El veneno de la corrupción
En respuesta a la detención, el
expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en seguida pidió que
se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan Manuel
Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad.
El pasado
jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro
de Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo
la sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la
multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que,
como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el
Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en él.
En Colombia hay
dinámicas buroctáricas afianzadas, tanto en el nivel nacional como en el local,
que han normalizado el hecho de pedir sobornos a cambio de la adjudicación de
los contratos públicos. Rara vez, lastimosamente, las autoridades logran
penetrar esos intercambios perversos y ponerlos en evidencia. Aunque suena a
lugar común desgastado, la realidad es que la corrupción sí es el principal
obstáculo para el desarrollo del país y uno de los motivos para que los
ciudadanos desconfíen de las instituciones (y entre ellos mismos, por cierto),
con todas las pésimas consecuencias que eso conlleva. Por eso, los resultados
que ha comenzado a mostrar la Fiscalía General de la Nación en la investigación
por los pagos de Odebrecht son muy bienvenidos, y sólo queda esperar que se
destape el nombre de todos los involucrados y que paguen por ello.
El pasado jueves, en
efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de
Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la
sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la
multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que,
como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el
Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en ese momento en calidad de
encargado por García Morales. El ente investigador le imputará los delitos de
cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento
ilícito. Odebrecht realizó los pagos en Brasil por medio del Departamento de
Operaciones Estructurales, brazo de la empresa que se encargaba de tramitar los
sobornos.
En respuesta a la
detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en
seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del
gobierno de Juan Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de
responsabilidad. Y no sólo la obvia que le cabe a la cabeza de un gobierno por
no asegurarse de nombrar a las mejores personas en los cargos, pues en este
caso en particular faltan además varios elementos por descifrar. Primero,
porque el monto del soborno es exorbitante como para decidir sin más pesquisas
que solamente llegó a untar a un único funcionario aislado. Pero también porque
esta misma compañía, como lo ha reconocido el propio candidato uribista,
promovió -y falta comprobar si pagó- una multimillonaria asesoría para que
Óscar Iván Zuluaga ganara la Presidencia de la República en 2014.
Todo lo cual no quiere
decir que no sea urgente la petición del expresidente Uribe: que se investiguen
en profundidad los sobornos que por otros US$4,6 millones ha aceptado Odebrecht
que pagó en Colombia para, en palabras de la Fiscalía, “obtener otras obras
públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual
administración”. Porque no estamos ante un caso aislado sino, nos repetimos,
ante una dinámica afianzada que, puesto que rara vez caen los implicados y de
ahí la importancia de que este caso avance, se ha convertido en la manera
normal de hacer las cosas.
El fiscal Martínez ha
dicho que “vamos a llegar a todos los implicados e involucrados en estos
hechos; no se trata solamente de contratos del orden nacional. La Fiscalía
General ha identificado igualmente contratos que se han realizado del orden
local con entidades territoriales”. Esperamos que así sea y que se aproveche la
colaboración de Odebrecht con la justicia (se ha hablado de una retribución al
país por $32.000 millones) para sacar a la luz los nombres de todos los que
estuvieron cercanos a esta red de corrupción. Las sanciones, además, tienen que
ser ejemplares, para enviar así un mensaje contundente: en Colombia no todo
vale.
Hemos celebrado en
varias ocasiones el compromiso de la Contraloría, la Fiscalía y la nueva
Procuraduría de Fernando Carrillo con la lucha anticorrupción. Ese compromiso
debe renovarse a diario y seguir dando resultados concretos. La única opción
para desarraigar la “normalidad” de estas prácticas perversas es mediante una
guerra frontal que demuestre las consecuencias de hacerle trampa al país.
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-veneno-de-corrupcion-articulo-674684
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