XVII el patriciado urbano, cuyo patrimonio e intereses son
indiferenciadamente agrarios, mineros y mercantiles, ocupa, sin disputa, el
ápice de la pirámide social; su sedimentación se expresa en las tendencias
hacia la cohesión del linaje a través de la alianza matrimonial de las familias
de terratenientes con las de mercaderes, dueños de minas y con altos burócratas
de España, que recién llegan para ser cooptados sin dificultad.
La
ciudad se convirtió en el centro provincial del poder formal e informal de una
clase que, sin constituir una verdadera nobleza de sangre, monopolizaba las
mejores tierras o las minas; controlaba el transporte, el comercio de larga
distancia y los inventarios de mercancías importadas; tenía acceso a los fondos
líquidos puestos a su disposición por las comunidades religiosas, y explotaba
la mano de obra afroindígena sometida a relaciones productivas que iban desde
la esclavitud hasta los más variados arreglos del colonato
.Dentro de la jerarquía urbana que se plasmó desde la misma Conquista española,
la cúspide quedó copada por las tres grandes ciudades coloniales: Santa Fe, la
capital del Reino, en el centro-oriente del país; Cartagena, el principal
puerto y fortaleza militar del Caribe, y Popayán, en el suroccidente, fundada
por las huestes de Pizarro, capital de la extensa provincia minera del Cauca.
Aun así, al final del período colonial una veintena de centros urbanos
detentaba una inmensa influencia en la vida provinciana: Cúcuta, Socorro,
Ocaña, San Gil y Tunja, en el Oriente; Antioquia, Rionegro y Medellín, en
Antioquia; Mompós, Honda, Mariquita y Neiva, en la hoya del río Magdalena;
Cali, Buga y Cartago, en el Valle del Cauca, y Pasto y Barbacoas, en los
confines meridionales de la provincia del Cauca. Cada una de estas ciudades
intentaba reproducir, cuál más, cuál menos, el patrón de vida social y de
organización política prevalecientes en los tres grandes centros urbanos. No
obstante, entre unas y otras se manifestaban marcadas diferencias y su
movimiento de ascenso o descenso dentro de una hipotética escala de jerarquía
regional no era sincrónico.
Pero
el imperio de las ciudades sobre el mundo rural era incierto. En este punto
vale la pena subrayar el relativo fracaso de las políticas de concentración de
la población que datan de mediados del siglo XVI .
Numerosos
núcleos de comunidades campesinas, dispersas y aisladas consiguieron proliferar
en los amplios intersticios que les dejaban las haciendas y latifundios. La
estructura agraria centrada en la hacienda colonial no poseyó la fuerza de
cohesión suficiente para someter bajo su tutela a gran parte de la población
rural, ni dio oportunidad a que el campesinado, muy pobre y disperso, se
constituyera en uno de los estratos sociales más importantes de la historia
colombiana.
Ya
desde 1600 aproximadamente y hasta el fin de la Colonia, la ciudad provincial
era el escenario casi exclusivo de la lucha política entre facciones criollas.
Hacia 1750 el patriciado experimentó enfrentamientos cada vez más frecuentes e
insolubles, con los cuales fue definiendo un enemigo externo: el centralismo
borbónico que, como advierte Lynch, pretendió dominarlo quizás tardíamente. El
meollo del problema era político. En efecto, sin tener en cuenta las
restricciones y los conflictos ocasionados por la política comercial y el
acusado celo fiscalista de los Borbones, el patriciado criollo se resistía a
aceptar los efectos que anticipaba en la reorientación social y laboral de la
reforma borbónica. Así, por ejemplo, los juicios de pureza de sangre y el
ataque a las compras de blancura
testimonian el doble resentimiento social que padecía la clase de los españoles
americanos contra:
a) los "superblancos" peninsulares que se le atravesaban
en el camino hacia los más elevados puestos de la administración pública y le
obstaculizaban las posibilidades que ofrecía el comercio trasatlántico, y b) contra los mestizos que, amparados
en las leyes borbónicas, se les quisieron igualar.
El
miedo racial fue mucho más acusado en las regiones esclavistas, sobre todo
después del alzamiento haitiano.
Por
ejemplo, en la vecina Venezuela se expresó más intensamente que en las
provincias de la Nueva Granada, aunque en éstas la de Cartagena y sobre todo la
de Panamá manifestaron una temprana, implacable y sistemática oposición al
liberalismo social de la Corona.
El patriciado de la ciudad de Panamá, cercado
por los negros y mulatos de los arrabales que lo dominaban numéricamente por
una relación de nueve a uno, se mostró alarmado por todas aquellas medidas
legales que reconocían o fomentaban la movilidad social de los pardos, tales
como su acceso a los grados militares, a recibir órdenes religiosas, a tener
educación, a ejercer el comercio al detal, o la posibilidad de que se casaran
con miembros de la raza blanca.
No obstante, la mentalidad racista del
patriciado panameño, cartagenero o mantuano no parecía entrar en conflicto con
la ideología radical de sus miembros más esclarecidos: masones, jacobinos y
librecambistas, quienes estarían prestos a apoyar la causa de la Independencia
llegado el momento.
Una
arraigada mentalidad racista bien puede servir para la manipulación política de
corte populista, como cuando los Gutiérrez de Piñeres, jefes políticos
"naturales" de Mompós durante la Patria Boba, decidieron enfrentar
"los pardos de los arrabales de Getsemaní" a su enemigos, la elite
comerciante de Cartagena: "Como desde el principio fue llamada la plebe a
tomar parte en los movimientos a fin de echar por tierra al partido real, ella
se insolentó; y la gente de color, que era numerosa en la plaza, adquirió una
preponderancia que con el tiempo vino a ser funesta a la tranquilidad
pública". Así se desencadenó el 11 de noviembre de 1811, la independencia
de Cartagena. Pero los objetivos conseguidos nada tenían que ver con las
"gentes de color":
(a) independencia absoluta del gobierno español;
(b) supresión del Tribunal de la Inquisición;
(c) empleos del Consulado y del Regimiento para los criollos;
(d) división tripartita del poder público;
(e) amnistía política a los rebeldes momposinos.
Entonces
"el movimiento se apaciguó sin haber sucedido desgracia alguna" .
Los
Borbones fueron definidos como el enemigo externo en la medida en que sus
reformas pretendían arrancar al patriciado el manejo de los asuntos locales,
política por demás muy difícil de llevar a la práctica. Los criollos estaban
bien atrincherados en la administración local desde el siglo XVII; la era
borbónica no significó para ellos el duro golpe que se esperaba en Madrid.
Baste recordar como ejemplo que los miembros de la elite comercial y de la
elite política y social coincidían casi totalmente en Medellín entre 1790 y
1810 ,
y así debió ser en la mayoría de ciudades neogranadinas.
La
aristocracia criolla tuvo entonces oportunidad y tiempo para reagruparse en su
vieja institución plutocrática, el cabildo municipal; allí, en una primera fase
defendió frente a la Corona sus privilegios adquiridos por lo menos desde el
siglo XVlIl, y desde allí, en una segunda fase, trató de organizarse
políticamente para la independencia. Señalamos que el problema político que
trae la Independencia se refiere a la unificación política nacional, fenómeno
que, obviamente, no existía en el período colonial.
Las
crisis y fisuras del sistema político colonial derivaban fundamentalmente de las relaciones entre el centro político
metropolitano y las periferias americanas, dentro de un orden imperial
monárquico y absolutista que, por definición, excluía la misma categoría de lo
nacional en América; aunque, por supuesto, un sentimiento nacional se fue
moldeando a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
Si
el conservadurismo social, el miedo racial y el acoso comercial y fiscal
confluían a impulsar a los criollos a la independencia, es igualmente evidente
que la mentalidad criolla se nutrió de un sentimiento americano que en la
"era de las revoluciones burguesas"
se expresa sin ambigüedades y con inusitado vigor en una ideología
nacionalista, cuyas mejores expresiones podrían ser el romanticismo roussoniano
de Bolívar, el atenuado proteccionismo económico del general Santander y, en
nuestro oficio, la inspiración neoclásica del historiador José Manuel Restrepo,
amigo de Bolívar y secretario del Interior entre 1821 y 1827.
Pero
sobre la reforma fiscal borbónica debemos recordar que a fines del período
colonial el Virreinato de la Nueva Granada era uno de los más pobres del
Imperio; sus impuestos no pagaban la administración, por lo que fue frecuente
el uso del "situado fiscal".
Un
símil podría despejar mejor la naturaleza del problema cualitativamente nuevo
que abre la Independencia: si hoy en día una de las preocupaciones centrales
para descifrar lo que se ha dado en llamar "la cuestión regional
latinoamericana" parte en buena medida del análisis del papel que juega el
Estado como agente determinante, el problema para los dramatis personae de la Independencia era exactamente el inverso: ¿Cómo
construir un Estado nacional a partir de la fragmentación regional heredada de
la Colonia? ¿Cómo crear la unidad nacional y erigir un Estado unitario a partir
de fuertes focos locales y regionales de poder, legitimados por una larga
tradición localista y particularista? Más aún, ¿cómo asegurar la prosperidad y
el progreso, programa fundamental puesto que las "desdichas de los pueblos americanos" se achacaban todas al
implacable monopolio comercial y a la voracidad fiscal de la Metrópoli?
b)
Localismo y crisis de legitimidad
Germán Colmenares cita a Bolívar para
señalar de qué manera el patriciado independentista padeció una "preocupación insuperable sobre el principio
de legitimidad":
Yo concibo el estado actual de
América como cuando desplomado el Imperio Romano cada desmembración formó un
sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición
particular de algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable
diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas
naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos; más
nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que
por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los
legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo
nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos
que disputar éstos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de
los invasores: así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado .
En esta preocupación de Bolívar
encontramos un aguzado sentido de clase, producto de su origen aristocrático
venezolano y una respuesta a las modalidades sociales que en Venezuela estaba adquiriendo
la guerra de liberación. Pero en la Nueva Granada los conflictos de clase,
exacerbados por las barreras racistas prevalecientes en el orden de castas,
fueron menos agudos; aquí los indios y los negros esclavos o sus descendientes
no pasaban del 20% de la población total del país; una abrumadora mayoría
mestiza interponía su peso demográfico, social y cultural a los extremos del
espectro racial. En la Nueva Granada la masa de indios y negros y sus iguales
sociales, los blancos pobres, los mestizos y los mulatos, o sea "los legítimos propietarios del país",
no disputaron abiertamente los "derechos europeos" de los criollos,
como temía Bolívar. El conflicto político derivó entonces hacia el formato
estatal y se manifestó violentamente en el interior de la aristocracia criolla.
El movimiento de Independencia se
transformó rápidamente en una compleja guerra civil entre ciudades y provincias
neogranadinas, ninguna de las cuales parecía disponer de condiciones materiales
para imponerse a las demás o para separarse totalmente del movimiento común. El
historiador José Manuel Restrepo señaló estas características centrales de los
arraigados conflictos locales desatados entre 1810 y 1816 por el movimiento de
Independencia:
[...] La anarquía laceraba las
provincias y hacía rápidos progresos. Apenas hubo ciudad, ni villa rival de su
cabecera, o que tuviese algunas razones para figurar, que no pretendiera
hacerse independiente y soberana para constituir la unión federal o para
agregarse a otra provincia. La de Tunja fue despedazada por bandos acalorados,
y de sus poblaciones principales, unas querían Junta en la capital, otras
unirse a Santafé y otras, con Sogamoso, erigirse en provincia. Con la misma
pretensión se apartó Mompós de Cartagena y Jirón de Pamplona; establecióse en
Jirón una junta a cuyo frente se puso el respetado eclesiástico doctor Eloy
Valenzuela bajo el título modesto de capellán.
Ambalema no quiso depender de Mariquita;
Nóvita del Citará y otros lugares de sus respectivas capitales. Donde quiera
que hubo un demagogo o un aristócrata ambicioso que deseaba figurar, se vieron
aparecer juntas independientes y soberanas, aún en ciudades y parroquias
miserables como Nare, las que pretendían elevarse al rango de provincias...
Se necesitaban actos vigorosos de
parte de las juntas provinciales para contener los programas del mal...
De modo que Cartagena sometió a
Mompós por la fuerza, iniciándose la serie de conflictos armados dentro del
mismo bando independentista que fueron la característica principal de la Patria
Boba, a la que puso término la feroz restauración del poder español (1816 -
18199).
El sistema social que emerge de la Colonia estaba confinado al marco local
y regional. La sociedad y la economía estaban atomizadas si se las analiza
desde el punto de vista de la nación. La aristocracia criolla era profundamente
localista y provinciana y desde esta perspectiva quizás sea válido agregar que
la preocupación por la legitimidad del poder en las provincias granadinas se
concentró menos en los contenidos sociales, clasistas y estamentales y mucho
más en el puesto que habría de corresponder a cada provincia en la nueva
ordenación política territorial.
Que las referencias básicas de las
provincias se identificaban con la organización territorial de origen colonial
se demuestra con el hecho de que el principio del uti possidetis recibió un respaldo prácticamente unánime, tanto en
la demarcación administrativa inicial del período Gran Colombiano (1820-1830),
como al momento de la desmembración de la Gran Colombia en tres Estados (las
actuales repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador) y la voluntaria
reincorporación de Panamá a Colombia, interrumpida durante las breves
dictaduras del mulato Espinar y del venezolano Alzuru (1830 - 1831).
La búsqueda de legitimidad política
condujo La búsqueda de legitimidad política condujo a un hondo conflicto
ideológico y político entre los criollos en torno a esta cuestión: ¿qué grado
de control central debería existir sobre las provincias que se avenían a formar
el nuevo Estado nacional?
La prolongada duración de este
conflicto -el siglo XIX colombiano- y sus modalidades político-militares
atestiguaban el hecho de que ni el Estado central ni ningún foco provincial
importante conseguía la legitimidad para ejercer lo que Max Weber llamó el
monopolio de la violencia. Pero weberianamente planteado, el problema es
tautológico: el hecho era que ni el gobierno central ni una o varias provincias
tenían el poder económico y la consiguiente capacidad fiscal y militar para
imponer el control político y ningún centro disponía tampoco de la capacidad
intelectual o de la fuerza espiritual para unificar políticamente la nación en
torno a intereses a largo plazo, universalmente definidos.
c) Panamá y Cauca:
¿dos casos extremos de regionalismo?
Hacia
1830 la adhesión de algunas aristocracias de provincia al proyecto nacional
colombiano parecía más asunto de conveniencia táctica que cuestión de
principios o expresión de sentimientos nacionales colombianos. Los casos más
notorios fueron los de Panamá y Cauca, periferias geográficas.
Aquello
que en Bogotá se entendía como política proteccionista moderada, entre el
patriciado de Ciudad Panamá era tenido como proteccionismo excesivo, dañino a
sus intereses y nefasto para la prosperidad general del país. Pero los
movimientos separatistas panameños, inspirados por el patriciado librecambista
de Ciudad Panamá, tampoco alcanzaban mucha fuerza y parecían diluirse al salir
de los intramuros de la ciudad. Para explicar la debilidad de los separatismos
alentados por el patriciado urbano de Panamá debe mencionarse el miedo social
ante un levantamiento popular o el ascenso popular que un movimiento nacional
pudiera producir eventualmente. Las experiencias con los populismos de 1830 - 1831
parecían confirmarles que el temor no era infundado.
Las
aristocracias terratenientes de las provincias panameñas del interior, en aquel
momento desconectadas del comercio internacional, preferían el orden rural que
dominaban, orden más viable cuanto más débiles fuesen los nexos con el mercado
mundial. Así pues, no era tanto la geografía per se cómo la peculiaridad de la organización social panameña
aquello que determinaba las orientaciones localistas y la visión oportunista de
las elites en torno a la necesidad de un centro político remoto.
Panamá,
al igual que los Llanos Orientales, fue la región más incomunicada físicamente
con el centro del país. Pero a diferencia de los Llanos, y a causa de su
ubicación estratégica, desde el siglo XVIII el comercio inglés había convertido
el Istmo en apéndice de Jamaica para el abastecimiento de los puertos
sudamericanos del Pacífico: Buenaventura,
Tumaco, Guayaquil y Paita. Así pues, los criollos de ciudad Panamá mantenían, al
margen de Colombia, un comercio con las colonias antillanas mucho más sistemático,
voluminoso y dinámico que el disfrutado por cualquier puerto colombiano.
La debilidad endémica de los
movimientos separatistas, pese a la incomunicación física con Colombia; la
fuerza político-electoral de los terratenientes interioranos que preferían la
incorporación a una Colombia conservadora y señorial y, finalmente, el hecho de
que la apertura de California (I 848), que inauguró una nueva fase en la
historia económica panameña, coincidiera con un cambio hacia la dirección
librecambista del centro político son elementos que debemos considerar para
explicar la permanencia de Panamá dentro de la República.
El caso del Cauca es todavía más
significativo porque señala la fragilidad y los límites del proyecto nacional
post-independiente cuando tuvo frente a sí el poder regional de una vieja y
bien sedimentada clase criolla. El Cauca es ejemplar no tanto por su ubicación
periférica, que lo llevó a sufrir la superposición de jurisdicciones
eclesiásticas y civiles desde el temprano período colonial -entre Quito y Santa
Fe de Bogotá-, sino por el papel crucial que desempeñó el grupo caucano en la
política colombiana del siglo XIX.
Pese a la diversidad geográfica,
cultural, étnica y productiva del vasto espacio que correspondía a la provincia
del Cauca, el hecho fue que ya desde el siglo XVII una clase de grandes
terratenientes, mineros y mercaderes empezó a mantener el control político
local desde Popayán, rival económico de Santa Fe. La elite payanesa estuvo,
naturalmente, del lado de la Independencia y jugó un papel estratégico tanto
por la magnitud de su riqueza y el alto grado de sedimentación social y
prestigio tradicional alcanzado, como por ser paso geográfico obligado entre la
Nueva Granada y Ecuador y Perú. Adicionalmente, una de sus provincias, la de
Pasto, mantuvo una tenaz lealtad al principio monárquico y al rey de España.
Pero ¿cuál era hacia 1830 la actitud
de los líderes políticos caucanos frente a la nación colombiana? La llegada al
poder del general Rafael Urdaneta, en septiembre de 1830, trajo como casi
inmediata reacción la separación de Popayán de la expirante Colombia. Ésta
obedecía a los fuertes deseos de la elite payanesa de apoyar un gobierno que le
pudiera garantizar mantener en paz el sistema social. Desde estas expectativas
era lógica la anexión al Ecuador, cuya forma social señorial (o semifeudal)
tenía fuertes semejanzas con la caucana, y con cuyas regiones andinas (la
antigua Presidencia de Quito) había tenido lazos históricos durante los siglos
de la Colonia. Pero el
peligro no se visualizaba tan sólo en Bogotá, en donde el golpe de estado de un
general venezolano parecía encerrar algún peligro social, sino en la cercana
provincia del Valle del Cauca, en donde "están regadas las armas en los
pueblos y entre la ínfima clase, porque ha habido la imprudencia de fomentar la
emulación de éstas, consignando armas a la plebe", tal como escribiera
desde Buga el patricio local José Antonio Arroyo al secretario del Interior, en
diciembre de 1830.
El fiscalismo ecuatoriano, la caída
de Urdaneta en 1831 y el ascenso de los payaneses al alto gobierno en Bogotá se
sumaron para que en 1832 las provincias del sur pidieran reingreso a la
República.
La tensión entre la preeminencia de
los intereses localistas de los señores caucanos frente a la adhesión a un
proyecto nacional se puso de manifiesto en la carrera y las actitudes del
general Tomás Cipriano de Mosquera, cuatro veces presidente de la República y
miembro de la aristocracia payanesa. Ora como caudillo militar, ora como
oficiante de la política electoral, Mosquera desentonaba si no con el estilo
señorial de su clase, con su provincialismo. No obstante, vivió limitado por
aquélla, en la medida en que para lograr figuración e influencia nacional
requería contar con el respaldo de su base caucana. El caso es importante
porque ayuda a desmitificar la abrumadora influencia que se atribuye a los
caudillos militares caucanos y, por el contrario, permite asignarle suficiente
importancia al localismo de la clase de la que provenían (Mosquera) o de la que
dependían (José María Obando) y a la cual quisieron imponer sacrificios
inmediatos para garantizar su hegemonía política.
Contrariamente a lo que se espera de un típico caudillo
militar, señor de vida y haciendas, en el decenio de 1830 Mosquera impulsó una
considerable legislación de tinte liberal y propuso la creación de un ejército
centralizado y nacional, moderno y profesional, aunque las limitaciones
fiscales ahogarían estos proyectos. Pero, como observa uno de los mejores
conoce-dores del jefe payanés, "su concepto de las necesidades militares
de la nación y sus actividades como secretario de Guerra de 1838 a 1840 hicieron
posible la victoria de un ejército medianamente modernizado (en la guerra de
1839 - 1841) a pesar de la debilidad del gobierno que tuvo que sostener".
En este sentido, como miembro del grupo castrense que encabezaron Bolívar,
Santander, Herrán y Obando, Mosquera se sobrepuso rápidamente a la crisis de
legitimidad que se originaba en la ruptura con España. Al igual que todos
ellos, afirmó de una manera peculiar las características de la nueva
legitimidad republicana en torno a un ejército nacional que respaldase un
gobierno igualmente nacional.
Pero durante la época
post-independiente, las clases dominantes locales prefirieron no someterse a
los vaivenes de la política y de la guerra; se replegaron conscientemente en
sus provincias, de las que los sacaban las querellas de los grupos militares que
eran los únicos que aspiraban a integrar una nación, aunque no contaban con los
recursos intelectuales, morales y materiales para ejercer un pleno liderazgo
político. Actuaban quizás antes de tiempo y en todo caso más allá de su clase.
Sobre todo, estaban divididos ideológicamente en torno a los contenidos del
proyecto político.
d)
El legado de la Independencia
La estólida y más bien espasmódica
participación popular en la emancipación neogranadina puede interpretarse con
base en los contenidos sociales que implícitamente ofrecían uno y otro proyecto
político, el monárquico de la Ilustración y las Cortes de Cádiz y el
republicano en sus diversas versiones constitucionalistas.
Al señalar las razones del fracaso de
la Patria Boba, Restrepo apunta una muy importante, exhaustivamente documentada:
[...] La falta de opinión de los pueblos en casi todas las
provincias ... Así fue que los habitantes de la Nueva Granada hicieron muy
débiles esfuerzos para defenderse: ellos negaron los recursos que tenían para
hacer la guerra; y los gobiernos republicanos que carecieron de la energía
necesaria para sacarlos por la fuerza, temiendo una conmoción general, los
dejaron intactos para servir a los españoles .
Así pues, no es que el esquema político independentista
excluyera abiertamente la movilización popular para la guerra -en esto hubo
mucha ambigüedad y pragmatismo- sino que las masas (excepto en los Llanos
Orientales después de 1816) sólo luchaban bajo la conscripción forzosa. Esto en
contraste con lo que sucedía en algunas provincias del sur o de la Costa
Atlántica, donde indios campesinos o esclavos negros engrosaron copiosamente
las milicias y guerrillas realistas.
De este modo la clase dominante en la Nueva Granada opuso
al liberalismo social y laboral de la Corona la autoafirmación política en
nombre de la promesa de una nación republicana y constitucionalista, ajustada a
la medida de sus necesidades inmediatas y también a sus utopías de gobierno.
Las pocas evidencias disponibles indican que el período
post-independiente, como lo entiende Halperin Donghi, fue una época de
ruralización generalizada en Hispanoamérica. Varios síntomas lo comprueban en
la Nueva Granada:
(a) las
principales ciudades de origen colonial como Popayán, Cartagena y Santa Fe de
Bogotá decrecieron en población entre 1800 - 1810 y 1850 - 1870 (Bogotá se
expandió entre 1810 y 1825 en razón de que fue la capital de la Gran Colombia,
centro político-burocrático de las actuales Repúblicas de Colombia, Ecuador,
Panamá y Venezuela; pero su población pareció estancarse en 40.000 habitantes
desde 1825 hasta 1870).
(b) El comercio
internacional no floreció como esperaban los librecambistas.
(c) La deuda
pública originada en los gastos de la guerra era enorme y los ingresos
fiscales, mal recaudados, tenían origen en los mismos impuestos coloniales.
(d) La
principal exportación fue el oro, como en la Colonia.
(e) Los
sistemas laborales cambiaron poco o nada; la institución de la esclavitud
subsistía y se obstaculizaba legalmente el tránsito de los trabajadores libres.
(f) Quizás las
provincias quedaron más incomunicadas entre sí en el siglo XIX que en la época
colonial. Si algún efecto estructural pudo producir la Independencia, fue el
endurecimiento de una especie de sistema semi-feudal.
Pero un orden semi-feudal no es un
orden estático. Ni la ruralización de la vida política colombiana del período
post-independiente fue uniforme en todas las regiones.
Esto se confirma cuando se comprueban fenómenos como:
(a) La propagación de una retórica legalista igualitaria y el
influjo del benthanismo en la elaboración de una ideología jurídica de corte
burgués.
(b) El impulso a la
educación pública.
(c) La introducción
de la navegación a vapor por el río Magdalena.
(d) Cierta fluidez de
las inversiones mercantiles (por ejemplo, miembros de la elite payanesa
tradicional, como los Hurtados y Mosqueras, fueron importantes comerciantes en
el Istmo de Panamá entre 1830 y 1850).
(e) La marcha
desventurada de proyectos fabriles bajo una modalidad de dirigismo estatista (1833
- 1846). Todo esto sin perder de vista que durante el siglo XIX Colombia fue un
país abrumadoramente rural, muy débilmente conectado al comercio internacional.
Si algo ablandó el orden semifeudal y la ideología estamental de
las clases dominantes fue la dispersión agraria; la despoblación de extensas
comarcas; la presencia de un numeroso campesinado parcelario y, finalmente, el
radicalismo potencial de la juventud urbana de las capas medias, más que la
pujanza revolucionaria de alguna burguesía comercial que buscara
afianzarse en los nudos estratégicos del comercio: los puertos
del Caribe, Medellín, Socorro y Bogotá.
Se afirma que este orden señorial comenzó a dar muestras de
agotamiento después de la devastadora guerra de los Supremos (1840-1842), para
dar paso a la "revolución
anticolonial" de medio siglo que, desde el punto de vista de la
política económica, se inició precisamente durante la primera administración
del general Mosquera (1845 - 1849).
La guerra del 40, se dice, asestó un fuerte golpe al menguado prestigio
de los" soldados" y le abrió el camino a las prácticas civilistas de
gobierno propuestas por los jóvenes de la generación de 1849, apóstoles del
libre cambio, el federalismo, la democratización política y la movilidad
social.
Aun así, durante el decenio de 1840 emergió un pensamiento civilista
de tipo conservador, alejado de los "soldados" en lo posible y
próximo a las viejas oligarquías provinciales. Sus portavoces y publicistas
provenían, en general, de las mismas capas medias ascendentes que alimentaban
al radicalismo.
ll. La Revolución Liberal
La revolución del medio siglo puede visualizarse bajo tres perspectivas
que señalan las contradicciones entre la emergencia y consolidación de una
oligarquía nueva y de orientación capitalista y el proceso de formación
nacional: (a) Las relaciones entre
el librecambismo y el desarrollo económico; (b) las relaciones entre un tipo de desarrollo capitalista basado en
la ventaja comparativa internacional y la integración política nacional, y (c) las contradicciones entre el
discurso radical de los liberales, sus prácticas sociales y políticas y la
consecución de la unidad nacional.
a) Librecambismo y desarrollo
Ya dijimos que el siglo XIX colombiano se caracterizó por la
preponderancia de la agricultura y de la sociedad agraria dispersa que mantenía
una base técnica muy rústica y primitiva, de suerte que los excedentes y
ahorros generados eran exiguos y limitaban las oportunidades de inversión
productiva en cuanto a su tamaño y orientación. Una vez adoptado el librecambio,
la asignación de recursos productivos dependía de la ventaja comparativa
internacional, pero la localización geográfica de los centros potenciales de
producción en que ésta existía requería fuertes inversiones de capital social
(transportes terrestres, p. e.) para que los productos fuesen verdaderamente competitivos.
A pesar de estas limitaciones, hubo cierta movilidad de factores productivos
manifiesta, por ejemplo, en los cambios que se sucedieron en las inversiones: de la tabacalera a la de quinas y
añil, y finalmente a la cafetera y ganadera. Los ciclos precafeteros y la
expansión inicial del café provocaron fuertes desajustes en el balance regional
de fuerzas políticas. Los centros económicos tradicionales surgidos de la
Colonia quedaron desplazados, fenómeno muy común en América Latina durante su
etapa de "desarrollo hacia afuera".
La economía quedó encadenada a los ciclos imprevisibles e incontrolables del
precio externo de los exportables, origen de crisis fiscales y regionales que,
a su vez, alimentaban el clima de inestabilidad política.
La adopción del modelo librecambista respondía más a la
necesidad de un dinámico sector de las oligarquías locales para reforzar su
dominio social, que a la adopción deliberada de una política económica que
posteriormente fue tildada de errónea.
Participar en el comercio mundial implicaba, para la emergente
burguesía comercial de las provincias neogranadinas, la posibilidad objetiva de
consolidar el dominio de clase en un país que transitaba el camino de la
civilización, como entonces se llamaba al desarrollo económico. Para esa
burguesía emergente, el único nexo para superar la barbarie y civilizarse era
el comercio internacional; se difundió así, a partir de una posición concreta
en defensa de sus intereses de clase, la ideología del desarrollo liberal.
Aunque las nuevas exportaciones de agricultura tropical abrieron
regiones y comarcas a la producción, la escala geográfica y demográfica fue
reducida. Calculamos, por ejemplo, que en la cima de 1865 el auge tabacalero
utilizó en la principal región productora del país unas 8.000 hectáreas y debió
emplear unos 16.000 cosecheros permanentes. Estas magnitudes revelan el
carácter residual de la economía exportadora dentro del conjunto de la economía
nacional y se expresan en un bajo coeficiente de exportaciones, que no debió
pasar en los años pico de los setenta o los noventa del 10% del Producto Bruto
Interno.
Así pues, dentro del conjunto general de la economía colombiana,
que continuaba siendo una economía de subsistencia orientada esencialmente al
abasto campesino y de las regiones
agrarias, la localización de la ventaja comparativa no producía cambios
sustantivos en la geografía económica tradicional. La gran excepción fue la
ampliación de la frontera en el occidente colombiano por la colonización,
básicamente antioqueña, de vastos espacios que a comienzos del siglo XX habrían
de ser el corazón de la economía cafetera colombiana.
Muchas veces se ha mencionado el diseño de las vías de
comunicación en función del comercio internacional y el carácter esencialmente
localista y político de las inversiones ferroviarias como una de las
manifestaciones más notables de la fragmentación económica, resultante del
librecambismo. También se alude en ese sentido a la existencia de numerosos
signos monetarios locales y comarcales y al aumento de los impuestos internos
de tránsito de mercancías. Como resultado, eran más elevados los costos de transporte
de la harina de trigo del altiplano central hasta los distritos mineros de
Antioquia, que desde Nueva York.
Pero el proteccionismo geográfico trabajaba en las dos
direcciones. No parece estar bien sustentada la tesis sobre la eventual
destrucción de los centros urbanos artesanales de Santander y Boyacá a causa de
la invasión de textiles de Manchester, al menos antes de 1870. El distrito de
Bucaramanga - Girón continuó siendo un exportador neto de textiles de algodón a
otras regiones del país y a Venezuela, treinta años después de haberse adoptado
el librecambio. Los censos de población de las provincias santandereanas entre
1843 y 1870 revelan dos cosas: primera, que el peso específico de los artesanos
en la ocupación económica de los habitantes no disminuyó sensiblemente y,
segunda, que no se produjo una contracción de los centros urbanos. Pero estos
fenómenos exigen un mayor conocimiento de la historia regional santandereana y
boyacense.
b)
Liberalismo económico y unificación política nacional
En la literatura económica contemporánea se ha formulado
frecuentemente esta pregunta: ¿en qué medida es compatible la economía de libre
empresa con la consecución de objetivos
nacionales? Éste no es evidentemente el lugar para responder a
la pregunta desde el ángulo puramente económico. Pero si por objetivos
nacionales se entiende la integración nacional interna y la autonomía externa,
es evidente que el librecambismo condujo a un tipo de desarrollo económico
incompatible con la unidad nacional. Tal desarrollo ha sido, por otra parte,
funcional a las necesidades del capitalismo internacional. El primer aspecto y
sus implicaciones políticas es el que ofrece más interés en el contexto de este
ensayo.
Si la primera fase del período post-independiente (1820 - 1850)
fue una época caracterizada por la crisis de legitimidad, por la división
política expresada en la persistencia de los focos rurales de poder y por la
pugna ideológica en el seno del grupo militar de vocación centralista, a partir
de las reformas del medio siglo fue formándose una nueva oligarquía de parvenus y literati, que consiguió ascender a través de la política, los
negocios y su liga con el Estado: asignación de tierras baldías, negociación de
bonos de deuda y de empréstitos. En el librecambismo encontró una ideología
legitimadora e instrumental.
En cuanto pudo, esta nueva oligarquía continuó excluyendo a los
sectores medios y populares, como lo demuestra su ensañamiento contra los
artesanos, derrotados en la guerra de 1854.
En esta nueva época el político - comerciante aparece como la
figura clave en el proceso político y en la formación del Estado nacional. Para
un comerciante que, pese a sus nexos cotidianos con el poder estatal, tenía una
confianza casi ilimitada en la virtualidad autorre-guladora de los mecanismos
del mercado y que detestaba las interferencias sistemáticas del Estado, una
nación federal, sin burocracia y sin política económica eran lo ideal.
El comerciante - político era enemigo nato del fortalecimiento
estatal, al que veía con mucha sospecha y aprehensión, a pesar de que el Estado
le garantizaba las condiciones mínimas de disciplina social y laboral, le
proporcionaba a través del derecho y la práctica legal la ideología apropiada
para comprender y ejercer racionalmente su dominio de clase y le daba pleno
acceso a las tierras públicas y a la representación internacional.
Como el patricio criollo, el nuevo
comerciante era profundamente localista: identificaba la organización federal de la República con las fronteras de su distrito comercial. En algunas
regiones se definía primero por
lealtades locales y subsidiariamente en términos colombianos actitud explicable
porque la vinculación de los comerciantes con el mundo, posibilitada por
las condiciones favorables que
ofrecía la economía internacional después de 1850, se verificaba sin la
mediación estatal explícita.
Pero los signos de fragmentación que
produce la adopción del librecambismo no comprenden únicamente el ámbito
económico. Más bien promueven la segmentación política y convierten el
regionalismo de las clases locales en eficaz instrumento de atomización estatal.
La desunión política de la nueva
oligarquía estaba mediada por instancias no económicas, la más importante de
las cuales fue la descentralización político - administrativa que se instituyó en
los años cincuenta y se llevó a sus límites después de 1863. Fue ésta la época
de los Estados Soberanos, máxima expresión de un federalismo constitucional que
no estableció reglas de juego claras en frentes críticos como la representación
política de las regiones en el centro y las relaciones entre gobierno nacional y
gobiernos federales en los aspectos militar, de "orden público", electoral
y fiscal.
En este contexto, regiones como la
santandereana, sometidas a violentos ciclos comerciales y subsecuentemente
fiscales, originados en el comercio exterior, tendieron a generar grupos
políticos y clientelas burocráticas
inestables y déclasées, inclinados a
elaborar utopías ultrarra-dicales o, cuando menos, a participar en la política
de un modo pugnaz y sectario.
Adicionalmente los conflictos sobre
la representación política de las regiones en el centro político, el carácter
desordenado de los calendarios electorales y la ambigüedad constitucional sobre
los poderes efectivos del ejecutivo central en la vida política siempre
polarizada de los Estados federales atizaban el conflicto regional interno, que
fácilmente podía convertirse en guerra inter-federal.
El hecho era que en cada región había
siempre una fuerza política disponible, dispuesta a rechazar con las armas
cualquier decisión del gobierno estatal o de su propio gobierno federal. Tal
fue el caso del Cauca en 1851 y 1860, o de Santander en 1885 y 1889. La
sociología histórica debería profundizar mucho más en el estudio de grupos
sociales que en las rápidas coyunturas económicas y políticas sufrieron
situaciones de desplazamiento miento social: es el ejemplo de los grandes
señores esclavistas caucanos a mediados del siglo, enfrentados a la manumisión
y la abolición de la esclavitud. Pero también podía tratarse del signo opuesto:
una oportunidad de ascenso social, que también rápidamente mostraba su carácter
precario y fugaz. Es el ejemplo de la clase política de Santander o el Tolima
durante los ciclos de auge de las quinas y el tabaco respectivamente. Los señores
caucanos se lanzaron a la guerra en 1851 y ante la derrota tomaron el camino
del exilio.
Los ciclos depresivos ayudaban a
detonar movimientos subversivos, como las "culebras pico de oro",
sociedades semi-secretas ultrarradicales que, con las armas en la mano, se
ponían del lado de la causa liberal, anticlerical, federalista y democrática.
Un cierto carácter déclasée
en una sociedad que alternativamente afirmaba valores estamen-tales pero
fomentaba la oportunidad de violarlos, dio base a estas expresiones de la
práctica política. Estos fenómenos locales no se presentaron en todas las
regiones. Antioquia fue la excepción más importante.
El regionalismo antioqueño, palmario
desde mediados del siglo XIX, puede analizarse como una expresión de la
hegemonía política de la clase dominante regional. El aislamiento geográfico, la
expansión de la minería de oro, las inversiones en la economía tabacalera, en
los transportes y en el financiamiento del gobierno central y su carácter
general de intermediación del comercio internacional con el de algunas
provincias del interior dieron piso a la burguesía antioqueña para erigir
dentro del marco de su región una hegemonía más sólida quizá que la buscada por
la burguesía comercial en ascenso en Cundinamarca y Tolima.
Las clases dominantes de Antioquia,
por ejemplo, no se espantaban como las de Bogotá ante el "salvajismo"
de los bailes y expresiones culturales del pueblo. Por el contrario, crearon a
partir de elementos folclóricos campesinos toda una visión de su mundo
regional: el montañero libre, altivo, frugal y emprendedor, ejemplo de la raza
antioqueña, de la que han excluido a las poblaciones negras y mulatas. Una
frontera étnica antioqueña se levanta para incluir a todas las clases sociales fundamentales
de la región y expresarlas convenientemente a todas. El mito sobre el origen
racial (vasco, judío) y una inveterada práctica del catolicismo, con el
consiguiente reforzamiento de la unidad de la familia nuclear y de la
mentalidad conservadora, facilitan a la burguesía comercial antioqueña dirigir políticamente
la comunidad regional y mantener un grado considerable de autonomía e inmunidad
frente a las utopías radicales que, desde Santander y Bogotá, se propagan a
todo el país. Durante la vigencia de la Constitución de Rionegro (1863 - 1886),
período dominado por los liberales de diferentes matices, Antioquia constituye
un bastión de permanente desafío político al régimen que sólo consigue
sojuzgarlo siete años.
Según Frank Safford, la autonomía
regional llegó a expresarse en la integración de una comunidad científica
específicamente antioqueña en la segunda mitad del siglo XIX .
Debido al aislamiento geográfico y a
cierto aislamiento táctico de sus elites pragmáticas, Antioquia no tuvo que
pagar un alto costo político durante el desorden y el desgobierno del siglo XIX
colombiano. No aspiraban sus clases dominantes a una hegemonía nacional y se
recluyeron sólidamente en su bastión regional para cosechar, a través del
Partido Conservador y en el siglo xx, los frutos de su bien articulado
regionalismo. El regionalismo
de los antioqueños no fue tan
coyuntural como el costeño, el santandereano o el caucano; es decir que no tuvo
tantas fluctuaciones porque no nacía de las cambiantes situaciones de fuerza
entre el centro político y la región.
Más bien puede considerársele como
una manifestación político - cultural de una región unificada ideológica,
moral, intelectual y económicamente, por una clase dirigente pragmática, social
y políticamente conservadora.
Finalmente habría que tener en cuenta
que dos notables desarrollos culturales, ligados en otros contextos a la
definición de "lo nacional", desembocaron, al menos en la segunda
mitad del siglo XIX colombiano, en interpretaciones marcadamente regionalistas.
Nos referimos a los adelantos de la geografía que impulsó la Comisión
Corográfica, contratada por la administración liberal de José Hilario López
(1849 - 1853) y la obra erudita y gigantesca del filólogo bogotano Rufino José
Cuervo.
d) El
discurso, la práctica liberal y la unidad nacional
La unidad nacional no se agota con la
integración territorial, ni su objetivo es promover el "equilibrio
regional". Como expresión política de la burguesía triunfante, la unidad
nacional es uno de los posibles resultados del desarrollo capitalista. Éste, como
bien se sabe, genera en el proceso mismo de la creación del mercado interno una
redefinición de las jerarquías regionales que, en las condiciones del
capitalismo periférico, obedecen probablemente a causas mucho más complejas. La
unidad nacional se refiere ante todo a la incorporación de todas las clases, grupos
y etnias en un proyecto político unificador, capaz de expresar en alguna medida
sentimientos, lealtades e identidades nacionales enraizadas en lo más profundo
del "campo histórico", para usar la conveniente expresión de Anouar
Abdel-Malek, o en
la historia compartida que Otto Bauer llama la "comunidad de destino".
Generalmente este proyecto se realiza mediante la centralización estatal, cuyo
origen no es burgués puesto que proviene del absolutismo feudal .
En el mundo tricontinental del siglo XX,
Asia, África y América Latina, la centralización estatal es el método
fundamental para conseguir simultáneamente el desarrollo económico y la integración
nacional. Pero la unidad nacional no debe confundirse con la centralización;
tampoco es su misión promover el llamado equilibrio regional, aunque la
centralización de las estructurales estatales y la implantación de un centro
político definido sean requisitos de la unidad nacional en el período
contemporáneo (esto es, excluyendo las "naciones ancestrales" como
China o Egipto) y condición para la viabilidad de naciones que surgen como
"invenciones históricas" en la lucha anticolonial. Señalemos muy
brevemente algunas de las posibles razones que explican el fracaso de los liberales
para unificar la clase dominante y, por ende, a la nación en el sentido arriba
expuesto.
El discurso liberal es radical y
clasista. Inspirado en las revoluciones del 48, el radicalismo colombiano
promueve entre la gran minoría alfa beta del país un debate razonado y
apasionado en torno a la democracia política y social. Propone fórmulas de
organización constitucional típicamente burguesas, con la aparente intención de
ampliar el mercado de fuerza de trabajo, de tierras y de capitales.
Las instituciones corporativas son calificadas
de remanente feudal, obstáculo al progreso económico ya la democracia política.
En tanto y en cuanto que internacionalistas, los liberales piensan que la
incorporación sin restricciones mercantilistas al mercado mundial soluciona la
pobreza, y así sucesivamente. Pero la práctica social y política de los
radicales fue conservadora y estamental. Comerciantes urbanos por origen y
vocación se convierten en terratenientes y hacendados - exportadores.
Como hacendados son señores
ausentistas que mantienen relaciones sociales precapitalistas; como
inversionistas son especuladores cuya fortuna depende en buena medida del favor
oficial y de la legislación vigente que cambian para acomodarla a sus intereses.
Ilustrados e igualitarios en su segmento dirigente, los oligarcas que salen de
la era liberal alimentarán inconscientemente un acendrado espíritu
etnocéntrico; adoptarán plenamente el darwinismo social spenceriano que, al trasplantarse
a la realidad social colombiana, se convertirá en racismo .
Al agudizar el conflicto ideológico contra la Iglesia y los conservadores, los
liberales radicales fortalecen las endebles maquinarias partidistas que se
forman entre 1827 - 1845 aproximadamente y las que, después de 1863, como
sostiene el historiador Malcom Deas,
alimentan una pugnacidad política que desborda las regiones. A través de la red
de lealtades electorales se ex presarán intereses propios de las oligarquías
regionales y de los notables locales y se canalizarán e institucionalizarán los
conflictos municipales de todo el país. Pero el sufragio era, las más de las
veces, una farsa sangrienta.
Pese a esto, a través de los partidos
políticos las oligarquías locales se articularon con las bases populares por
intermedio de una vasta y tupida red de caciques y cacicazgos electorales, cuya
suerte vis - a - vis las oligarquías
ha variado considerablemente a lo largo de los últimos 120 años, pero cuyo
oficio es absolutamente imprescindible para mantener tanto la "legitimidad
democrática" del sistema político, como la dimensión supra-regional de
éste. Los caciques, al tiempo que vinculan clases y regiones al "proyecto
nacional", son la mejor expresión de la segmentación política colombiana.
¿Estaban los partidos políticos
cumpliendo una labor unificadora de la política colombiana al enraizarse en
todas las provincias, comarcas y municipios, y permitir la participación de
amplias capas de la población, por
limitada y desvirtuada que fuese? La identificación y la lealtad política hacia
el partido político, liberal o conservador, ¿era más fuerte que la
identificación con la región y la patria chica? Y de ser así, ¿no estaban
señalando los dos partidos una posibilidad efectiva de unificar nacionalmente
las regiones y las clases?
La polarización bipartidista fue y es
el cemento de la actividad política general; punto crucial de referencia de las
adhesiones, ideologías y organizaciones locales con la nación, fenómeno más
evidente cuando se observa el carácter profundamente localista de los partidos,
que son capaces de concitar lealtades y adhesiones al nivel del vecindario, por
debajo del municipio, la unidad político - administrativa mínima.
Así, los partidos expresan
simultáneamente sentimientos, intereses y aspiraciones locales: el regionalismo
puede teñirse de conservatismo o de liberalismo, según la coyuntura y el lugar.
En este punto convendría dejar esta
pregunta: ¿por qué, además de la posible función unificadora de los partidos,
la "nación" se mantenía y no proliferaban movimientos auténticamente
separatistas?
Una respuesta posible es que las
provincias estaban internamente muy fragmentadas: las rivalidades locales
podían tener más fuerza que las regionales. Cada historia provincial atestigua,
bien en la Costa, en Antioquia, en Santander, en Tolima o en Cundinamarca, una
lucha persistente entre comarcas y municipios, o entre ciudades que luchan por
el primado regional.
III.
La reacción conservadora
El proyecto liberal quedó sepultado en la guerra civil de 1885.
El desgobierno federal, la depresión de la economía agroexportadora, el
persistente déficit fiscal, la inestabilidad política crónica, el recurso
permanente al conflicto armado, la división ideológica de los grandes
comerciantes que integraban los sectores más dinámicos de la nueva oligarquía,
la exacerbación de las pugnas religiosas, todos estos aspectos definieron la
situación que condujo al fracaso de los liberales. Del seno de éstos surgió el
grupo de los independientes, dirigidos por Rafael Núñez, quien formuló
un programa de conciliación política con los conservadores y en 1887 devolvió a
la Iglesia Católica las prerrogativas que había perdido bajo los regímenes
liberales. Su objetivo fue doble: en el plano político, unificar las
estructuras estatales bajo un férreo régimen presidencial y centralista y, en
el plan económico-fiscal, articular una política de tintes neomercantilistas e
intervencionistas.
En la historiografía colombiana, que últimamente ha descuidado tanto
la política y el siglo XIX, no existe ningún estudio satisfactorio de las
formaciones y prácticas ideológicas y su correspondencia con las coyunturas
políticas. Naturalmente se acepta la existencia de nexos casuales entre la
posición de clase de los grandes comerciantes importadores - exportadores y los
hacendados cafeteros con el liberalismo económico.
Después del derrumbe liberal, éstos entablaron una oposición tenaz
y perseverante al papel moneda de curso forzoso, a la creación de un banco
central con monopolio de emisión, a la centralización de las rentas, al
incremento del arancel y a la imposición de gravámenes a las exportaciones.
Pero casi nada se sabe de la conexión que debió existir entre un considerable grupo
de políticos profesionales -subsidiariamente literati-, cuyas biografías
transcurren en las oficinas públicas o en pues tos de representación política,
y la elaboración de un sistema de pensamiento político autoritario o, cuando
menos, burocrático.
Así, por ejemplo, el colapso liberal no se manifiesta en el
pensamiento político colombiano como una transición del laissez - faire democrático
al positivismo de inspiración igualmente liberal y secular. Aquí habría que
recordar que el secularismo también dividió a los liberales. La primera
generación, que va de Santander y Vicente Azuero hasta Obando, interpretó el
secularismo conforme a la práctica regalista del patronato colonial; mientras
que los liberales de la generación del 49, consecuentes con su antiestatismo,
propusieron la separación absoluta de las potestades.
Durante la fase conservadora de la Regeneración (1886 - 1900),
reapareció bajo una forma constitucionalista y civilista la añeja fórmula
autoritaria, católica e intolerante que pretendía
unificar la nación por arriba; que no buscaba ampliar la
participación política de las masas sino restringirla severamente; que
expresaba intereses populares sólo en la medida en que el catolicismo de las
mayorías fuese un instrumento ideológico para garantizar el conformismo social.
Este ideal centralizador reaccionario no tuvo mayor viabilidad política sino
hasta después de 1904 - 1905. Aunque consiguió debilitar la participación e
influencia política de algunos grupos de grandes comerciantes y hacendados-exportadores
(no de los conservadores antioqueños, por ejemplo), el nuevo programa no estaba
respaldado por ninguna clase o grupo social capaz de mantener la iniciativa
política y representar a amplios sectores de la población. La red de caciques
que por conveniencia y ventaja localista lo apoyaban no era suficientemente
representativa para sostener el nuevo edificio regenerador.
Sus cimientos endebles resaltan en la medida en que se
atribuyeron al Estado nuevas funciones de intervención económica directa y de
control político para cuya realización era indispensable mayor integración
interna de las clases dominantes. Así pues, la fórmula de la República unitaria
que se enfrentaba a los particularismos localistas de la República federal
estuvo muy lejos de consumarse. Este proyecto no lograba neutralizar los
poderosos focos de poder en que se atrincheraban las oligarquías provinciales
que no querían pagar ningún precio -ni siquiera el precio fiscal- por conseguir
la centralización política y el reforzamiento de un Estado central que
eventualmente estaría dominado, según los dirigentes de la coalición de
liberales e "históricos", por los burócratas y profesionales de la
política y manipulado en los niveles locales por los caciques regeneradores.
El historiador Charles Bergquist realizó un bien documentado
análisis de la coyuntura con que termina este período, la Guerra de los Mil
Días. Comprueba las extraordinarias limitaciones que la fragmentación del poder
político imponía a las oligarquías regionalistas, viejas y nuevas, y de qué
manera éstas manifestaban profundos desgarramientos internos, no sólo en el
plano fundamental de sus intereses económicos a corto plazo, sino en la
naturaleza de su misma participación política y militar durante la guerra.
Visualizada ésta como un gran laboratorio del conflicto social y
político, la dinámica del faccionalismo político determina la duración
prolongada de la guerra civil. Para citar un ejemplo revelador: durante la
primera fase de la guerra, el ejército del gobierno conservador carece de
unidad y comando porque "no menos de treinta y nueve generales, que
representaban cada facción del dividido partido conservador", pretendían
influir militarmente, cada uno por su lado, en aquél
. Así pues, la distancia entre el
proyecto centralizado y su práctica seguía siendo abismal. Pese al
autoritarismo, la tradición localista continuaría asediando la realización del
ideal de "los libertadores": la unificación estatal, y el ideal de
los "revolucionarios del medio siglo": el ejercicio efectivo de la
ciudadanía y el predominio de los intereses de las mayorías electorales en un
país secular.
El siglo xx heredará estos pasivos que empezaron a manifestarse
en una forma contundente y traumática: sobre los rescoldos de la Guerra de los
Mil Días, la oligarquía del Istmo arrancó, bajo la protección naval de los EU,
la separación de Colombia y proclamó la República de Panamá.
El derrumbe del liberalismo como sistema político federal y
democrático, secular y anticlerical, y el ascenso de un régimen autoritario y
centralista, reaccionario y católico se comprende mejor si despojamos al
discurso político de su inercia retórica y enfocamos con mayor precisión los
problemas aportados por el proyecto de centralización estatal y la inexistencia
de posibilidades objetivas de hegemonía política.
El liberalismo creó un mito eficaz y perdurable al postular una
escisión tajante entre lo económico y lo político. Aunque no lo formularan
explícitamente, para los radicales colombianos eran realidades
constitutivas la una de la otra. El problema era que ambos elementos de la
ecuación estaban definidos básicamente por el mercado. La democracia se refería
al reconocimiento de que todo individuo, igual ante la ley, busca hedonistamente
su máximo provecho en el mercado competitivo, libre de interferencias extra-
económicas, de modo que el bienestar individual lleva al bienestar colectivo.
Por las referencias históricas arriba mencionadas esto no pasó
de ser una gran mistificación, puesto que al mismo tiempo que los radicales difundían
doctrinas democráticas consiguieron asegurar el dominio social y conformar una
nueva oligarquía a partir de 1850, mediante un Estado que a primera vista no
intervenía en el mercado pero que les aseguraba la mano de obra, la tierra y
los requisitos mínimos de orden social, definido como "orden
público"; un Estado que le daba legitimidad y cohesión a un sistema clasista
opresivo.
La proposición organicista de la Regeneración antiliberal
comienza, por el contrario, denunciando lo espurio de la dicotomía liberal.
Anuncia que entre el individuo y la sociedad debe mediar la fuerza reguladora
del Estado, y señala de qué manera los intereses de la oligarquía, medidos por
el rasero del mercado, no son los intereses de la nación.
Esta proposición se formula en un contexto autoritario, pero
también compatible con el proyecto de "acumulación primitiva" puesto
en marcha desde la década de 1820. La Regeneración descubre el débil papel del
Estado liberal para unificar una clase burguesa que realice la hegemonía por
medio de la política partidista. Así mismo, la diferencia radical entre los dos
discursos políticos, el radical y el regenerador, mostraba la ausencia total de
consenso ideológico entre facciones burguesas; las contradicciones no eran
solamente de posición en la estructura económica (por ejemplo, nexos o ausencia
de éstos con el mercado mundial) o de percepción regional de la economía
nacional en su conjunto (el caso de los conservadores federalistas).
La burguesía burocrática que se forma durante la Regeneración,
"la nueva oligarquía", como la denomina Alberto Lleras ,
encuentra que la nación definida por la tradición cultural hispánica y por la
tradición católica del pueblo colombiano estaba siendo enajenada por el
eurocentrismo y cosmopolitismo de los comerciantes y se desintegraba por un
federalismo excesivo.
Pero cuando se repasan los logros centralizadores y
nacionalistas de la Regeneración, el observador contemporáneo queda perplejo
ante la falta real de unidad, de dirección política, de coherencia legislativa,
y ante la ausencia de recursos materiales para centralizar efectivamente el
poder. Así, por ejemplo, fracasa la centralización de rentas e impuestos y sólo
hasta 1930 comienza a advertirse una tendencia clara y bien definida de centralización
fiscal .
Lo mismo ocurre con el sistema ferroviario que arranca después de 1880: cada
línea, dice el cónsul británico en Bogotá, tiene su propia historia económica,
financiera y administrativa.
"Paz y ferrocarriles, que lo demás es pura
charlatanería", había advertido el líder de la Regeneración, Rafael Núñez.
Dos guerras civiles y una pequeña y desconectada red ferroviaria tendida para
cubrir necesidades específicas del comercio exterior es el resultado que se
aprecia en 1899, en vísperas de la guerra de tres años (1899 - 1902). Después
de la guerra y la separación de Panamá, la oligarquía llega, finalmente, al
consenso político sobre el modelo de desarrollo económico que debería prevalecer
y sobre las formas de organización estatal .
Este consenso entre las diferentes oligarquías regionalistas
(aquí también cabría un corte geológico: las oligarquías de origen colonial que
aún subsistían en el Cauca; las formadas durante los auges agroexportadores
precafeteros y cafeteros, y finalmente, la más novel oligarquía que se forma y
fortalece al amparo de los favores de la Regeneración y El Quinquenio) se
facilita adicionalmente por un nuevo fenómeno: la desmembración liberal que
resulta de la derrota en la Guerra de los Mil Días.
En efecto, el liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX,
atrapado entre su retórica radical, el apremio de sus clientelas radicalizadas
y la composición burguesa de su dirigencia, permitió, por la fuerza de las
cosas, la coexistencia de todos sus elementos para no desintegrarse. Pero al
final de la guerra, derrotados los dirigentes en lo que Bergquist llamó la
"guerra de los Caballeros",
la persistencia de las guerrillas, y sobre todo su capacidad desestabilizadora,
pero sin esperanzas de triunfo, ya no conviene a nadie. La fina percepción de
los peligros sociales encarnados en la participación popular en la guerra y la
depresión económica influyen para que los dirigentes liberales, con Rafael
Uribe Uribe y Benjamín Herrera a la cabeza, vuelvan por los fueros de la paz y
el orden.
En esta experiencia, de una movilización armada que se les sale
de las manos, los dirigentes liberales tendrán para rato. Sólo en los años de la Violencia, a mediados del siglo XX,
la dirección liberal urbana permitirá alguna autonomía de organización y de
expresión política al movimiento armado de sus bases.
Si hay un punto en la historia de Colombia que marque la marcha
hacia la conservatización gradual es precisamente la derrota liberal en esta
última guerra del siglo XIX.
Por mucho tiempo el centralismo de la Constitución del 86 seguirá
siendo una ficción. El presidente Rafael Reyes (1904 - 1909) aprovecha la
fuerte impresión que ha dejado la pérdida de Panamá para unificar políticamente
las facciones regionales. Paradójicamente lo hace desmembrando las viejas
unidades administrativas (los Estados Soberanos de la era federal que pasaron a
convertirse en Departamentos en la Constitución de 1886) y contraponiendo el
localismo al regionalismo, con resultados contraproducentes en algunas zonas,
especialmente en Antioquia.
Con el renacimiento de la ideología económica liberal después de
I910, algunos focos regionales de poder como los de Antioquia, Caldas, Valle y
Atlántico adquieren renovado ímpetu. La economía agroexportadora, dominada por
el café, produce rápidos desplazamientos en los balances regionales de las
fuerzas políticas y sociales.
La última guerra civil había demostrado cuán efímeros podían
resultar los alineamientos puramente regionales o la conformación de grupos
socioeconómicos políticamente representados. El bipartidismo había arraigado
profundamente en las capas populares e imponía límites infranqueables al
liderazgo oligárquico. No había una reducción mecánica de la clase social al
partido político o a la facción política. Ésta era una limitación al predominio
político absoluto de las oligarquías regionales, pero limitaba también los
horizontes ideológicos y organizativos de las clases populares. Todavía en
I930, la mayoría
de los colombianos se identificaban más con su región que con la
nación y más con un partido político que con su clase social, aunque se
aceleraba el proceso de integración política de las oligarquías locales en una
clase dirigente de dimensiones nacionales. Junto a este proceso de unificación
por arriba, un líder liberal, Alfonso López Pumarejo, propondría la
incorporación del pueblo al esquema político, señalando con esto un nuevo
quiebre en la historia política del país: la aparición del populismo.
Quizás desde entonces el marco nacional se convierte en punto de
referencia política, tanto para las oligarquías como para las capas populares.
En estas condiciones el regionalismo fue perdiendo su carácter de movimiento o
de ideología a favor del status quo, para adquirir en muchas instancias un
carácter de protesta social.
Todos estos aspectos superan ampliamente los límites
cronológicos de este ensayo, destinado a criticar el reduccionismo
economicista, a destacar la importancia de lo político y a señalar de qué
manera el atraso material de Colombia obstaculizó la unificación política
nacional y cómo ésta se consiguió finalmente por arriba y en forma por demás
muy incierta. Introducir la dimensión nacional en el contexto de una discusión
Estado - región me pareció históricamente válido e importante.
La región se define primero frente al
problema nacional y después frente al centralismo estatal. Para comprender los
mecanismos de esta relación contemporánea hay que desechar la idea de que el
Estado es una entelequia atemporal y cristalizada.
Por el contrario, hay que mostrar de
qué manera la legitimación nacional otorga al Estado capitalista contemporáneo
en América Latina uno de los instrumentos ideológicos más imponentes para
asegurar tanto el dominio de clase como la enajenación nacional, y cómo este
proceso histórico está marcado por agudos conflictos en el interior de las
clases dominantes. Antes de que el Estado central sea un instrumento de la
redefinición regional exigida por el desarrollo capitalista, es apenas un
proyecto combatido. por las oligarquías regionales y desprovisto de un
contenido nacional. Pero que es posible obtener centralismo político con una
débil formación nacional es otra de las lecciones de la historia política
colombiana después de 1930.
Sumario bibliográfico'
Hemos
seguido la perspectiva del "fenómeno nacionalitario" propuesto por A.
Abdel-Malek, Egypte: société militair,París, 1963. En cuanto a la
especificidad de lo político nos hemos apoyado en la orientación general de
Antonio Gramsci en The Modern Prince and other Writings, Nueva York,
1968, y Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (editado
y traducido por A. Hoare y G.Noell Smith), Londres, 1971. A este respecto los
comentarios de Portantiero y de Buci-Glucksman han sido indispensables: C.
Portantiero, "Los usos de Gramsci", en: A. Gramsci, Escritos
Políticos, I9I7-I933, México, 1977; y C. Buci-Gluksman, Gramsci y el
Estado, México, 1978; sin embargo, preferimos apoyarnos en una visión marxista
como la que ofrece G. Therborn, What does the ruling class do when it
rules?, Londres, 1978.
Para
el período colonial se pueden leer con mucho provecho los trabajos de J. O.
Melo, Historia de Colombia, Tomo I, El establecimiento de la
dominación española, Bogotá, 1977; G. Colmenares, Historia económica y
social de Colombia, 1537 -
1719, Cali, 1973; J. Jaramillo Uribe, "Esclavos y señores en la sociedad
colombiana del siglo XVIII", Anuario Colombiano de Historia Social y de
la Cultura (ACHSC), I, N° 1, 1963, págs. 3 - 62, y "Mestizaje y
diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del
siglo XVIII", ACHSC, II, N° 3, 1965, págs. 21 - 48. En
cuanto a histona local colonial, véanse P. G. Marzhal, Town in the Empire.
Gouemment, Polities and Society in Seventeenth Century Popayán, Austin,
Texas, 1978; y A. Twinam, "Desde Mon y Velarde hasta Coltejer. Comercio y comerciantes en
Antioquia", ponencia presentada en FAES, Medellín, agosto de 1979.
El
significado político de la Independencia hispanoamericana está magistralmente
sintetizado en J. Lynch, The Spanish American Revolutions, 1808 - 1826, Nueva
York, 1973; y la venezolana en G. Carrera Damas, Boves: Aspectos socioeconómicos
de su acción histórica, Caracas, I968, y El culto a Bolívar: Esbozo para un
estudio de la historia de las ideas en Venezuela, Caracas, I969.
El
período inmediatamente post-independiente o de la Gran Colombia recibió un
tratamiento riguroso y magistral en la obra de D. Bushnell, El régimen de
Santander en la Gran Colombia, Bogotá, I966 (primera edición, Newark, I954).
La
historia económica y fiscal del siglo XIX hasta I930 tiene como referencia
básica los ensayos de 1. Liévano Aguirre, Rafael Núñez, Bogotá, I944; L. E.
Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia, 2a. ed., Bogotá,
I962; y la obra erudita de L. Ospina Vásquez, Industria y protección en
Colombia, 1810 - I930, Medellín, I955.
I. Ponencia presentada en el Taller
"State and Region in Latin America", organizado por CEDLA, Amsterdam,
dic. 1979
Publicada inicialmente en la Revista
Mexicana de Sociología, N° 4, 1980.
Digitalizado: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencia-politica/fondos-abiertos/la-clase-mas-ruidosa-y-otros-ensayos-sobre-politica-e-historia
[1] G. Colmenares, Partidos políticos
y clases sociales, Bogotá, 1968, p. 26.
[2] J. M. Restrepo, Historia de la
revolución, loe. cit., vol. 1, págs. 90-1.
[3]
J. L. Helguera y R. H. Davis, Archivo epistolar del General Mosquera, 2
vols., vol I, Bogotá, 1972, p. 22.
[4] II. Ibíd., P.23.
[5] Ibíd., p. 46.
[6] 13. J. M. Restrepo, Historia de
la revolución, loe. cit., vol. II, págs. 130-132.
[7] F. R. Safford, The Ideal of the
Practica l. Colomhia's Struggle to form a Technical Elite, Austin, 1976, págs.
214 -215.
[8] A. Abdel-Malek, La dialectique
sociale, París, 1972, p. 112.
[9] O. Bauer, La cuestión de las
nacionalidades y la social democracia, México, 1979 (la ed. Viena, 1907), págs.
119-50.
[10] P.
Anderson, Lineages of the A
A. Twinam, "Desde Mon y Velarde hasta Coltejer. Comercio y
comerciantes en Antioquia", ponencia presentada en Fundación Antioqueña
para los Estudios Sociales (FAES), Medellín, agosto de I979·
J.
L. Helguera y R. H. Davis, Archivo epistolar del General Mosquera, 2 vols., vol
I, Bogotá, 1972, p. 22.
F. R. Safford, The Ideal of the
Practica l. Colomhia's Struggle to form a Technical Elite, Austin, 1976,
págs. 214 -215.
M.
Palacios, El café en Colombia (I850-I970): Una historia económica, social y
política, Bogotá, I979, p. 175-202.
C. W. Bergquist, Coffee
and Conflict in Colombia, 1880 - 19I0, Durham, 1978, p. 142.
M.
Deas, "Los problemas fiscales de Colombia en el siglo XIX", ponencia
presentada en el Seminario de Historia Económica de Colombia, Fedesarrollo,
Bogotá, 1978, págs. 33-34.
C. Bergquist, Coffee, loe. cit., págs. 247-62; Palacios, El
café, loe. cit., págs. 285 - 307.
