La  democracia contra la corrupción

 Mark  E.  Warren

  - fragmento

En el presente artículo, el autor afirma que la forma de combatir la corrupción es a través de la democracia. Partiendo de la base de que la sociedad civil es el medio conductor para evitar la corrupción, analiza la participación de aquella en la solución de este fenómeno. Asimismo, se pone énfasis en el papel del gobierno y de las asociaciones para la creación de una democracia que, a la larga, deberá combatir al "mal comportamiento de la política", como es denominada la corrupción. El autor demuestra que hay un vínculo intrínseco entre las formas democráticas de organizar las instituciones y el ejercicio de la política, llevando esto a resolver la corrupción.

Hay un emergente consenso entre los profesionales de la lucha contra la corrupción en el sentido de que las técnicas basadas en la vigilancia y la supervisión son insuficientes para controlar aquella. Es esencial, aseguran, que los ciudadanos participen en esfuerzos anti-corrupción, principalmente a través de grupos de la sociedad civil. 

Adicionalmente, ha habido una marcada tendencia a incluir, dentro de la batería de medidas en contra de la corrupción, a las instituciones clásicas de las democracias constitucionales incluyendo la separación de poderes, la independencia de jueces y juzgados, elecciones libres y transparentes y medios de difusión independientes (Pope, 1999; Ackerman, 1999). Estas referencias hacia las instituciones democráticas no son sorprendentes: las metas más frecuentemente mencionadas en asociación con las técnicas en contra de la corrupción-rendición de cuentas, apertura, y transparencia- se inscriben de manera general en el ideal democrático de que las fuerzas centrales en el proceso político de toma de decisiones debe ser la representación responsable y la justificación pública. Aún más: hay una asombrosa correlación entre más democracia y menos corrupción: de los 25 países menos corruptos en el Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, 23 son democracias desarrolladas. (http://www.transparency.org.cpi2003.en.htlm, 2003).

Sin embargo, el papel de la participación democrática en el control de la corrupción es aún ambiguo. Aunque los profesionales de la anticorrupción están dispuestos a incluir en su lista a la "participación ciudadana", ésta ocupa aún un segundo lugar entre los recursos de la rendición de cuentas administrativas. Las razones no son difíciles de encontrar: los mecanismos clave de la participación democrática son con frecuencia ambiguos y muchas veces se asemejan más a las causas que a la solución. Una de las publicaciones de Transparencia Internacional hace notar que "la rendición de cuentas vertical" (vertical accountability) -es decir la que llevan a cabo los ciudadanos por medio del voto-generalmente falla como medio para controlar la corrupción. En contraste la rendición de cuentas "horizontal" (horizontal accountability) -es decir la supervisión y monitoreo desde el estado por aquellos que tienen incentivos para hacerlo- tiene mayores probabilidades de tener éxito (Pope, 1999; Ackerman, 1999). 

En el mismo sentido, Mark Philp sostiene que históricamente el "acceso" y la "rendición de cuentas" han tendido a intercambiarse. El control de la corrupción en las democracias, escribe, "nunca puede descansar demasiado en la participación democrática -la misma participación puede amenazar con volverse corrupta cuando se utiliza para buscar acceso y es un recurso poco plausible para asegurar la rendición de cuentas" (Philp, 2001; Moran, 2001). Algunas consideraciones teóricas respaldan estas observaciones:

• Con respecto a incentivos, los grupos con frecuencia ven el acceso al gobierno como un medio de mejorar su condición con respecto a otros grupos: el acceso a través de la corrupción es simplemente una avenida entre muchas otras (Scott, 1972).

• Donde los ciudadanos resienten o resisten la corrupción, enfrentan un problema de bienes públicos: ningún ciudadano tiene suficiente interés en combatir la corrupción para invertir tiempo o esfuerzo en hacerlo (Philp, 2001).

• Dónde los ciudadanos se las arreglan para organizarse de alguna manera, las elecciones son insuficientes para darles el poder que necesitan para combatir la corrupción (Pope, 1999).

• En tanto la corrupción es secreta, es difícil que los ciudadanos tengan la información que requerirían para combatirla. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la literatura sea escéptica acerca de si las instituciones que aumentan la participación y el poder ciudadanos tienen alguna capacidad para reducir la corrupción.

Observaciones como las anteriores, sin embargo, se nutren de una teoría particular de la democracia, en donde los gobiernos son fiduciarios del pueblo, pero no son controlados por el pueblo. En algunas versiones, especialmente aquellas que enfocan a la administración como un servicio público, la teoría está acompañada de una ética protectora: los funcionarios gubernamentales detentan un encargo público y las instituciones deben ser portadoras de un ethos que asegure que ese encargo sea digno de la confianza del pueblo. Versiones más políticas, especialmente las influenciadas por la teoría económica, enfatizan la necesidad de fortalecer los incentivos para asegurar la confianza en las instituciones. Esta última perspectiva se asemeja más a una teoría elitista-pluralista de la democracia reforzada con el recuento madisoniano de los incentivos institucionales el cual, como dice Philip, "crea una situación en la cual el servicio público está altamente profesionalizado y en el cual las instituciones que realizan el escrutinio de las actividades del gobierno están envueltas en un mercado competitivo por la integridad" (2001). Desde esta perspectiva, los ciudadanos "están pocas veces en situación de establecer si el gobierno y la administración merecen su confianza, o si la merecen igualmente los procedimientos con los cuales trabajan y de cuyos resultados emergen las políticas y las prácticas que afectan las vidas de los propios ciudadanos. Se espera de ellos que acepten estas cosas basados principalmente en la confianza, pero una confianza que no puede ser puesta en peligro por la participación. En lugar de ello, los ciudadanos descansan en otras instituciones para que les adviertan sobre la confiabilidad y la imparcialidad de los procesos a través de los cuales son gobernados" (2001).

Si tomamos en cuenta la dependencia de los ciudadanos e incluso su vulnerabilidad frente a las élites políticas, así como los recursos limitados para hacer un seguimiento de aquellos a quienes están sujetos, la teoría democrática subyacente resulta insatisfactoria. Es tan grande la correlación entre democracia y buen gobierno, tanto histórica como comparativamente –que debemos suponer que las dicotomías entre accountability¹ vertical u horizontal y entre acceso y accountability son incompletas. 

Su insuficiencia se manifiesta en las delgadas teorías democráticas que los acompañan, teorías que son crecientemente inadecuadas para las ecologías complejas y multidireccionales en que se han convertido las democracias desarrolladas (Cain, et al, 2004). Estas delgadas teorías democráticas encuentran apoyo, no obstante, en la concepción generalizada de la corrupción como "el abuso del cargo público para el provecho propio" -una concepción surgida de la perspectiva administrativa (e interpretada dentro de la misma) más que de la perspectiva de la corrupción política² (Pope, 1999). Quiero sugerir una concepción alternativa de corrupción basada en el vínculo intrínseco entre la corrupción y el daño a los procesos políticos democráticos. 

Me referiré a este concepto como "corrupción como exclusión doble". Para ello me he basado en varios de los caminos de participación en las democracias contemporáneas -votar, participar en el discurso público y en la emisión de opiniones, organizar y afiliarse a organizaciones de la sociedad civil, así como el poder público descentralizado-- para determinar si sirven para dar más poder (empower) a los ciudadanos y que éstos puedan resistir los daños causados por la corrupción. En el nivel más abstracto, espero demostrar que hay un vínculo intrínseco entre las formas democráticas de organizar las instituciones y el ejercicio de la política. Se trata, sin embargo, de un vínculo complejo y dialéctico: la corrupción es uno de los caminos por los cuales la democracia "se comporta mal" -lo cual tal vez indica que la violencia y la coerción han sido domesticadas y sumergidas para reaparecer como corrupción. No es sorprendente que estas rutas participativas que fallan en la creación de medios efectivos de construcción de poder democrático, coexistan frecuentemente con la corrupción política o la refuercen. En una democracia, concluyo, las reformas anticorrupción deben ser entendidas como medios -directos e indirectos- de construcción de poder democrático.

Límites del concepto de corrupción política basado en el cargo público

Si los profesionales de la corrupción consideran a la democracia cuando más como una fuerza ambigua, alguna razón debe haber en el concepto inicial de corrupción política: el abuso del cargo para la ganancia privada. Este concepto, basado en el cargo, se desarrolló con la consolidación del Estado-nación moderno y de la profesionalización de la administración pública.

No se trata de ningún modo de un concepto irrelevante, especialmente si se toma en cuenta el enorme peso de la administración en las democracias modernas. Más aún, este concepto ha permitido una ingeniería institucional en contra de la corrupción que es efectiva y seguirá siéndolo en el futuro (Pope, 2000). Al mismo tiempo ya que la idea más moderna se refiere a la medida en que la conducta individual se ajusta a las reglas y normas que definen el cargo que se ocupa, el concepto sirve más a los contextos administrativos y burocráticos donde los cargos tienen propósitos y normas de conducta bien definidos. Por esta razón el concepto hace a un lado:

a) las dimensiones políticas de la corrupción: en particular, la corrupción de los procesos de debate a través de los cuales se crean las reglas y normas;

b) los patrones institucionales que respaldan y justifican la corrupción, y

c) las culturas políticas dentro de las cuales ciertas acciones, instituciones y hasta discursos pueden ser juzgados corruptos. Al carecer de esta dimensión política, el concepto generalizado de corrupción ha carecido también de una interfase con la teoría política en general y con la teoría democrática en particular³.

Si atendemos a la historia del concepto, esto no debe causar sorpresa: el concepto generalizado no derivó en absoluto de normas y expectativas democráticas, sino de las más tempranas normas liberales. Se desarrolló en respuesta a las preocupaciones liberales de definir, racionalizar y limitar los deberes y las responsabilidades públicos con el telón de fondo de lo que se había visto como una corrupción que iba en aumento dentro de los regímenes absolutistas, especialmente en Inglaterra y Francia (Arendt, 1965; Friedeich, 1989). El proyecto liberal tenía que ver con el aseguramiento de líneas divisorias entre el Estado y la sociedad, y entre lo público y lo privado, lo cual se hizo a través de la definición, la especificación y la racionalización de la administración pública; un propósito y un abordaje que es completamente diferente del orientado hacia la integridad de los procesos democráticos. El concepto que hemos heredado y que aún guarda la marca de su origen, ha sido adaptado ex post y no sin cierta torpeza, a la política y a las instituciones democráticas. Por ello no es un accidente que el concepto de democracia sea tan notablemente endeble dentro de la literatura referida a la corrupción ⁴.

¹ En algunos casos hemos dejado la palabra accountability en inglés por considerar que refleja mejor el contenido simultáneo de rendición de cuentas y exigencia de las mismas.

² El anuario se concentra en la corrupción administrativa más que en la corrupción política, poniendo atención más en las actividades de los individuos que en su posición de funcionarios -como aquellos que hacen política pública o los administradores- controlan varias actividades y decisiones.

³ Para argumentos similares, ver a J. Peter Euben (1989), "Corruption" en Terrence Ball, James Farr y Russel L. Hansen (eds.), Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 220- 246; Mark Philp (2002), "Conceptualizing Political Corruption" en Arnold J. Heidenheimer y Michael Johnston (eds.), Political Corruption: Concepts and Contexts, New Brunswick, Transaction Publishers, pp.41-57.

⁴ Entre las excepciones se incluyen Dennis Thompson (1995), Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption, Washington, D.C, The Brookings Institution y Peter Euben "Corruption", op. cit.

La corrupción política como exclusión doble

Un concepto de la corrupción política enfocado hacia la integridad de los procesos democráticos estaría, sin duda, basado en aquellos rasgos que facilitan los procesos democráticos y que la corrupción desgasta. En tanto la democracia en las sociedades contemporáneas es un ambiente complejo de instituciones, organizaciones y culturas, aquello que puede catalogarse como democrático es cualquier rasgo de ese ambiente que contribuye a la realización de las normas definitorias de la democracia más que, por ejemplo, una institución democrática como las elecciones. La norma definitoria de la democracia es una norma procesal de segundo orden: un sistema político debe maximizar el gobierno del pueblo y para el pueblo. En la tradición de la democracia liberal, esta regla de segundo orden está basada en otra norma ética de primer orden: aquella que establece que los individuos que constituyen "el pueblo" poseen el mismo valor moral, de tal manera que cada uno tiene el derecho de participar en el autogobierno colectivo y de beneficiarse de sus resultados. De ello se desprende la norma de igualdad política:

cualquier individuo potencialmente afectado por una decisión debe tener la misma posibilidad de influenciar esa decisión. El corolario es otra norma más: las acciones colectivas deben reflejar los propósitos decididos a través de procesos inclusivos. En resumen, la norma básica de la democracia es la inclusión que otorga poder a aquellos afectados por acciones y decisiones colectivas (Habermas, 1996; Marion, 2000).

En una democracia, los significados de la corrupción política adquieren su fuerza normativa con referencia a esta básica y abstracta norma de la democracia. La corrupción política en una democracia entonces, es una forma de exclusión injustificada -o privación de poder (disempowerment) señalada por la duplicidad normativa por parte del corrupto. Corrupción, por lo tanto, es un tipo específico de privación de poder al que me referiré como "exclusión doble" (duplicitous exclussion). Puesto en términos ligeramente distintos, además de los daños sustantivos que se asocian frecuentemente con la corrupción en las democracias -ineficiencia, desvío de fondos públicos, asignaciones desiguales de derechos, etc.-, podemos afirmar que la corrupción daña directamente a los procesos democráticos 5.

Al relacionar la corrupción con la dinámica de inclusión-exclusión, el concepto de corrupción no solamente adquiere fuerza normativa, adquiere además la fuerza explicativa que permite relacionar el propio concepto con instituciones, prácticas y cultura de la democracia. La inclusión y la exclusión se llevan a la práctica por las relaciones sociales y dentro de ellas, y éstas, a su vez adquieren sus características en contextos de poder (lo cual entiendo como el control sobre los recursos que la gente quiere o necesita) y de reglas normativas. Desde una perspectiva ontológica, entonces, los objetos de la corrupción son aquellas relaciones sociales que son constitutivas de la inclusión democrática. Desde una perspectiva metodológica, las relaciones sociales que permiten la democracia son los referentes del concepto de corrupción. Los referentes del concepto de corrupción, por lo tanto, estarán relacionados no solamente con la norma de inclusión que procura poder, sino con sus significados de acuerdo a las formas y los medios a través de los cuales se lleva a cabo la inclusión. Algunos de estos medios y formas están institucionalizados, por ejemplo, en el caso de la representación mediante el voto.

5 Desarrollo este concepto de corrupción en Mark E. Warren (2004), "What Does Corruption Mean in a Democracy?", American Journal of Political Science n° 48, pp. 327-342.

Otros lo están menos, por ejemplo, en el caso de las esferas públicas que cobran vida mediante el discurso público, aunque muchas instituciones están relacionadas con la generación de relaciones discursivas. En las páginas siguientes examinaré cuatro arenas de inclusión democrática y participación: voto, discurso público, sociedad civil y poder descentralizado. En cada caso me propongo demostrar:

• que las oportunidades para la corrupción política son frecuentemente intrínsecas a los mecanismos democráticos;

• que las oportunidades son las consecuencias no de la democracia, sino de fallas en los mecanismos para adquirir el poder democrático que las justifican;

• que las identificaciones de los diferentes tipos de pérdida de poder sugieren que muchas de ellas podrían remediarse con el aumento de la democracia: es decir, con el rediseño, la reforma o la incorporación de nuevos elementos a las instituciones para aumentar el poder de los individuos.

En ningún caso estoy haciendo sugerencias originales: mi intención es más bien la de revisar las formas de participación democrática más conocidas, desde la perspectiva de su propensión a la corrupción, así como la valoración de esa propensión desde la perspectiva de su impacto en la adquisición de poder democrático. De esta manera, espero identificar dónde y cómo podemos esperar que mayor democracia conduzca a menor corrupción.

[…]

Traducción Cristina Puga Espinosa

** Universidad de British Columbia, 6333 Memorial Road, Vancouver, Canadá

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42119306

Responder con argumentos y claridad conceptual

1. ¿Qué inquietudes le generó el texto?

2. Extracte y copie los Términos Específicos.

3. ¿Qué piensa de lo que se plantea en el artículo?

4. Determine la tesis que se argumenta en el artículo.

5. Explique las tres frases seleccionadas en el artículo.

6. ¿Por qué cree que en Colombia hay tanta corrupción?

7. ¿Cuáles factores influyen para que una sociedad sea, practique y adopte la corrupción como modelo de vida?

8. ¿En qué sentido el papel de la participación democrática de los ciudadanos en el control de la corrupción es aún ambiguo?

9. El control de la corrupción en las democracias "nunca puede descansar demasiado en la participación democrática -la misma participación puede amenazar con volverse corrupta cuando se utiliza para buscar acceso y es un recurso poco plausible para asegurar la rendición de cuentas".

¿Por qué cree que la participación democrática puede volverse también corrupta, contaminándose, y convirtiéndose en una parte del problema, en vez de ser parte de la solución deseable?

L7  

Pretend We're Dead

Gruntruck 

 Crazy love

A Ceres

Tzvetan Todorov y la  dignidad al  límite

Memo Ánjel

 Esta  semana, el mundo le dijo adiós al lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario Tzvetan Todorov, cuyas reflexiones son abordadas por Memo Ánjel en este texto. 

“Estamos hechos de lo que otros nos han dado. Primero los de nuestro país y después de aquellos que nos cercan”. 

“La diversidad humana es infinita; si quiero observarla, ¿por dónde empiezo?”.

Tzvetan Todorov. Nosotros y los otros.

La indignidad        

Que vivimos días de indignidad, ya es un lugar común. Y si a alguien se le pregunta qué es lo digno, se quedará mirando, meterá sus manos a los bolsillos inclinándose un poco hacia adelante y dará la vuelta despacio, sino es que corre y grita. La palabra digno es un golpe que nos saca el aire, debido quizá a que es el concepto más traicionado y puesto en cuestión, pues los dignos de estos tiempos, con un poco de investigación, resultan siendo indignos y en esta caída moral se niegan a bajarse de las estatuas, salir de los cuadros y fotos, devolver las medallas y cartones y, lo peor, a decir qué pasó. 

Así que, para como están las cosas, es mejor hablar de indignidad, expresión que permite más libertinajes, lucir lo mal hecho y pregonar la contradicción. Y en este juego que rebasa lo absurdo y se cubre con lo vulgar, que burla normas y plantea todo tipo de direcciones encontradas, el indigno logra un espacio en la esquizo-sociedad y sonríe estirando las comisuras, admite y recibe aplausos programados y al final es literatura fantástica, es decir, análisis político y agenda apretada para propiciar el olvido.   

Y es que, yendo de un punto a otro, convertido en datos fluctuantes, el indigno viaja por la moral como un turista, se indigna con los cajeros electrónicos y los porteros de hotel y al final desaparece como parte de un paisaje contaminado. Y no pasa nada. O si pasa, para más susto.

Y este indigno que no es un personaje sino muchos, se multiplica como una bacteria de peste. Y el asunto no es de estos tiempos  sino que corre sin riendas desde la historia moderna (desde las navegaciones de Colón), ya amparado por los dioses o por los hierros que carga, por las leyes que hace a su amaño y por la codicia, que es un contagio del oro propiciado por un rey de Mali (dicen las crónicas), que pesaba a sus huéspedes en ese metal y daba el resultado como regalo, aunque a veces lo hacía tragar fundido y esto alteraba la fiesta, como cuenta Felipe Fernández Armesto en su libro 1492.

Y no sé qué tenga que ver este año, que fue de descubrimientos e invasiones, pero fue el principio de la contaminación moral: el de Iván el terrible, el de los muchos desplazamientos por el Mediterráneo, el de la contracción de los imperios asiáticos y el de la conquista de América. Por los cuatro puntos cardinales aparecieron los indignos preguntando por el oro, empalando a los que no sabían y engañando a los cándidos que lo lucían en los cuellos y los ídolos de su clan.    

Y en esto de la indignidad, se coció la mentira (¿la pos-verdad?), la falsificación continuada, la visión del otro según los pecados que cargaba el clasificador y la rapiña, que es un estómago sin fondo y con muy malas digestiones.

La aparición de lo extraño.

Nuestras sociedades, esquizofrénicas según Jacques Deleuze (lo que implica que están conformadas no por seres que se ven el uno al otro sino por individuos que se ven a sí mismos a través de avisos y deseos de consumo), se caracterizan por la irrupción permanente de lo extraño ansiado: las variedades de los últimos modelos, las nuevas maneras de acceder a lo mismo, los catálogos del yo que triunfa, las conveniencias políticas. Y esta extrañeza no nos permite estar en un solo sitio sino flotar empujados de un querer a otro, sin terminar de consumir o entender lo anterior y gastando en ello el dinero que no tenemos o las pocas ilusiones (alusiones) que resisten. Y en este extrañamiento, que es una especie de dosis de presunto modernismo (hay que mover las economías con lo no esencial y las ideologías con emociones), se vacila ante lo que no está compuesto por sueñoso por el yo exento del nosotros. Así que el otro, como otro y realidad viviente y no impresa o aparecida en la pantalla, también resulta extraño al final, pues es de carne y hueso y no de papel o de plasma, y está ahí sin poderse anular con un clic y contiene algo que, bien estudiado, se le puede quitar si la memoria lo etiqueta en alguna clasificación baja: un inmigrante, alguien de un país en vías de desarrollo, un parado, un profesional sobre-ofertado etc. En este punto, el del otro como oro por explotar o sujeto por excluir pues no tiene nada, aparece TzvetanTodorov, el pensador franco-búlgaro (paisano de Elías Canetti y del bacilo que hace posible el yogur), que habla del otro como de un extraño (estaría sujeto a mis extrañezas) que podría servir a la esquizofrenia que habitamos o al que habría que anularse en términos económicos o políticos no es rentable.

Caminamos por la cuerda floja de la rentabilidad, de los índices de producción y de imagen. Y esto que pasa no ha caído de alguna cápsula perdida en el cosmos sino que ha sido heredado de la tradición del saqueo (o del saco, como se nombra al que hizo en Roma el emperador Carlos V) de unos a otros, antes de manera colectiva y a través de ejércitos y ahora de forma individual, lo que amplía el espectro y a la vez lo fragmenta, creando un enorme caos y la proliferación de relativismos, que es la mejor forma de no saber sino de creer según los fantasmas que carguemos. 

Los bárbaros

Tzvetan Todorov escribió sobre significados y orígenes, exclusiones e inclusiones, ideologías y totalitarismos, fantasías literarias, alteridades en la puerta, humanismos fracasados, ilustraciones alteradas y algo sobre un Jean Jacques Rousseau pensante. Y a lo largo de sus textos sobre política, historia y cultura, jardines imperfectos y memorias incompletas y abusadas, campeó la palabra bárbaro, esa que los griegos inventaron para encerrarse en ellos mismos (aunque robaron muchas ideas persas y de la India) y no admitir del otro más que una relación comercial o de sometimiento a sus intereses. Y en este imaginario que tenemos de los bárbaros, creado por las presunciones y conjeturas, por imágenes retocadas y miedos para consumir, se pierde el concepto de filia (amistad) posible y, al no ser capaces de ser amigos del otro, aparece la indignidad, el desprecio por el conocimiento ajeno y el afán de someter la alteridad en calidad de cosa usable y botable (como pasa con la tierra) y no de un tú con respuesta, como dice Martín Buber, para quien Dios entró en eclipse.

La amistad es el último recurso que nos queda para que lo construido no se caiga de a pedazos, como la pintura y los papeles de colgadura de una casa vieja o las virutas de una madera mordida por las termitas, que con rabia muerden hasta carrileras. Pero contra la amistad, que implica vernos en el otro y ser con él, está la indignidad, este blasón terrible que se luce y evade lo real, destruye memorias, alienta olvidos y fomenta independencias fútiles para ser más esclavos de nosotros, que es un querer ser lo que no somos a la par que anulamos la alteridad, que es la única realidad posible.

Sin el afuera, el yo (mi fuero interno) es un punto en constante disminución. Y a más disminución del yo, a más vacilaciones frente al otro, más atrocidades, más miedo y menos escape de la memoria. Pero ¿para qué la memoria si buscamos olvidarnos de nosotros?    

La dignidad al límite, fue la propuesta de Tzvetan Todorov, entendiendo por límite ese punto en que nos desbordamos y ya sólo somos indignidad. 

http://www.elmundo.com/noticia/Tzvetan-Todorov-y-la-dignidad-al-limite/46210

Las  tres lecciones que dejó Stiglitz para el posconflicto

Según el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las necesidades fiscales que implicará concretar los compromisos derivados del Acuerdo de paz con las Farc debe animar a que el país asuma una política macroeconómica contracíclica.

La recomendación del estadounidense de 74 años y crítico de las inequidades propias del libre mercado la hizo ayer durante su intervención en el foro “El futuro de Colombia: justicia social y económica”, organizado por la Universidad del Rosario.

“Colombia ha aplicado una política fiscal procíclica, eso significa que cuando la economía es fuerte, el Gobierno tiene tendencia a gastar para hacerlo más fuerte y cuando es débil, recorta su gasto (...), eso es común en economías que dependen de bienes no procesados”, fue una de las lecciones del Nobel de Economía.

Esa evidencia histórica de Stiglitz se contrapone al discurso del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ayer ante el mismo auditorio publicitó su plan Colombia Repunta, réplica de dos planes contracíclicos bautizados Pipe y aplicados en años de desaceleración para impulsar crecimiento económico.

De cara a la implementación del Acuerdo con las Farc, Stiglitz aseguró que no se debe vacilar en gastos que implica: “La paz provee un marco para replantear políticas macroeconómicas estructurales y de protección social, de alguna manera, ese es un dividendo de la paz”.

Por su parte, Cárdenas dijo que, para financiar el posconflicto, sin dar un monto, la mitad provendría de redireccionar el gasto y la otra por financiación, en 15 años de implementación y “atendiendo la responsabilidad fiscal”.

Finalmente, Stiglitz elogió la progresividad de impuestos a la propiedad (predial) y al carbono (combustibles). Enfatizó que se requiere de una estrategia para el campo que pasa por redistribución de tierras y ubicar actividades industriales en zonas rurales.

Contexto de la Noticia

El profesor Joseph Stiglitz ayer culminó su intervención, en Bogotá, llamó la atención sobre dos motores de crecimiento económico que ahora son materia de estudio en distintas latitudes para estudiar las razones detrás de la expansión del producto interno bruto (PIB): el grado de confianza y solidaridad social. En www.urosario.edu.co está disponible el video de la intervención del nobel

UAN FERNANDO ROJAS TRUJILLO

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/tres-lecciones-que-dejo-stiglitz-al-posconflicto-FJ5964676

El imperio del delito    

Por Antonio Caballero

Mafia, genocidio, lesa humanidad: también esa desvalorización de los significados es un delito, aunque en los códigos no esté tipificado como tal.

No creo que haya estadísticas al respecto: pero calculo, a ojo, que unos nueve de cada diez colombianos viven (¿vivimos?) del delito. Esto incluye a los delincuentes propiamente dichos –asesinos, ladrones, etcétera– y a todo su entorno: los jueces que los juzgan, los abogados que los defienden, los fiscales que los acusan, los policías que los capturan, los testigos falsos que colaboran en los juicios, los guardianes de prisión que los dejan escapar.

Los legisladores que desde el Congreso hacen las leyes con el precavido hueco de la trampa, y los catedráticos que desde las facultades de derecho enseñan a aplicar la trampa antes que la ley. 

Un paréntesis: tales facultades pueden ser, además, ilegales ellas mismas, y depender de universidades creadas mediante el robo a sus estudiantes o mantenidas gracias al asesinato de sus rectores y propietarios. Sumadas las legítimas y las llamadas ‘de garaje’ hay más de 100 en Colombia, que han otorgado títulos a 230.000 abogados actualmente en activo: casi tantos como soldados en las Fuerzas Militares de este país en guerra. 

Por eso estamos presenciando hoy dos escandalosos casos ejemplares del triunfo del delito: el de un magistrado de la Corte Constitucional, que está a punto de no ser juzgado por sus delitos porque el senador que instruye su caso encontró  en la acusación un error de trámite; y el del procurador general de la Nación encargado de vigilar y castigar el fraude de los funcionarios que lleva casi cuatro años ocupando fraudulentamente el cargo para el cual fue ilegalmente reelegido. 

Tanto el magistrado acusado como el senador instructor como el procurador aferrado a su cargo son abogados. 

En suma: aquí viven directa o indirectamente del delito (en el sentido en que habitualmente se habla de los empleos directos e indirectos creados por una empresa) todos los que trabajan en el empeño de que el majestuoso y costoso aparato de la justicia no funcione. Y entre los indirectos incluyo a los comentaristas que denunciamos en la prensa que el tal majestuoso aparato está corroído por el delito y por eso no funciona. 

Oigan las informaciones de radio, lean las noticias de prensa. Antes solo existían las mafias criminales de la droga, y ellas fueron las responsables del primer gran embate contra el recto funcionamiento de la justicia, asesinando y amedrentando jueces, magistrados, senadores y procuradores. Ahora su ejemplo ha cundido, y han aparecido nuevas mafias que controlan toda suerte de actividades que antes no eran tenidas por delictivas: mafias del papel higiénico, mafias de la minería, mafias del hueco del Bronx, mafias de los sanandresitos, mafias de la salud -de los medicamentos, de las clínicas, de las ambulancias, de los tratamientos para hemofílicos-, mafias de la fabricación de títulos de doctor que sirven para llegar a operar en un quirófano de cirugía estética o a desempeñar la Alcaldía de Bogotá.

Y a la vez las mafias de antes han ganado respetabilidad: están dejando de llamarse mafias a secas para llamarse estructuras del crimen organizado. A su lado siguen floreciendo, como es natural, los eternos crímenes sin organizar, los delitos privados e individuales del odio o de la necesidad; pero también se inventan otros, más bien desvalorizando el significado de un delito ya existente que tipificando uno nuevo: el crimen de lesa humanidad si el muerto es un político importante, o el feminicidio si la víctima es una mujer. 

El genocidio, que fue definido a raíz del Holocausto judío por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial como el exterminio masivo de un grupo étnico, se ha devaluado aquí hasta referirse al asesinato de más de dos personas. 

Mafia, genocidio, lesa humanidad: también esa desvalorización de los significados es un delito contra el idioma, aunque en los códigos no esté tipificado como tal. Ah, y también el abuso de la expresión “como tal” como muletilla verbal: cuántos crímenes… Empezando por el de la inversión del sentido que ha sufrido en nuestro hablar cotidiano la propia palabra crimen: se dice “el crimen de Jaime Garzón”, como si el criminal fuera la víctima. 

Un último ejemplo, referido justamente al asesinato del humorista Jaime Garzón. El acusado de haber ordenado el crimen, el entonces subdirector del DAS José Miguel Narváez, va a quedar en libertad sin responder por él gracias a que sale por pena cumplida de otra condena por un delito mucho menos grave, el de las escuchas ilegales. No es ya un caso de delito novedoso, ni de delito que esconde otro delito, como tantas veces sucede en Colombia: es el caso aberrante de un delito que garantiza la impunidad para otro.

http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-el-imperio-del-delito/483891

¿Qué puede hacer la sociedad civil para combatir la  corrupción?

Juan miguel Hernández Bonilla

Directivos de Transparencia por Colombia aseguran que la ciudadanía debe buscar los mecanismos para romper el círculo vicioso entre el acceso al poder, el uso de los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Según GALLUP, 85 % de los ciudadanos creen que este fenómeno está empeorando.

Los resultados de la última encuesta Gallup demuestran que la corrupción es el principal problema del país y que el 85 % de los ciudadanos creen que la situación cada vez es peor. El Espectador habló con Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia, y con Andrés Hernández, director encargado de la entidad, para saber cuál es el aporte de la sociedad civil a la hora de combatir este fenómeno.

¿Qué es y qué hace Transparencia por Colombia?

Rosa Inés Ospina: Transparencia por Colombia es el capítulo local de Transparencia Internacional, un movimiento mundial de lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, que agrupa organizaciones autónomas en más de 100 países del mundo. Desde 1998 nos hemos dedicado a entender cuáles son las características propias de la corrupción en el país, cómo se comporta, cómo evoluciona y cuáles son sus dinámicas principales. Además, hemos desarrollado una serie de herramientas para prevenir, visibilizar y combatir el fenómeno que tanto afecta a la sociedad.

¿Qué entienden ustedes por corrupción?

R.I.O: Entendemos corrupción como el abuso de una posición de poder para beneficio personal en detrimento del interés general.

¿Cuáles son las principales formas de corrupción en el país?

Andrés Hernández: La primera y quizá la más grave es la forma cómo se accede al poder en Colombia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes los financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en la que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que lo que Colombia ha ganado en democracia lo ha perdido en corrupción y que esto se agudiza en los municipios y en las regiones, ¿qué opinan?

R.I.O.: Desde Transparencia no aceptamos que se señale solo al nivel subnacional como involucrado en este proceso. Al contrario, el nivel central es más responsable que los niveles territoriales. De alguna manera los municipios reproducen lo que el Ejecutivo establece como modelo de gestión, de política y de gobierno. Desde la Constitución del 91 existen partidas presupuestales, auxilios parlamentarios y otros mecanismos que todos los presidentes han usado para comprar votos.

¿Qué está haciendo Transparencia para prevenir y combatir este fenómeno?

A.H.: Tenemos tres ejes de trabajo. El primero es entender cómo actúa la corrupción en el país. Para lograrlo generamos metodologías de medición del riesgo y herramientas para identificar dónde están las grietas institucionales que permiten el actuar de los corruptos. El segundo ámbito consiste en fortalecer coaliciones y alianzas con otras organizaciones para incidir en la creación de instrumentos de política pública normativos, legislativos e institucionales que enfrenten las nuevas dinámicas de corrupción que hemos encontrado. Lo tercero es hacer un trabajo con la opinión pública para generar sensibilización, hacer seguimiento y exigir rendición de cuentas.

¿Cuál es la consecuencia más grave de la corrupción?

El problema real de la corrupción es que, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la plata de los sobornos se la cobran a la obra y ese sobrecosto lo tenemos que pagar nosotros, con nuestros impuestos. Sin embargo, la gente cree que esto es un problema moral, que hay unos malos que incumplen con las reglas del juego, pero en realidad las víctimas no son los otros contratistas, sino la sociedad civil en su conjunto. Los recursos de todos los ciudadanos se pierden en la corrupción.

En el imaginario colectivo la corrupción es un buen negocio, ¿cómo hacer para combatirla?

R.I.O: Un famoso académico decía que la corrupción es una decisión gerencial y se rige bajo la siguiente fórmula: “qué tanto me voy a ganar en relación con qué tan fácil es que me cojan y, sobre todo, qué tipo de castigo voy a recibir”. Generalmente lo que los corruptos reciben en sus negocios es mucho mayor que lo que podrían perder en caso de que los cojan. Entonces, tenemos que tratar de revertir esa ecuación y ahí el rol de la sociedad civil es crucial. Además de alertar y prevenir, estamos tratando de fortalecer la denuncia, la voz del ciudadano, del funcionario, del empresario que se cansa de la corrupción y decide hacer público su descontento. Estamos trabajando en una estrategia de acompañamiento jurídico y legal para que las denuncias sean mucho más estructuradas y los órganos de control puedan llegar al fondo de cada caso.

http://www.elespectador.com/economia/que-puede-hacer-la-sociedad-civil-para-combatir-la-corrupcion-articulo-682884

Estos países podrían  ser las nuevas superpotencias en educación

Colombia podría superar a China, Sudáfrica y Brasil en materia educativa según un análisis del Times Higher Education. 

Sin embargo, los altos índices de corrupción podrían alejarla de la meta.

Varios expertos coinciden en apuntar lo siguiente: un país fuerte y reputado se apoya en un modelo educativo congruente y que de él deriva una economía sólida. Según un análisis del London School of Economics, el PIB podría crecer un 4,7% en solo cinco años si 15.000 universidades en 78 países del mundo duplicaran su cobertura.

De acuerdo a este análisis, surge entonces la pregunta: ¿cuáles son los países con mayor capacidad para explotar esta correlación entre la expansión de la educación superior y el crecimiento económico? Según Times Higher Education, Tailandia, Argentina, Chile, Turquía, Irán, Colombia y Serbia tienen el potencial de superar a países que han gozado durante los últimos años de gran reputación educativa a nivel mundial como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Para emitir su veredicto, la publicación se basó en el estudio de diferentes indicadores académicos y económicos, como las tasas de publicación de investigaciones, el PIB y las tasas de participación en la educación superior.

En estos países el PIB per cápita es inferior a 15.000 dólares por cabeza (en Colombia, por ejemplo, se establece en 14.164,426), pero al menos la mitad de la población juvenil está matriculada en educación superior. La participación en promedio creció un 5% o más entre 2010 y 2014, su producción en investigación crece de media 30.000 papers al año, y tiene al menos una universidad dentro del ranking de las mejores del mundo que elabora la publicación.

De acuerdo con John Grill, editor del Times Higher Education, aunque estos países cuentan con las condiciones necesarias para llegar a ser los mejores en educación, están lejos de lograr su cometido. La principal barrera es lo que él denomina “un cóctel diferentes de fortalezas y debilidades”.

Gill señala a países como Irán y Turquía, que son ricos intelectualmente y cuentan con un crecimiento sostenido en participación e inscripción en educación superior. “Sin embargo, cada uno enfrenta enormes desafíos políticos. Irán es considerado como el país más corrupto del mundo por su cuestionable sector público, según el Índice de Percepción de Corrupción de la coalición global Transparency International”.

La relación de la calidad educativa con la corrupción es determinante. El análisis de la publicación revela que los niveles corrupción son inversamente proporcionales a la calidad educativa: cuanto más alta la primera, más baja la segunda. Por ejemplo, en Turquía, la represión del gobierno, después del intento de golpe de Estado a principios del 2016, obligó a más de 1.500 decanos universitarios a dimitir. Estas renuncias han dañado gravemente su capacidad para atraer a los mejores investigadores dentro de sus instituciones.

Y Colombia no podía quedarse atrás. Un gran ejemplo es la presencia de la corrupción en los recursos que destina el gobierno a la educación. Por mencionar un solo caso, en 2011 fueron matriculados 40.600 estudiantes inexistentes en Buenaventura, equivalentes al 36% de quienes recibían el apoyo del presupuesto público. Tan grave fue el asunto que tres alcaldes fueron a la cárcel. Lo más grave es que los alumnos fantasmas son apenas una de las modalidades con las que el erario educativo desaparece.

La situación podría describirse en palabras del académico y activista político Hernando Gómez Buendía que, en una columna de opinión para el diario El Espectador, titulada “El problema de Colombia”, escribió: “hay tensión entre productividad y medioambiente, entre justicia y paz, o entre equidad y eficiencia. [...] Detrás de las decisiones oficiales no hay ignorancia ni apenas hay dilemas de valor; hay intereses privados y concretos, personales y torcidos que se mueven detrás de bambalinas. Algunos son intereses criminales. Otros son intereses de la gente ‘muy bien’”.

Lo cierto es que Tailandia, Argentina, Chile, Turquía, Irán, Colombia y Serbia tienen sus propios problemas. Cada uno es diferente. Sin embargo, si se analiza de cerca el desempeño de cada uno desde la perspectiva de la educación superior, este podría ser un indicador decisivo en el desarrollo económico de estos países en la próxima década, señala Times Higher Education.

De hecho, su producción en investigación y desempeño en los rankings mundiales supera en muchas ocasiones a países referentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-colombia-mejores-paises-en-educacion-del-mundo/516320