¿Odebrecht pagó gastos de campaña de Zuluaga?

Revista brasileña revela en qué consiste la colaboración del publicista Duda Mendoça con la justicia y deja mal parada la campaña del excandidato presidencial. El Centro Democrático asegura que es Mendoça quien debe responder por pagos de Odebrecht.

La financiación de campañas políticas promete ser el siguiente capítulo dentro del escándalo de corrupción que sacude el continente por los tentáculos de la firma de ingeniería Odebrecht. Y nuevas revelaciones apuntan a Colombia.

La revista brasileña Veja dedicó un artículo a los famosos “marqueteiros”, Duda Mendoça y Joao Santana, piezas clave de lo que será este episodio que toca las altas esferas de la política en Brasil, pero también en otros países latinoamericanos a los que exportaron sus servicios. A ambos se les atribuye un papel central para que Luiz Inácio Lula da Silva pudiera llegar al poder, a la vez que fueron el eje de diversas campañas del Partido de los Trabajadores.

Santana fue a prisión acusado de recibir pagos ilegales de Odebrecht y, como muchos de los implicados en Lava Jato, negoció un acuerdo de delación. Según narra el artículo de Veja, Duda entró en pánico al enterarse de que Odebrecht también cerraría un acuerdo de delación con la Justicia, pues temía acabar también tras las rejas, de modo que buscó a las autoridades para empezar a ‘cantar’.

El reportaje de Veja, firmado por Thiago Bronzatto, aborda las revelaciones que los dos publicistas harán ante las autoridades, que entre otras enlodan a Lula y a la destituida Dilma Rousseff.

En particular Duda Mendoça se refirió a la intervención clandestina de Odebrecht en las elecciones colombianas, en un breve capítulo titulado “El dinero sucio en la campaña de Colombia”.

La información de Mendoça apunta a que en el 2014 un ejecutivo de Odebrecht en Sao Paulo sirvió de puente entre Mendoca y la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que quería contratar sus servicios. Veja revela la versión del publicista en la que asegura que se reunió en Sao Paulo con David Zuluaga, el hijo del candidato, y con un director de Odebrecht.

Tras ese encuentro, Mendoça presentó una propuesta por 4,3 millones de dólares, pero la campaña de Zuluaga consideró la cifra demasiado elevada y entonces Odebrecht se ofreció a pagarle por medio de depósitos en cuentas bancarias en el exterior. Así se cerró el negocio.

Según el publicista, al final de la campaña en Colombia, que como se sabe se saldó con el triunfo del presidente Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, la constructora sólo le transfirió 1,6 millones de dólares.

A la publicación contestó de inmediato el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien aseguró a través de un comunicado que su campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrecht tuviera con Duda Mendoça al margen de lo convenido con su campaña. Sostiene que la negociación con Duda y su equipo concluyó en el mes de marzo del 2014 y que se acordó el pago de $ 2.859.075.716 (es decir 1,2 millones de dólares) por servicios de asesoría para primera y segunda vuelta, los cuales comprendieron un período de dos meses (del 15 de abril al 15 de junio).

El tema saltó a los medios de comunicación a comienzos de este año por el periodista y columnista de la revista Semana Daniel Coronell, quien reveló el contenido de un reporte de la Policía Federal brasileña que daba cuenta del recibo de dineros ilícitos de Odebrecht a la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga; el dinero, dice el documento, habría sido recibido por parte del jefe financiero de las empresas de Mendoça en un hotel de São Paulo.

En ese momento Zuluaga explicó que nunca tuvo contacto directo con los funcionarios de Odebrecht y que fue el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, miembro del comité político de su campaña, quien buscó la ayuda de la constructora. García Arizabaleta -reseña la columna- fue destituido e inhabilitado por 15 años, entre otras cosas por usar papeles falsos para acreditar experiencia y cambiar manuales de funciones en su propio beneficio.

Zuluaga viene insistiendo en que Odebrecht para ese momento no tenía cuestionamientos y que Daniel García, quien tuvo contratos con Odebrecht, ofreció investigar si Odebrecht tenía contacto con firmas como la de Mendoça en Brasil. En un comunicado del excandidato presidencial aseguró que conoció personalmente a Mendoça en un viaje a Brasil en febrero del 2014. En esta reunión, dice, no se discutió ninguna propuesta económica.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe reclamó el que el asesor brasileño diga a “título de qué y por qué hubo pagos adicionales de Odebrecht sin que hubiera informado a Zuluaga o a directivos de su campaña”.

Lo cierto es que el escándalo apenas comienza. Duda Mendoça cayó en desgracia envuelto en el “mensalao”, como se conoce el escándalo que sacudió al partido gobernante en el 2005 por el supuesto soborno a diputados para que votaran los proyectos del gobierno, pero siguió cultivando contratos en Latinoamérica. Santana era su alumno aventajado y tomó el relevo. Ambos ayudaron a elegir presidentes, gobernadores, alcaldes y senadores tanto en Brasil como en el exterior.

La pareja de publicistas ayudó a sostener al PT en el poder del 2002 al 2014, y la operación Lava Jato, como se conocen las investigaciones que dieron origen al escándalo Odebrecht, volvió a unir sus destinos.

La investigación Lava Jato ha ido creciendo a punta de acuerdos de delación, y crece rumbo a un nuevo capítulo que incluye las confesiones de 77 altos ejecutivos de Odebrecht, avaladas este lunes por la corte suprema de Brasil. Una pieza clave de ese efecto dominó es la campaña presidencial de Zuluaga en Colombia. Sus nexos con los implicados publicistas brasileños apenas se comienzan a aclarar.

http://www.semana.com/nacion/articulo/estratega-brasileno-duda-mendoca-salpica-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/513944

Delincuencia estrato 6

Por Yezid Arteta Dávila

Los tiempos han cambiado. Hoy estamos frente a megadelincuentes pertenecientes a "familias de bien".

¿Te gustan las películas? pregunta el negrísimo jefe del hampa de la ciudad de Kansas. Sí, no me disgustan, responde el blanquísimo joven delincuente. No te las recomiendo, agrega el jefe mafioso, porque han contado mentiras de cómo son los negros. El asimétrico diálogo entre maleantes ocurre en Kansas City, el inquietante filme de Robert Altman y uno de los favoritos de Martin Scorsese que, a ritmo de jazz, recrea el listón de valores de los bajos fondos durante «La Gran Depresión» ocurrida en los Estados Unidos en los años treinta. Mientras los de abajo pagaban la crisis, los de arriba amañaban elecciones y usufructuaban las ventajas del poder.     

La película que nos venían enseñado en Colombia era la de unos honorables políticos y empresarios que estaban «haciendo patria». En la película los culpables de todos los males de la república eran los «malpararidos» guerrilleros o los cientos de raponeros que flagelan las calles del país. De un día para otro nos anunciaron -como decía el jefe del hampa de Kansas- que todo lo que se veía en la película era mentira y que la verdad es que en Colombia hay unos ladrones que, disfrazados de políticos o de «gentes de bien», vienen saqueado las arcas públicas.  

Los guerrilleros, lógicamente, no pintan nada en esta película porque las cuantiosas licitaciones las realizan los ministros de Estado, viceministros, gobernadores y alcaldes. Se necesitarían, además, miles de carteristas callejeros para juntar los 6.5 millones de dólares que, según las pesquisas de la Fiscalía, recibió como soborno y de un solo contado, el ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, para beneficiar a un clan de empresarios que estaban «haciendo patria».

Hace unos años los megadelincuentes colombianos venían de la barriada. Gente a pie de calle. Como Pablo. Como tantos otros que murieron en su ley. Eran mal hablados y se alimentaban con comida de vagabundos. Asaltaban bancos y joyerías. Traficaban. Mataban a quien se interpusiera en su camino. Repartían billete entre la gente de las barriadas. Sobornaban a policías y políticos. Salvaban a empresarios quebrados. Financiaban reinados de belleza. Entraban y salían de las prisiones. Sus existencias transcurrían sobre el filo de un puñal. Llevaban un escalofriante tren de vida con el dinero obtenido en el tráfico de drogas.

Los tiempos han cambiado. Hoy estamos frente a megadelincuentes pertenecientes a «familias de bien» que, a troche y moche, se han graduado en las más caras universidades del país y han conseguido, a troche y moche, algún cartón en el extranjero. Viven en lujosos condominios. Visten y comen bien. Son miembros de número de los más elitistas clubes privados. Salen retratados en las páginas sociales de la prensa nacional y de provincia. Opinan en los programas de radio y televisión. Cuando algo se mueve contra ellos se muestran indignados y hablan de «persecuciones políticas». Llevan un lujoso tren de vida con el dinero de los contribuyentes. 

Los megadelincuentes de estrato seis no aparecían en las películas que nos exhibían, o sí aparecían en alguna, era en el papel de «buenos». Esta banda de megadelincuentes se apoderaron del dinero público porque los órganos de investigación y control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) estaban mirando para otra parte. Mientras los megadelincuentes hacían de las suyas, los funcionarios -como el ex procurador Alejandro Ordoñez- buscaban «castrochavistas» hasta en la sopa para represaliarlos o abrían «trascendentales» debates sobre los pájaros preñados o si los ángeles eran varones o hembras.

El coto de caza de los megadelincuentes estrato seis ha sido extenso: Agro Ingreso Seguro, Coomeva EPS, Caprecom, Transmilenio Calle 26, Reficar, SaludCoop EPS, Interbolsa y un largo etcétera. Estos casos apenas son la punta del iceberg puesto que en Colombia se ha entronizado y aceptado por la mayoría de los operadores políticos tradicionales, una estructura corrupta que comienza en las altas esferas gubernamentales y se extiende hasta los ámbitos departamentales y municipales. Este prontuario de la infamia encuentra también su parte macabra: la violación, tortura y asesinato de la niña Yuliana Samboní a manos de Rafael Uribe, un verdugo de estrato seis.      

La situación de Colombia puede verse reflejada en el espejo de España. Banqueros, exministros, presidentes de comunidades autónomas, empresarios, lobistas, alcaldes y políticos profesionales que actuaban a sus anchas durante la época de las vacas gordas, cayeron en desgracia y fueron puestos tras las rejas cuando la crisis económica tocó fondo y la opinión pública despertó de una quimera. Cuatro factores se vienen juntando en España contra la corrupción: indignación popular callejera, voceros políticos anticorrupción, prensa implacable contra los corruptos y jueces que actúan sin miedo y con independencia. Colombia entra en un periodo de desaceleración económica y crisis que, sumado a la reforma tributaria, atacará los bolsillos de las capas medias y populares. Poca plata y unos saqueadores estrato seis llevándosela. ¡Vaya película! 

La campaña electoral que se avecina en Colombia es una oportunidad excepcional para desenterrar a todos los operadores políticos que están untados de fango hasta las orejas. El Fiscal, el Procurador, el Contralor y el Defensor que, fueron elegidos a través de acuerdos entre políticos, tienen la oportunidad de sacudirse de sus mentores y formar una especie de cuarteto que al igual que «Los Intocables» actúen a saco contra los megadelincuentes de estrato seis. Medios de comunicación y jueces: ¡Destapen! ¡Juzguen!    

Remate: Puerto Rico y el Caribe están de júbilo. Después de 35 años de cárcel el presidente Obama indultó al prisionero político Oscar López Rivera. La alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, mediante orden ejecutiva, prepara un apoteósico recibimiento del patriota puertorriqueño, cuya libertad fue reclamada por Calle 13, Ricky Martín, Rubén Blades, Danny Rivera y centenares de personalidades del Caribe y el mundo.

* Escritor y analista político 

http://www.semana.com/opinion/articulo/yezid-arteta-davila-la-corrupcion-de-altos-estratos/512491

 El  veneno de la corrupción

EL ESPECTADOR EDITORIAL  14 ENE 2017

En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad.

El pasado jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que, como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en él.

En Colombia hay dinámicas buroctáricas afianzadas, tanto en el nivel nacional como en el local, que han normalizado el hecho de pedir sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos públicos. Rara vez, lastimosamente, las autoridades logran penetrar esos intercambios perversos y ponerlos en evidencia. Aunque suena a lugar común desgastado, la realidad es que la corrupción sí es el principal obstáculo para el desarrollo del país y uno de los motivos para que los ciudadanos desconfíen de las instituciones (y entre ellos mismos, por cierto), con todas las pésimas consecuencias que eso conlleva. Por eso, los resultados que ha comenzado a mostrar la Fiscalía General de la Nación en la investigación por los pagos de Odebrecht son muy bienvenidos, y sólo queda esperar que se destape el nombre de todos los involucrados y que paguen por ello.

El pasado jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la sospecha de haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la multinacional brasileña en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que, como se recordará, al final quedó con un único proponente admitido por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en ese momento en calidad de encargado por García Morales. El ente investigador le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Odebrecht realizó los pagos en Brasil por medio del Departamento de Operaciones Estructurales, brazo de la empresa que se encargaba de tramitar los sobornos.

En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad. Y no sólo la obvia que le cabe a la cabeza de un gobierno por no asegurarse de nombrar a las mejores personas en los cargos, pues en este caso en particular faltan además varios elementos por descifrar. Primero, porque el monto del soborno es exorbitante como para decidir sin más pesquisas que solamente llegó a untar a un único funcionario aislado. Pero también porque esta misma compañía, como lo ha reconocido el propio candidato uribista, promovió -y falta comprobar si pagó- una multimillonaria asesoría para que Óscar Iván Zuluaga ganara la Presidencia de la República en 2014.

Todo lo cual no quiere decir que no sea urgente la petición del expresidente Uribe: que se investiguen en profundidad los sobornos que por otros US$4,6 millones ha aceptado Odebrecht que pagó en Colombia para, en palabras de la Fiscalía, “obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Porque no estamos ante un caso aislado sino, nos repetimos, ante una dinámica afianzada que, puesto que rara vez caen los implicados y de ahí la importancia de que este caso avance, se ha convertido en la manera normal de hacer las cosas.

El fiscal Martínez ha dicho que “vamos a llegar a todos los implicados e involucrados en estos hechos; no se trata solamente de contratos del orden nacional. La Fiscalía General ha identificado igualmente contratos que se han realizado del orden local con entidades territoriales”. Esperamos que así sea y que se aproveche la colaboración de Odebrecht con la justicia (se ha hablado de una retribución al país por $32.000 millones) para sacar a la luz los nombres de todos los que estuvieron cercanos a esta red de corrupción. Las sanciones, además, tienen que ser ejemplares, para enviar así un mensaje contundente: en Colombia no todo vale.

Hemos celebrado en varias ocasiones el compromiso de la Contraloría, la Fiscalía y la nueva Procuraduría de Fernando Carrillo con la lucha anticorrupción. Ese compromiso debe renovarse a diario y seguir dando resultados concretos. La única opción para desarraigar la “normalidad” de estas prácticas perversas es mediante una guerra frontal que demuestre las consecuencias de hacerle trampa al país.

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-veneno-de-corrupcion-articulo-674684

En EE.UU. Odebrecht  reconoce sobornos, en Colombia reclama $1 billón

El doble juego de la multinacional

Mientras llegaba a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por repartir coimas por casi US$800 millones en el mundo, en el país interpuso dos demandas contra el Estado por el cuestionado contrato de la Ruta del Sol.

Por: Juan David Laverde Palma                                                                      El Espectador 

Sólo en el país de Macondo habría de ocurrir que el pulpo empresarial que reconoció hace menos de un mes haber sobornado a diestra y siniestra en el mundo pretenda hoy cuadrar caja con demandas millonarias al Estado. Se trata de la multinacional brasileña Odebrecht, que repartió coimas por US$788 millones en 12 países. Lo paradójico es que mientras la firma cocinaba un acuerdo con fiscales norteamericanos y se veía obligada a echar al agua a sus antiguos cómplices, en Colombia emprendía una cruzada judicial con unas pretensiones que hoy suman más de $1 billón.

¿Cómo puede ser esto posible? El origen de este multimillonario pleito es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones. La multinacional forma parte de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, empresa del grupo Solarte. ¿Sabían los socios de Odebrecht en este megaproyecto que se “engrasaron” altos funcionarios para asegurar esta licitación?

Esa es una de las preguntas fundamentales que busca aclarar la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y por eso no se descarta que los miembros de este consorcio tengan que rendir explicaciones ante fiscales de la Unidad Anticorrupción. Pero, ¿cómo fue posible que una multinacional como esta le pudiera ocultar a sus asociados en Colombia una negociación bajo la mesa? Este diario buscó respuestas del consorcio que hoy está bajo sospecha.

Carlos Alberto Solarte, representante del grupo Solarte, le dijo a El Espectador que la participación de su empresa CSS Constructores en el negocio fue mínima y que jamás se enteraron de las movidas de la firma brasileña. “Fue una actuación particular de Odebrecht y nosotros, junto a Episol, no tuvimos conocimiento de lo que sucedió. Por la prensa fue que nos dimos cuenta de que tales pagos se habían realizado por parte de Odebrecht y por fuera del país. No teníamos conocimiento en lo absoluto y eso lo podemos demostrar cuando se analicen los balances financieros del consorcio. Hasta ahora la Fiscalía no nos ha llamado, pero con seguridad lo hará y daremos las explicaciones. No supimos de ningún tipo de coimas”.

Solarte agregó que Odebrecht, muy a pesar del escándalo mundial, es la firma que todavía administra el contrato de la Ruta del Sol, pues tiene el 62 % de las acciones del consorcio. Por lo tanto, explicó, los pormenores del desarrollo de este megacontrato los ha tomado desde 2010 el gigante brasileño, al punto que su compañía -dijo- ni siquiera tenía poder de decisión en las juntas directivas. “En esas obras no hay ni una sola máquina de nuestra empresa ni de Episol. Sólo pusimos la inversión y las cuotas del porcentaje de participación que debíamos pagar. He estado desvinculado del tema, pues hasta la semana pasada me enteré de que hay proveedores a los que se les debe plata por alquiler de maquinaria”, puntualizó Solarte.

Las demandas

El Espectador conoció todos los documentos que presentó la Concesionaria Ruta del Sol -con Odebrecht a la cabeza- para sustentar sus demandas contra Colombia por supuestos incumplimientos y fallas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La primera fue instaurada el 6 de agosto de 2015 por un valor de $645.148 millones. En abril del año pasado trascendió este pleito. No obstante, Odebrecht planteó otra demanda. En los mismos términos, y con un año de diferencia, exigió una compensación económica por $394.502 millones.

En agosto de 2016, cuando la ANI fue notificada de esta nueva reclamación las alarmas se encendieron en Palacio de Nariño. Ya entonces había estallado en Brasil el expediente Odebrecht y fueron cayendo uno tras otro de los más curtidos políticos de ese país. Estados Unidos ya venía rastreando los movimientos bancarios de la firma brasileña y todo explotó en diciembre pasado, cuando Odebrecht reconoció una sofisticada operación de sobornos en el mundo.

De vuelta a Colombia, la justicia les dio trámite a estas dos demandas, que finalmente fueron acumuladas en un solo Tribunal de Arbitramento compuesto por tres jueces: William José Namen, Stella Villegas y Alier Eduardo Hernández. Desde hace varios meses estos tres árbitros evalúan las multimillonarias exigencias del Consorcio Ruta del Sol. No obstante, la revelación del pago de coimas seguramente cambiará las estrategias de defensa del Gobierno y del consorcio.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el objetivo de Odebrecht se cumplió, pues el tribunal dictó una medida cautelar que le impidió a la ANI sancionarlos por los incumplimientos en el contrato. En pocas palabras, el Estado quedó en el limbo mientras la obra avanza a media máquina. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ha dicho que con esta decisión se frenaron las sanciones al consorcio por los constantes incumplimientos en los cronogramas. En síntesis, a la ANI le quitaron los dientes. Con la gravedad de que este negocio está amarrado hasta 2036.

En un comunicado de prensa, la Concesionaria Ruta del Sol le dijo a El Espectador que durante su gestión se han logrado construir 300 kilómetros de carreteras y se han rehabilitado 200 kilómetros de vías. Además, que el proyecto se ha ejecutado en un 68 % y hasta el momento se han invertido $3,1 billones. “Es importante aclarar que la Concesionaria Ruta del Sol, independientemente de los procesos legales que se adelantan, sigue comprometida con la construcción de las obras”, resaltó.

Además, explicó el consorcio que las demandas se relacionan solamente con aparentes incumplimientos del Estado y que el escándalo mundial de Odebrecht es otra cosa.

Las quejas del consorcio contra la nación parecen infinitas. Por ejemplo, que la ANI no contrató oportunamente la interventoría del proyecto, lo que retrasó los tiempos de entrega de las obras desde el inicio del contrato (5 de abril del 2010) hasta la fecha. También advirtió que los problemas para obtener licencias ambientales y adquirir los predios fueron constantes. Un escenario que, según ellos, generó parálisis y sobrecostos. Las minucias son muy técnicas, pero el grueso de sus críticas es que la ANI desconoció cláusulas vitales del millonario contrato.

“(La ANI) ocasiona graves perjuicios económicos y financieros al concesionario que comprometen su capacidad para ejecutar la obra en la medida en que se han generado mayores costos no reconocidos”, se lee en la demanda en poder de este diario. En contraste, el Gobierno le respondió al consorcio con la misma moneda: lo demandó por idénticas razones. El tribunal de arbitramento deberá saldar esta puja.

Pero todavía queda un interrogante en el aire. ¿Puede una empresa, que aceptó haber sobornado funcionarios, demandar al Estado por un contrato que se ganó de forma fraudulenta? El director de la ANI ha sostenido sin rodeos que el contrato debería ser anulado, lo que dejaría sin efecto el tribunal de arbitramento. Si eso no ocurre, se prevé que la decisión sobre las reclamaciones de $1 billón del consorcio podría conocerse a finales de 2017.

Expertos consultados le hicieron a este diario una comparación aterradora. Mientras Odebrecht pagó en 2009 US$6,5 millones en sobornos para asegurar el contrato de la Ruta del Sol, en 2017 exige que el Estado le cancele 50 veces ese monto. ¿Y las coimas? ¿Es nulo el negocio? ¿Ganará el “engrase”? La justicia tiene la palabra.

Génesis de un soborno

En marzo de 2009 el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy ANI), hizo público el documento de estudios previos que justificaban la construcción de tres sectores de la Ruta del Sol. Serían, según anuncio del Gobierno, contratos por concesión para seguir edificando el proyecto vial más ambicioso del segundo mandato de Álvaro Uribe: conectar el centro de Colombia con la troncal Caribe. En varios documentos de planeación nacional se consignó la necesidad y urgencia de ampliar la red vial.

Al Inco había llegado como director encargado Gabriel García Morales, quien entonces ejercía como viceministro de Transporte. Él, desde ese cargo, tenía la responsabilidad de estructurar el proceso de licitación de la Ruta del Sol, y así lo hizo. Inicialmente la licitación fue por $2 billones. Nadie reclamó nada entonces y Odebrecht posaba como una sólida firma internacional.

Sin embargo, casi siete años después el escenario es apocalíptico. La Fiscalía tiene pruebas de que García Morales -detenido desde el jueves pasado- se encargó de manipular el proceso con el fin de que la Concesionaria Ruta del Sol resultara como única apta para ganarse el contrato. Para los investigadores de Colombia y Estados Unidos no hay duda de que García Morales benefició a Odebrecht y sus socios. Y, sobre todo, que en esas vueltas recibió una tajada de US$6,5 millones.

Esa es la columna vertebral de la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía al exviceministro que, hace tan sólo unos días, se juró inocente. “Mostraré ante las autoridades que bajo mi encargo en 2009 siempre se procedió con rigor y transparencia (…) Soy el primer interesado en el esclarecimiento de estas denuncias que intentan enlodar mi reputación”, dijo en diciembre García Morales. No obstante, enero le puso otra cara a su defensa. Ahora deberá encarar a un juez de la República, quien decidirá su suerte.

Él es el primer exfuncionario de Colombia en caer por el tsunami Odebrecht. Lo persigue desde el jueves un manto de sospecha y se le procesa por tres delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. No obstante, faltan muchos, según las cuentas de la propia Fiscalía. De hecho, se indagan en total coimas por US$11 millones entre 2009 y 2014. Ya salió al baile un exfuncionario de la era Uribe. Faltan aún los de la era Santos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que ya se identificaron a otros cuatro directivos de la ANI que también habrían recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos en otras zonas del país a Odebrecht tanto a nivel nacional como territorial. Una unidad élite de la Fiscalía Anticorrupción adelanta las pesquisas. El expediente Odebrecht por fin empieza a tener nombres y apellidos concretos. ¿Y las demandas por $1 billón, qué?, se preguntan todos en Palacio.

Así cayó la gigante brasileña Odebrecht

Desde 2015 la gigante brasileña de construcción Odebrecht cayó en desgracia, luego de que autoridades de Estados Unidos y Brasil iniciaran la Operación Lava Jato. En ese contexto se capturó al amo y señor de la firma, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado en marzo de 2016 y hace tres semanas logró un acuerdo con la justicia norteamericana.

Según reveló el Departamento de Justicia de EE.UU., fue en 12 países -de los 21 en los que tiene operación- en los que se repartieron coimas. Se calcula que fueron US$788 millones los que entregaron en todo el mundo. Razón por la cual en EE.UU. una Corte federal del Distrito de Nueva York le impuso una multa de más de US$2.600 millones, algo así como $7,8 billones.

Los cinco países en los que más sobornos se pagaron

349 millones de dólares se pagaron a funcionarios públicos en Brasil, país donde fue fundada Odebrecht.

98 millones de dólares fueron destinados por Odebrecht para pagar coimas a funcionarios venezolanos.

92 millones de dólares quedaron en manos de corruptos que entregaron contratos en República Dominicana.

59 millones de dólares fueron feriados en sobornos en Panamá, país que al parecer sirvió para ocultar algunos pagos.

50 millones de dólares se repartieron en Angola, el país africano que le dio más contratos a la firma Odebrecht.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eeuu-odebrecht-reconoce-sobornos-colombia-reclama-1-bil-articulo-674700

Fiscalía captura a exviceministro García Morales por caso Odebrecht

La Fiscalía determinó que Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estaría relacionado con el sonado escándalo de los sobornos pagados por la firma de

infraestructura Odebrecht por el proyecto Ruta del Sol 2.

El ente acusador imputará cargos a García Morales por cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. 

La Fiscalía aseguró que “evidenció que exviceministro García habría exigido 6,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht en licitación de tramo Ruta del Sol”.

La captura la confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El ente agregó que “la suma restante para completar los 11 millones de dólares se utilizó para obtener obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”.

El pasado 30 de diciembre la Fiscalía aseguró que había identificado a uno de los funcionarios del Gobierno que presuntamente recibió el soborno de 11 millones de dólares.

El secretario de Transparencia, Camilo Enciso, aseguró que la captura de García Morales es “es un paso muy importante en lucha anticorrupción”.

http://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-captura-ex-viceministro-garcia-morales-por-caso-odebrecht-319210

Fiscalía dice que  expresidente de Conalvías 

intentó sobornar testigos

Se le imputará cargos a Andrés Jaramillo por 

celebración indebida de contratos y cohecho.

Aunque para este martes y el miércoles de la siguiente semana estaban citadas dos audiencias para imputarle cargos al expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo por el ‘carrusel’ de contratos, el supuesto plan del empresario para sobornar testigos y fugarse adelantó la acción de la Fiscalía.

Jaramillo fue capturado en la noche del lunes en su vivienda ubicada en el norte de Bogotá y hacia las ocho de la noche un juez legalizó esa detención.

Para legalizar su captura, la Fiscalía argumentó que Jaramillo intentaba obstruir a la justicia ofreciendo dinero a algunos de los testigos para que cambiaran su versión.

La Fiscalía recibió un anónimo sobre esa situación y en tiempo récord escuchó a varios de los protagonistas del ‘carrusel’ de la contratación que ratificaron esa declaración.

Fueron escuchados el abogado Manuel Sánchez, el exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández Daza, el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez y los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia.

“Con estas declaraciones (...) se pudo determinar que el señor Andrés Jaramillo ofreció en 2009 una fuerte suma de dinero al señor Manuel Hernando Sánchez Castro para que este no declarara en su contra”. Ese ofrecimiento, dijo el fiscal del caso, se hizo en la casa del cuestionado contratista Emilio Tapia, quien ratificó la versión entregada por Sánchez Castro.

Por su parte, Inocencio Meléndez, condenado y quien ya quedó libre tras cumplir su pena por su participación en el ‘carrusel’, le dijo a la Fiscalía que cuando estaba detenido pagando su pena fue visitado “por un señor Julio Avellaneda, que iba de parte de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, del exconcejal José Juan Rodríguez y de Andrés Jaramillo, con el fin de que cambiara una declaración sobre hechos relacionados con el contrato de cesión de las obras de TransMilenio de la calle 26”.

En la cesión de ese contrato, en el 2010 -que pasó del Grupo Nule al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, liderado por Conalvías-, hubo sobrecostos por 190.000 millones de pesos.

“Todos los testigos indicaron que el señor Andrés Jaramillo tenía la posibilidad de hacer un pago de esa magnitud al señor Manuel Sánchez, que tenía la capacidad económica para hacerlo y que sus empresas tenían negocios en algunos lugares fuera del país, como Panamá y Perú”, señaló el fiscal del caso.

El funcionario del ente acusador señaló que Andrés Jaramillo tiene el dinero suficiente para salir del país y eludir la acción de la justicia.

La Contraloría advirtió que la Supersociedades emitió un auto en el que le aplica a Conalvías la ley de insolvencia, lo que permitiría que la empresa evite el pago de una multa de más de 173.000 millones de pesos por la condena fiscal en su contra de diciembre del año pasado. La Supersociedades respondió que la reorganización empresarial fue aprobada en audiencia pública en mayo del 2016 y que la Contraloría está acreditada como acreedora.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/expresidente-de-conalvias-intento-sobornar-testigos/16806002

“El humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción”: Fernando Carrillo

En entrevista con María Jimena Duzán, el procurador confiesa por qué le sorprende el caso de Odebrecht y revela las últimas pesquisas de esa investigación.

María Jimena Duzán:

Procurador, usted ha planteado que la espina dorsal de su gestión será la lucha contra la corrupción. ¿Lo hizo para trazar un norte o porque el escándalo de Odebrecht evidencia que este fenómeno se salió de proporciones?  

Fernando Carrillo:

Yo creo que por las dos cosas. Y por una más: después del cierre del capítulo de la negociación de la paz y del inicio del posconflicto, en la agenda pública, el tema que tiene mayor fuerza es la necesidad de transparencia y la lucha contra la corrupción. Casi se puede decir que el humo de la guerra no nos dejaba ver lo que se cocinaba en términos de ausencia de valores, impunidad e ilegalidad. De la noche a la mañana todo empezó a estallar al tiempo.      

M.J.D.: En el tema de Odebrecht, ¿cuáles son las próximas pesquisas?

F.C.: Lo que viene es determinar qué otro tipo de situaciones se han presentado con esa empresa en Colombia. Creo que debemos ser radicales en no concentrarnos únicamente en el contrato de la Ruta del Sol, sino mirar todo el mapa de la contratación de Odebrecht con el Estado colombiano y de buscar la nulidad de esos contratos.

M.J.D.: ¿La nulidad o la caducidad?   

F.C.: La nulidad porque permite desde el punto de vista jurídico, que todo ese conjunto de obras sean terminadas. La caducidad es una medida que puede llegar a convertirse en un obstáculo para que terminen las obras. Y la nulidad nos permite equilibrar entre no impunidad, condenar a los responsables, pero a la vez que ellos mismos terminen las obras.

M.J.D.: Entonces ¿la caducidad no sirve para nada?    

F.C.: La caducidad es una figura del derecho administrativo que se presenta en otro tipo de situaciones. Acá lo característico y a la vez gravísimo es que se trataba de una empresa criminal que ameritaría la más dura de las sanciones. 

M.J.D.: ¿Por qué le parece tan particular lo de Odebrecht?

F.C.: Porque estos personajes se inventaron una estructura societaria corporativa que denominaron “división de operaciones estructuradas”, que lo único que hacía era repartir sobornos. Entonces era toda la sociedad la que estaba viciada y viciado el consentimiento de un contrato porque lo hicieron a partir de sobornos y de coimas.      

M.J.D.: ¿Por qué aún no se ha metido con el contrato Navelena?           
F.C.: Nosotros estamos entrando con bisturí a todos los contratos de Odebrecht y tiene que ser así porque acá no era un chico malo de la empresa, no. Acá era política de la empresa sobornar funcionaros y, al ser así, se abre un debate en Colombia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. No necesitamos que respondan los particulares; la sociedad comercial tiene que responder integralmente. Si es la sociedad la dedicada a delinquir pues es necesario ir contra la sociedad y que ojalá que todas las sanciones societarias y penales recaigan sobre el grupo como un todo. Pero sí estamos investigando Navelena.

M.J.D.: Allí hay ya una presunta plata que se le había pagado a Otto Bula en concepto de lobby para que ayudara a manipular la concesión que se le dio a   Odebrecht para manejar la recuperación del río  Magdalena…     

F.C.: No sólo eso, María Jimena, sino también abrimos investigaciones preliminares por el préstamo del Banco Agrario que generó reacciones como la del ministro de Agricultura, que estableció una denuncia penal contra la junta directiva del banco porque se descubrieron algunas irregularidades, lo que me hace pensar que vamos en la dirección correcta.

M.J.D.: Y en cuanto al presunto conflicto de intereses que pudieron tener las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ¿qué piensa?

F.C.: En ese caso habrá que establecerlo probatoriamente, pero dado el caso tendremos que entrevistarlas y ver cuáles serían las sanciones disciplinares correspondientes.  

M.J.D.: En el caso de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en el 2014 que se vio inmiscuida por denuncias de Duda Mendoça, el publicista que recibió un pago de Odebrecht. En ese caso ¿Qué puede hacer la      Procuraduría?  

F.C.: Primero habría que explicar cómo es el mecanismo de financiación de las campañas. En Europa es estatal, algunos dirían un servicio a la igualdad. Todos arrancan con el mismo monto. En Estados Unidos la financiación es privada y América Latina tiene un sistema mixto. Colombia tiene este último sistema y eso implica que hay dinero del sector público involucrado. Eso quiere decir que, según el número de votos, hay una reposición que viene de los recursos de los colombianos. Por esa razón la Procuraduría podría intervenir. Pero es un tema difícil de solucionar. Algunos creen que es un mercado bursátil de pesos y votos y que la contratación viene más tarde.

M.J.D.: Y en el caso de que se descubriera que la campaña se voló los topes de plata, la sanción dada por el Consejo Nacional Electoral es una multa mínima que se paga y… ¿ya?    

F.C.: En España hay una norma que castiga penalmente la financiación ilegal de campañas y eso incluye violación de topes, ocultación de documentos, pagos en especie y en dinero. Pero lo que es importante aprender del caso español es que se necesita financiación estatal y una justicia electoral que sea capaz de hacer la investigación que compruebe que violaron los topes y que imponga sanciones. El problema aquí es que las sanciones de la justicia electoral en comparación con otros países son un chiste.   

Lo otro que hay que frenar es las multinacionales que se entrometen en los procesos electorales. Eso es una intromisión indebida y que además se está comprando favores que se cobrará después.

M.J.D.: ¿Cómo parar eso?     

F.C.: Lo primero es determinar si eso se puede o no se puede hacer. Segundo, establecer topes, y tercero, que se consignen las donaciones del sector privado. Para mí es igual de preocupante todas las personas del sector privado que le están entregando dinero a los políticos para financiar partidos y campañas.  

M.J.D.: Yo veo que el caso de Odebrecht está cada vez más relacionado con campañas políticas de diferentes bandos, ¿qué pasará en ese caso? 

F.C.: Sí, ya ha salido en las noticias que Odebrecht se ha comprometido en revelar información de financiamiento en las campañas en América Latina, pero necesitamos evidencias, no especulación.

M.J.D.: En el caso de Otto Bula, él dice que sólo fue lobista y que eso no es delito en Colombia. ¿Cómo se le dice que eso es ilegal si realmente no se ha regulado? Y ¿por qué no se ha regulado?       
F.C.: Ha habido varios intentos. Creo que en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema. Es necesario regularlo porque a fin de cuentas uno sabe qué intereses tiene el lobista.

M.J.D.: Procurador, discúlpeme me devuelvo. Usted ha dicho que investigaría personas naturales ¿a qué se refiere en concreto?    

F.C.: Sí, cuando se presenten las irregularidades debería existir un régimen que determine la responsabilidad de privados. Pero al pensar que se trata de recursos públicos, en el caso de las campañas, se puede investigar sólo lo que tiene origen en los recursos públicos. Lo que hay en otros países es un régimen de responsabilidad para el sector privado a la hora de financiar la política. El caso particular del privado frente a la actividad pública es cuando manejan recursos públicos.   

M.J.D.: Usted me estaba diciendo que tiene mucho interés en indagar desde Brasil, el lugar donde se originaron los hechos, para no estar supeditado de lo que venga de la justicia norteamericana…     

F.C.: Sí, yo creo, María Jimena, que la cooperación judicial internacional ha evolucionado de tal manera que tiene que haber mucha mayor fluidez en el intercambio de información. Para cerrar casos lo fundamental es tener las pruebas y para eso es importante sofisticar la operación judicial. Más adelante sería muy interesante organizar un gran seminario con los  procuradores y fiscales donde Odebrecht actuó para encontrar y refinar mecanismos para luchar contra ese tipo de criminalidad porque todo es nuevo. Y además termina siendo un caso de crimen organizado.

M.J.D.: Pero no sólo Odebrecht ha sido centro de un escándalo por cuenta de sobornos y de coimas. Varios contratistas en el 2006, el 2007, el 2008, el 2009 fueron denunciados por lo mismo y esas investigaciones no llegaron a buen puerto ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría…     

F.C.: Mucha gente dice que si se hubiese tenido un bisturí mucho más afilado habríamos llegado a un dictamen probatorio y no se habría quedado todo en la superficie de los hechos con los primeros condenados, seguramente, en el escándalo de la contratación hubiéramos llegado a Odebrecht. Estos son hechos de hace seis o siete años.     

M.J.D.: Usted ha planteado en varias ocasiones que le gustaría que la Procuraduría entrara dentro del     mecanismo de la JEP. ¿Por qué planteo esa propuesta?

F.C.: Por varios argumentos. El primero es que el corazón del proceso, como bien lo ha dicho el presidente, son las víctimas y lo importante de las víctimas es que se les respeten los derechos. Y en la JEP no existe un ente que pueda, de manera autónoma, defender los derechos de los más débiles.     

M.J.D.: ¿Qué va a hacer para que no se sigan robando La   Guajira?

F.C.: Ayer enviamos una misión con la procuradora delegada para la infancia y la niñez y vamos a tener un diagnóstico mucho más claro con el tema de nutrición y con el tema de la salud de los niños y vamos a tratar de llegar con brigadas de reacción inmediata a determinados departamentos.

M.J.D.: ¿Cómo va a combatir la corrupción en la salud?     

Vamos a crear una procuraduría delegada para la salud que no ha existido antes. Pero lo que necesitamos es que la gente denuncie y lo haga sin temor.   

M.J.D.: ¿Y Reficar?  

F.C.: Estamos haciendo las primeras investigaciones, que yo espero arrojen resultados muy pronto y apenas eso ocurra le haremos saber a la opinión pública.

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