En el momento de escribir esta columna no se conoce el resultado de las negociaciones entre Fecode y el Gobierno. Y digo el Gobierno porque los temas de discusión no los puede resolver solo el Ministerio de Educación, sin contar con los del Trabajo, Hacienda y Planeación, por lo menos.
Lo que la Federación de Educadores pide a través de los mecanismos legítimos que consagran la Constitución y las leyes tiene profundas implicaciones en todo el aparato social y, por tanto, a esta discusión deberían concurrir de manera permanente otros ministros, el Congreso de la República, los gremios económicos y los líderes del desarrollo de las regiones.
En los pliegos de peticiones no solo aparecen aspiraciones salariales y laborales, sino numerosas iniciativas de política pública, cuyo ámbito de discusión tendría que darse en instancias diferentes de las mesas de negociación, pues ellas involucran a muy diversos actores sociales que no están representados ni por los maestros ni por el Gobierno.
Ya decía Aristóteles, en el libro quinto de La política, que “dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. (...) Las costumbres democráticas conservan la democracia, así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía, y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado. (...) En nuestra opinión, es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y esta debe ser pública”. Y es precisamente esto lo que reclaman los maestros.
Pero nuestra realidad no es la que soñaba el filósofo griego. Por el contrario, desde los primeros años de la independencia la educación privada se estableció como un mecanismo eficaz para la conservación de los privilegios de los grupos de poder, y con el transcurrir de los dos siglos de vida republicana esta no solamente se ha fortalecido, sino que se ha convertido en una aspiración de todos aquellos que quieren ascender en la escala social. Entre tanto, la educación pública, que cubre cerca del 80 por ciento de la población, no ha logrado consolidar unos niveles de calidad que permitan asegurar el progreso de los más pobres, dándoles herramientas para acceder a las posiciones de dirección y liderazgo de la sociedad.
Aunque en las últimas décadas el Estado ha aumentado mucho la cobertura de la educación básica, propendido a la calificación de los educadores y buscado estrategias para mejorar la calidad, los resultados en el desempeño académico de nuestros niños y jóvenes parecen estancados y cada vez más distantes de lo que consiguen otros países de la región.
De otro lado, los planteamientos del magisterio parecen coincidir en la necesidad de mejorar la calidad, asociada en gran parte a las condiciones laborales y a la adopción de políticas que incrementen el presupuesto del sector, pero sin avanzar en la necesidad de contar con mecanismos de evaluación profesional que permitan dinamizar nuevas alternativas de reconocimiento y estímulo a los mejores desempeños individuales y colectivos.
Tal vez sea el momento de explorar otros caminos de análisis de la estructura del sistema educativo, convocando a los profesionales de la educación a la discusión de las grandes transformaciones que requiere el país en esta materia, junto con representantes de los partidos políticos, la academia, los gremios económicos y, desde luego, el Gobierno. En mesas de trabajo ampliadas es posible que quienes se sienten indiferentes al destino de millones de niños y jóvenes empiecen a comprometerse y puedan reconocer a los educadores como interlocutores válidos e indispensables en los procesos de reconstrucción de una sociedad profundamente escindida. A su vez, los educadores tendrán mejor oportunidad de defender sus iniciativas y mostrar sus legítimos intereses profesionales y políticos en escenarios en los que primen los argumentos y no la fuerza.
Francisco Cajiao
fcajiao11@gmail.com
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/y-despues-del-paro-francisco-cajiao-columnista-el-tiempo/15688436
Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en Economía de la Universidad de los Andes. Fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital. Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá y subdirector de Planeación del SENA.
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