Los verdaderos dueños de Buenaventura
Doce empresarios controlan un negocio que mueve el 60% de las
exportaciones de Colombia que representan 2 mil millones de dólares al año; un
enclave rodeado de una ciudad en miseria.
Por: Maria Elvira Bonilla
| abril 21, 2014
El pasado 3 de abril, el expresidente César Gaviria se
preparaba para viajar a Buenaventura a participar de la celebración de los
veinte años del nacimiento de la Sociedad Portuaria de Buenaventura que
apareció en su gobierno producto de la liquidación de Puertos de Colombia y la
privatización de ésta y todas las operaciones portuarias del país. Estaba
programado también el Presidente Santos a quien Gaviria le dio la oportunidad
de iniciarse en la vida pública como el primer ministro de Comercio Exterior.
Era claro que la situación de Buenaventura no está para brindis y es más bien
una vergüenza para cualquier gobernante.
Santos sostuvo su viaje pero cambió el
propósito: llegó con aires reeleccionistas proponiendo un aumento de pie de
fuerza militar para controlar el desborde de la violencia y una inversión
millonaria, repitiendo un conocido ritual gubernamental que viene dándose desde
el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1968), cuando este prendió las alarmas
sobre la realidad social y económica del Puerto y lo declaró de prioridad
nacional. De cuento en cuento, antes que mejorar la situación para los 300.000
habitantes, todo se ha deteriorado cada día más.
Para aguar la fiesta los organizadores argumentaron
“problemas de logística” porque claramente los ojos de Colombia y el mundo
estaban puestos en la miseria y en los asesinatos horrendos de jóvenes que se
están dando en la ciudad. Con la celebración por los porteños también Gaviria
conmemoraba veinte años del arranque de su política de apertura y
privatizaciones que incluía la ley de puertos, –cuestionada por unos, aplaudida
por otros- que marcó su gobierno, una agresiva política económica que para
muchos no ha hecho otra cosa que profundizar la brecha entre ricos y pobres que
en Buenaventura ha adquirido unas dimensiones inimaginables.
Una de las más sonadas privatizaciones fue la de Puertos de
Colombia que se logró en buena medida porque su poderoso sindicato cedió ante
la jugosa prebenda que le dio el gobierno al permitirle entrar con un 25% a la
naciente Sociedad Portuaria de Buenaventura. Una participación que quedó en
manos de los veinte sindicalistas que conformaban la cúpula directiva sin que
sus utilidades se drenen al grueso de los trabajadores.
Esta moderna y rentable empresa con veinte años de
existencia, controlada por dos grandes grupos familiares, junto con otras dos
grandes compañías portuarias, la española de origen catalán –TC Buen- cuyo
representante legal en nombre de los españoles ha sido hasta ahora el abogado
Camilo Gómez, actual fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramirez, y el
Grupo Portuario S.A manejan el billonario negocio que representa la operación
portuaria del puerto de Buenaventura, que mueve cerca de 600.000 contenedores
al año, el 80% del café que sale del país y el 60% de todas las exportaciones
de Colombia.
La Sociedad Portuaria de Buenaventura sigue siendo la líder
del sector. Después de muchas transacciones en compra y venta de acciones estos
veinte años, aunque sobrevive un grupo de socios minoritarios atomizados, entre
los que están los líderes sindicales Álvaro Ortiz, Víctor Rebolledo, la viuda
de Luis Marmato: la Sociedad está controlada por un puñado de dueños que toman
las decisiones y se lucran del negocio. Estos son: el Grupo Parody de la
familia Parody Décheona, cuyo representante en la junta es Manuel Isaac Parody
Décheona, hermano de Gina; el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz
Bautista, cuyo representante dejó de ser Carlos Arcesio Paz, quien perdió su
puesto por una drástica pelea familiar con sus dos hermanos, para darle paso a
Alfonso Ocampo Gaviria quien es el presidente de la compañía; le sigue el grupo
Ciamsa -Comercializadora internacional de azucares y mieles- conformado por los
12 grandes ingenios del Valle del Cauca, cuyo representante legal es Carlos
Mira; y tres entidades públicas: la alcaldía de Buenaventura (15%) cuyo
representante en la junta directiva es el alcalde Bartolo Valencia con
suplencia de Edinson Martínez; también tienen una pequeña participación el
ministerio del transporte (2%) y el de agricultura (0.5%).
Óscar Isaza, un exitoso emprendedor nacido en Buenaventura,
quien comenzó su fortuna con una bomba de gasolina de propiedad de su suegro,
se empeñó hace más de veinte años en construir un puerto privado capaz de
competirle a la Sociedad Portuaria y ofrecer servicios logísticos en el mismo
terminal. El primer terminal tuvo como socios a la CVC, al municipio de
Buenaventura y a la Gobernación del Valle, el cual fue construido en un lote de
la CVC con una inversión de 240 mil dólares (400 millones de pesos). Diez años
más tarde, Isaza promovió la idea en Europa y consiguió vincular al grupo
marítimo de Barcelona TCB que tiene muelles en España, Brasil, Turquía y en La
Habana.
En su reinauguración estuvo presente el empresario Ángel
Pérez-Maura, representante de los inversionistas españoles quienes tienen el
51%. El español inauguró la operación con la llegada del buque Rio Verde la
Naviera Maersk, en presencia del Presidente Santos y varios de sus ministros.
Pero el verdadero anfitrión de aquella ceremonia fue Óscar Isaza, dueño del 41%
de este puerto, y además presidente de Gepsa –Grupo empresarial del Pacífico
SA-.
Pero hay otros grandes jugadores en Buenaventura como es
COMPAS S.A. -Compañía de Puertos
asociados-, una empresa que resultó de la alianza en 2012 de Muelles El Bosque
de propiedad de la familia Echavarria Obregón -herederos de don Hernán
Echavarría en asocio con el Grupo español Erschip – familia Alvargonzález de
Asturias- y el Grupo Argos.
Gabriel Echavarria, cabeza del grupo empresarial que
construyó su padre Hernán Echavarría Olózaga celebró la fusión junto a José
Alberto Vélez, entonces presidente del grupo Argos, con una gran cena en el
restaurante Harry Sasson de Bogotá. Una noche en la que no faltó ninguno de los
protagonistas del creciente negocio portuario de Colombia. No había pasado un
año de la constitución de Compas, cuyo presidente es Alberto Jiménez, cuando el
director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade,
quien viene de presidir la oficina Mc Kinsey en Colombia, firmaba la resolución
que le entregaba la concesión de la operación del terminal que aspira a
facturar más de 70 millones de dólares anuales y superar los 5 millones de
toneladas de carga.
Echavarria ha sido el puente con el multimillonario filipino
de 52 años Enrique ‘Rickie’ Razon, propietario de la gigante portuaria ICTSI, otro
de de los grandes inversionistas internacionales de los muelles de
Buenaventura. Se les ha visto juntos en visitas fugaces a visitar los terrenos
del terminal Aguadulce que obtuvo en concesión por treinta años y que a través
de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, espera tener marchando en el 2015.
Rickie Razon es el tercer hombre más rico de Filipinas, ocupa el lugar 53 en la
lista de Forbes, y ve en las aguas de Buenventura una oportunidad de negocios
para sumarla a su ya monumental emporio de movimiento de contenedores que
heredó de su padre pero que ha multiplicado desde que tomó las riendas del
negocio hace veinte años.
Por el otro lado, a través de un contrato de arrendamiento
con el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, quien había obtenido una
concesión de la nación para manejar Muelle 13, el Grupo Portuario S.A entró a
participar en grande. El grupo funciona en unas ostentosas oficinas en el
sector financiero de la Avenida Chile de Bogotá y gracias a las conexiones con
distintas bancas de inversión, los principales accionistas Álvaro Rodríguez y
Saverio Minervine lograron un cuantioso crédito para fondear la modernización
del muelle. Del negocio participan también Fernando Garcés, mano derecha del
dirigente conservador vallecaucano Carlos Holguín Sardi, quien vendió su
participación original en la Sociedad Portuaria y Edison Delgado.
Al lado de estos grandes de la operación portuaria
propiamente dicha está el negocio logístico y las agencias de aduanas que se
encargan de la legalización de la carga para entrar y salir al país. Los
grandes de la logística son multinacionales como la Naviera Evergreen, Elequip
y Maersk. Mientras, que los fuertes en el papeleo legal son las compañías
Roldan y CIA, nuevamente el Grupo Parody y el grupo Eduardo L Gerlein S.A.
Son cifras mayúsculas concentradas en muy pocas manos y con
una gran inversión de capital que contrasta con la aberrante miseria en que
vive más del 90% de los 300.000 pobladores de Buenaventura. La modernización
del negocio portuario que compite con los grandes del mundo no se detiene, sin
que aparezca la manera de drenarle algo de toda esta riqueza que genera el
puerto al entorno social que lo rodea. Solo invierten en los muelles, de
puertas para afuera no se ve un solo peso.
Los grandes inversionistas, directivos y propietarios no
viven allí. Llegan en sus aviones privados a las juntas y toman los vuelos de
regreso en la tarde, sin contaminarse, sin involucrarse con la tragedia local
ni con el gobierno de turno atrapados desde hace décadas en la corrupción y
cómplices del otro gran negocio del puerto: el narcotráfico. La pequeña y débil
dirigencia no logra aunarse en una voz ni identificar un camino que les permita
avanzar y trazar un horizonte al futuro más allá de las denuncias y las lamentaciones.
La clase política local cooptada por la dirigencia nacional logró imponerse
nuevamente en las pasadas elecciones a punta de mermelada, chequera y
corrupción, sin que los grandes empresarios se decidan a comprometerse para
cambiarle el rumbo a esta fatalidad social llamada paradójicamente:
Buenaventura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario