En EE.UU. Odebrecht  reconoce sobornos, en Colombia reclama $1 billón

El doble juego de la multinacional

Mientras llegaba a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por repartir coimas por casi US$800 millones en el mundo, en el país interpuso dos demandas contra el Estado por el cuestionado contrato de la Ruta del Sol.

Por: Juan David Laverde Palma                                                                      El Espectador 

Sólo en el país de Macondo habría de ocurrir que el pulpo empresarial que reconoció hace menos de un mes haber sobornado a diestra y siniestra en el mundo pretenda hoy cuadrar caja con demandas millonarias al Estado. Se trata de la multinacional brasileña Odebrecht, que repartió coimas por US$788 millones en 12 países. Lo paradójico es que mientras la firma cocinaba un acuerdo con fiscales norteamericanos y se veía obligada a echar al agua a sus antiguos cómplices, en Colombia emprendía una cruzada judicial con unas pretensiones que hoy suman más de $1 billón.

¿Cómo puede ser esto posible? El origen de este multimillonario pleito es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones. La multinacional forma parte de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, empresa del grupo Solarte. ¿Sabían los socios de Odebrecht en este megaproyecto que se “engrasaron” altos funcionarios para asegurar esta licitación?

Esa es una de las preguntas fundamentales que busca aclarar la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y por eso no se descarta que los miembros de este consorcio tengan que rendir explicaciones ante fiscales de la Unidad Anticorrupción. Pero, ¿cómo fue posible que una multinacional como esta le pudiera ocultar a sus asociados en Colombia una negociación bajo la mesa? Este diario buscó respuestas del consorcio que hoy está bajo sospecha.

Carlos Alberto Solarte, representante del grupo Solarte, le dijo a El Espectador que la participación de su empresa CSS Constructores en el negocio fue mínima y que jamás se enteraron de las movidas de la firma brasileña. “Fue una actuación particular de Odebrecht y nosotros, junto a Episol, no tuvimos conocimiento de lo que sucedió. Por la prensa fue que nos dimos cuenta de que tales pagos se habían realizado por parte de Odebrecht y por fuera del país. No teníamos conocimiento en lo absoluto y eso lo podemos demostrar cuando se analicen los balances financieros del consorcio. Hasta ahora la Fiscalía no nos ha llamado, pero con seguridad lo hará y daremos las explicaciones. No supimos de ningún tipo de coimas”.

Solarte agregó que Odebrecht, muy a pesar del escándalo mundial, es la firma que todavía administra el contrato de la Ruta del Sol, pues tiene el 62 % de las acciones del consorcio. Por lo tanto, explicó, los pormenores del desarrollo de este megacontrato los ha tomado desde 2010 el gigante brasileño, al punto que su compañía -dijo- ni siquiera tenía poder de decisión en las juntas directivas. “En esas obras no hay ni una sola máquina de nuestra empresa ni de Episol. Sólo pusimos la inversión y las cuotas del porcentaje de participación que debíamos pagar. He estado desvinculado del tema, pues hasta la semana pasada me enteré de que hay proveedores a los que se les debe plata por alquiler de maquinaria”, puntualizó Solarte.

Las demandas

El Espectador conoció todos los documentos que presentó la Concesionaria Ruta del Sol -con Odebrecht a la cabeza- para sustentar sus demandas contra Colombia por supuestos incumplimientos y fallas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La primera fue instaurada el 6 de agosto de 2015 por un valor de $645.148 millones. En abril del año pasado trascendió este pleito. No obstante, Odebrecht planteó otra demanda. En los mismos términos, y con un año de diferencia, exigió una compensación económica por $394.502 millones.

En agosto de 2016, cuando la ANI fue notificada de esta nueva reclamación las alarmas se encendieron en Palacio de Nariño. Ya entonces había estallado en Brasil el expediente Odebrecht y fueron cayendo uno tras otro de los más curtidos políticos de ese país. Estados Unidos ya venía rastreando los movimientos bancarios de la firma brasileña y todo explotó en diciembre pasado, cuando Odebrecht reconoció una sofisticada operación de sobornos en el mundo.

De vuelta a Colombia, la justicia les dio trámite a estas dos demandas, que finalmente fueron acumuladas en un solo Tribunal de Arbitramento compuesto por tres jueces: William José Namen, Stella Villegas y Alier Eduardo Hernández. Desde hace varios meses estos tres árbitros evalúan las multimillonarias exigencias del Consorcio Ruta del Sol. No obstante, la revelación del pago de coimas seguramente cambiará las estrategias de defensa del Gobierno y del consorcio.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el objetivo de Odebrecht se cumplió, pues el tribunal dictó una medida cautelar que le impidió a la ANI sancionarlos por los incumplimientos en el contrato. En pocas palabras, el Estado quedó en el limbo mientras la obra avanza a media máquina. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ha dicho que con esta decisión se frenaron las sanciones al consorcio por los constantes incumplimientos en los cronogramas. En síntesis, a la ANI le quitaron los dientes. Con la gravedad de que este negocio está amarrado hasta 2036.

En un comunicado de prensa, la Concesionaria Ruta del Sol le dijo a El Espectador que durante su gestión se han logrado construir 300 kilómetros de carreteras y se han rehabilitado 200 kilómetros de vías. Además, que el proyecto se ha ejecutado en un 68 % y hasta el momento se han invertido $3,1 billones. “Es importante aclarar que la Concesionaria Ruta del Sol, independientemente de los procesos legales que se adelantan, sigue comprometida con la construcción de las obras”, resaltó.

Además, explicó el consorcio que las demandas se relacionan solamente con aparentes incumplimientos del Estado y que el escándalo mundial de Odebrecht es otra cosa.

Las quejas del consorcio contra la nación parecen infinitas. Por ejemplo, que la ANI no contrató oportunamente la interventoría del proyecto, lo que retrasó los tiempos de entrega de las obras desde el inicio del contrato (5 de abril del 2010) hasta la fecha. También advirtió que los problemas para obtener licencias ambientales y adquirir los predios fueron constantes. Un escenario que, según ellos, generó parálisis y sobrecostos. Las minucias son muy técnicas, pero el grueso de sus críticas es que la ANI desconoció cláusulas vitales del millonario contrato.

“(La ANI) ocasiona graves perjuicios económicos y financieros al concesionario que comprometen su capacidad para ejecutar la obra en la medida en que se han generado mayores costos no reconocidos”, se lee en la demanda en poder de este diario. En contraste, el Gobierno le respondió al consorcio con la misma moneda: lo demandó por idénticas razones. El tribunal de arbitramento deberá saldar esta puja.

Pero todavía queda un interrogante en el aire. ¿Puede una empresa, que aceptó haber sobornado funcionarios, demandar al Estado por un contrato que se ganó de forma fraudulenta? El director de la ANI ha sostenido sin rodeos que el contrato debería ser anulado, lo que dejaría sin efecto el tribunal de arbitramento. Si eso no ocurre, se prevé que la decisión sobre las reclamaciones de $1 billón del consorcio podría conocerse a finales de 2017.

Expertos consultados le hicieron a este diario una comparación aterradora. Mientras Odebrecht pagó en 2009 US$6,5 millones en sobornos para asegurar el contrato de la Ruta del Sol, en 2017 exige que el Estado le cancele 50 veces ese monto. ¿Y las coimas? ¿Es nulo el negocio? ¿Ganará el “engrase”? La justicia tiene la palabra.

Génesis de un soborno

En marzo de 2009 el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy ANI), hizo público el documento de estudios previos que justificaban la construcción de tres sectores de la Ruta del Sol. Serían, según anuncio del Gobierno, contratos por concesión para seguir edificando el proyecto vial más ambicioso del segundo mandato de Álvaro Uribe: conectar el centro de Colombia con la troncal Caribe. En varios documentos de planeación nacional se consignó la necesidad y urgencia de ampliar la red vial.

Al Inco había llegado como director encargado Gabriel García Morales, quien entonces ejercía como viceministro de Transporte. Él, desde ese cargo, tenía la responsabilidad de estructurar el proceso de licitación de la Ruta del Sol, y así lo hizo. Inicialmente la licitación fue por $2 billones. Nadie reclamó nada entonces y Odebrecht posaba como una sólida firma internacional.

Sin embargo, casi siete años después el escenario es apocalíptico. La Fiscalía tiene pruebas de que García Morales -detenido desde el jueves pasado- se encargó de manipular el proceso con el fin de que la Concesionaria Ruta del Sol resultara como única apta para ganarse el contrato. Para los investigadores de Colombia y Estados Unidos no hay duda de que García Morales benefició a Odebrecht y sus socios. Y, sobre todo, que en esas vueltas recibió una tajada de US$6,5 millones.

Esa es la columna vertebral de la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía al exviceministro que, hace tan sólo unos días, se juró inocente. “Mostraré ante las autoridades que bajo mi encargo en 2009 siempre se procedió con rigor y transparencia (…) Soy el primer interesado en el esclarecimiento de estas denuncias que intentan enlodar mi reputación”, dijo en diciembre García Morales. No obstante, enero le puso otra cara a su defensa. Ahora deberá encarar a un juez de la República, quien decidirá su suerte.

Él es el primer exfuncionario de Colombia en caer por el tsunami Odebrecht. Lo persigue desde el jueves un manto de sospecha y se le procesa por tres delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. No obstante, faltan muchos, según las cuentas de la propia Fiscalía. De hecho, se indagan en total coimas por US$11 millones entre 2009 y 2014. Ya salió al baile un exfuncionario de la era Uribe. Faltan aún los de la era Santos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que ya se identificaron a otros cuatro directivos de la ANI que también habrían recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos en otras zonas del país a Odebrecht tanto a nivel nacional como territorial. Una unidad élite de la Fiscalía Anticorrupción adelanta las pesquisas. El expediente Odebrecht por fin empieza a tener nombres y apellidos concretos. ¿Y las demandas por $1 billón, qué?, se preguntan todos en Palacio.

Así cayó la gigante brasileña Odebrecht

Desde 2015 la gigante brasileña de construcción Odebrecht cayó en desgracia, luego de que autoridades de Estados Unidos y Brasil iniciaran la Operación Lava Jato. En ese contexto se capturó al amo y señor de la firma, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado en marzo de 2016 y hace tres semanas logró un acuerdo con la justicia norteamericana.

Según reveló el Departamento de Justicia de EE.UU., fue en 12 países -de los 21 en los que tiene operación- en los que se repartieron coimas. Se calcula que fueron US$788 millones los que entregaron en todo el mundo. Razón por la cual en EE.UU. una Corte federal del Distrito de Nueva York le impuso una multa de más de US$2.600 millones, algo así como $7,8 billones.

Los cinco países en los que más sobornos se pagaron

349 millones de dólares se pagaron a funcionarios públicos en Brasil, país donde fue fundada Odebrecht.

98 millones de dólares fueron destinados por Odebrecht para pagar coimas a funcionarios venezolanos.

92 millones de dólares quedaron en manos de corruptos que entregaron contratos en República Dominicana.

59 millones de dólares fueron feriados en sobornos en Panamá, país que al parecer sirvió para ocultar algunos pagos.

50 millones de dólares se repartieron en Angola, el país africano que le dio más contratos a la firma Odebrecht.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eeuu-odebrecht-reconoce-sobornos-colombia-reclama-1-bil-articulo-674700

Fiscalía captura a exviceministro García Morales por caso Odebrecht

La Fiscalía determinó que Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estaría relacionado con el sonado escándalo de los sobornos pagados por la firma de

infraestructura Odebrecht por el proyecto Ruta del Sol 2.

El ente acusador imputará cargos a García Morales por cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. 

La Fiscalía aseguró que “evidenció que exviceministro García habría exigido 6,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht en licitación de tramo Ruta del Sol”.

La captura la confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El ente agregó que “la suma restante para completar los 11 millones de dólares se utilizó para obtener obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”.

El pasado 30 de diciembre la Fiscalía aseguró que había identificado a uno de los funcionarios del Gobierno que presuntamente recibió el soborno de 11 millones de dólares.

El secretario de Transparencia, Camilo Enciso, aseguró que la captura de García Morales es “es un paso muy importante en lucha anticorrupción”.

http://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-captura-ex-viceministro-garcia-morales-por-caso-odebrecht-319210

Fiscalía dice que  expresidente de Conalvías 

intentó sobornar testigos

Se le imputará cargos a Andrés Jaramillo por 

celebración indebida de contratos y cohecho.

Aunque para este martes y el miércoles de la siguiente semana estaban citadas dos audiencias para imputarle cargos al expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo por el ‘carrusel’ de contratos, el supuesto plan del empresario para sobornar testigos y fugarse adelantó la acción de la Fiscalía.

Jaramillo fue capturado en la noche del lunes en su vivienda ubicada en el norte de Bogotá y hacia las ocho de la noche un juez legalizó esa detención.

Para legalizar su captura, la Fiscalía argumentó que Jaramillo intentaba obstruir a la justicia ofreciendo dinero a algunos de los testigos para que cambiaran su versión.

La Fiscalía recibió un anónimo sobre esa situación y en tiempo récord escuchó a varios de los protagonistas del ‘carrusel’ de la contratación que ratificaron esa declaración.

Fueron escuchados el abogado Manuel Sánchez, el exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández Daza, el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez y los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia.

“Con estas declaraciones (...) se pudo determinar que el señor Andrés Jaramillo ofreció en 2009 una fuerte suma de dinero al señor Manuel Hernando Sánchez Castro para que este no declarara en su contra”. Ese ofrecimiento, dijo el fiscal del caso, se hizo en la casa del cuestionado contratista Emilio Tapia, quien ratificó la versión entregada por Sánchez Castro.

Por su parte, Inocencio Meléndez, condenado y quien ya quedó libre tras cumplir su pena por su participación en el ‘carrusel’, le dijo a la Fiscalía que cuando estaba detenido pagando su pena fue visitado “por un señor Julio Avellaneda, que iba de parte de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, del exconcejal José Juan Rodríguez y de Andrés Jaramillo, con el fin de que cambiara una declaración sobre hechos relacionados con el contrato de cesión de las obras de TransMilenio de la calle 26”.

En la cesión de ese contrato, en el 2010 -que pasó del Grupo Nule al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, liderado por Conalvías-, hubo sobrecostos por 190.000 millones de pesos.

“Todos los testigos indicaron que el señor Andrés Jaramillo tenía la posibilidad de hacer un pago de esa magnitud al señor Manuel Sánchez, que tenía la capacidad económica para hacerlo y que sus empresas tenían negocios en algunos lugares fuera del país, como Panamá y Perú”, señaló el fiscal del caso.

El funcionario del ente acusador señaló que Andrés Jaramillo tiene el dinero suficiente para salir del país y eludir la acción de la justicia.

La Contraloría advirtió que la Supersociedades emitió un auto en el que le aplica a Conalvías la ley de insolvencia, lo que permitiría que la empresa evite el pago de una multa de más de 173.000 millones de pesos por la condena fiscal en su contra de diciembre del año pasado. La Supersociedades respondió que la reorganización empresarial fue aprobada en audiencia pública en mayo del 2016 y que la Contraloría está acreditada como acreedora.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/expresidente-de-conalvias-intento-sobornar-testigos/16806002

“El humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción”: Fernando Carrillo

En entrevista con María Jimena Duzán, el procurador confiesa por qué le sorprende el caso de Odebrecht y revela las últimas pesquisas de esa investigación.

María Jimena Duzán:

Procurador, usted ha planteado que la espina dorsal de su gestión será la lucha contra la corrupción. ¿Lo hizo para trazar un norte o porque el escándalo de Odebrecht evidencia que este fenómeno se salió de proporciones?  

Fernando Carrillo:

Yo creo que por las dos cosas. Y por una más: después del cierre del capítulo de la negociación de la paz y del inicio del posconflicto, en la agenda pública, el tema que tiene mayor fuerza es la necesidad de transparencia y la lucha contra la corrupción. Casi se puede decir que el humo de la guerra no nos dejaba ver lo que se cocinaba en términos de ausencia de valores, impunidad e ilegalidad. De la noche a la mañana todo empezó a estallar al tiempo.      

M.J.D.: En el tema de Odebrecht, ¿cuáles son las próximas pesquisas?

F.C.: Lo que viene es determinar qué otro tipo de situaciones se han presentado con esa empresa en Colombia. Creo que debemos ser radicales en no concentrarnos únicamente en el contrato de la Ruta del Sol, sino mirar todo el mapa de la contratación de Odebrecht con el Estado colombiano y de buscar la nulidad de esos contratos.

M.J.D.: ¿La nulidad o la caducidad?   

F.C.: La nulidad porque permite desde el punto de vista jurídico, que todo ese conjunto de obras sean terminadas. La caducidad es una medida que puede llegar a convertirse en un obstáculo para que terminen las obras. Y la nulidad nos permite equilibrar entre no impunidad, condenar a los responsables, pero a la vez que ellos mismos terminen las obras.

M.J.D.: Entonces ¿la caducidad no sirve para nada?    

F.C.: La caducidad es una figura del derecho administrativo que se presenta en otro tipo de situaciones. Acá lo característico y a la vez gravísimo es que se trataba de una empresa criminal que ameritaría la más dura de las sanciones. 

M.J.D.: ¿Por qué le parece tan particular lo de Odebrecht?

F.C.: Porque estos personajes se inventaron una estructura societaria corporativa que denominaron “división de operaciones estructuradas”, que lo único que hacía era repartir sobornos. Entonces era toda la sociedad la que estaba viciada y viciado el consentimiento de un contrato porque lo hicieron a partir de sobornos y de coimas.      

M.J.D.: ¿Por qué aún no se ha metido con el contrato Navelena?           
F.C.: Nosotros estamos entrando con bisturí a todos los contratos de Odebrecht y tiene que ser así porque acá no era un chico malo de la empresa, no. Acá era política de la empresa sobornar funcionaros y, al ser así, se abre un debate en Colombia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. No necesitamos que respondan los particulares; la sociedad comercial tiene que responder integralmente. Si es la sociedad la dedicada a delinquir pues es necesario ir contra la sociedad y que ojalá que todas las sanciones societarias y penales recaigan sobre el grupo como un todo. Pero sí estamos investigando Navelena.

M.J.D.: Allí hay ya una presunta plata que se le había pagado a Otto Bula en concepto de lobby para que ayudara a manipular la concesión que se le dio a   Odebrecht para manejar la recuperación del río  Magdalena…     

F.C.: No sólo eso, María Jimena, sino también abrimos investigaciones preliminares por el préstamo del Banco Agrario que generó reacciones como la del ministro de Agricultura, que estableció una denuncia penal contra la junta directiva del banco porque se descubrieron algunas irregularidades, lo que me hace pensar que vamos en la dirección correcta.

M.J.D.: Y en cuanto al presunto conflicto de intereses que pudieron tener las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, ¿qué piensa?

F.C.: En ese caso habrá que establecerlo probatoriamente, pero dado el caso tendremos que entrevistarlas y ver cuáles serían las sanciones disciplinares correspondientes.  

M.J.D.: En el caso de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en el 2014 que se vio inmiscuida por denuncias de Duda Mendoça, el publicista que recibió un pago de Odebrecht. En ese caso ¿Qué puede hacer la      Procuraduría?  

F.C.: Primero habría que explicar cómo es el mecanismo de financiación de las campañas. En Europa es estatal, algunos dirían un servicio a la igualdad. Todos arrancan con el mismo monto. En Estados Unidos la financiación es privada y América Latina tiene un sistema mixto. Colombia tiene este último sistema y eso implica que hay dinero del sector público involucrado. Eso quiere decir que, según el número de votos, hay una reposición que viene de los recursos de los colombianos. Por esa razón la Procuraduría podría intervenir. Pero es un tema difícil de solucionar. Algunos creen que es un mercado bursátil de pesos y votos y que la contratación viene más tarde.

M.J.D.: Y en el caso de que se descubriera que la campaña se voló los topes de plata, la sanción dada por el Consejo Nacional Electoral es una multa mínima que se paga y… ¿ya?    

F.C.: En España hay una norma que castiga penalmente la financiación ilegal de campañas y eso incluye violación de topes, ocultación de documentos, pagos en especie y en dinero. Pero lo que es importante aprender del caso español es que se necesita financiación estatal y una justicia electoral que sea capaz de hacer la investigación que compruebe que violaron los topes y que imponga sanciones. El problema aquí es que las sanciones de la justicia electoral en comparación con otros países son un chiste.   

Lo otro que hay que frenar es las multinacionales que se entrometen en los procesos electorales. Eso es una intromisión indebida y que además se está comprando favores que se cobrará después.

M.J.D.: ¿Cómo parar eso?     

F.C.: Lo primero es determinar si eso se puede o no se puede hacer. Segundo, establecer topes, y tercero, que se consignen las donaciones del sector privado. Para mí es igual de preocupante todas las personas del sector privado que le están entregando dinero a los políticos para financiar partidos y campañas.  

M.J.D.: Yo veo que el caso de Odebrecht está cada vez más relacionado con campañas políticas de diferentes bandos, ¿qué pasará en ese caso? 

F.C.: Sí, ya ha salido en las noticias que Odebrecht se ha comprometido en revelar información de financiamiento en las campañas en América Latina, pero necesitamos evidencias, no especulación.

M.J.D.: En el caso de Otto Bula, él dice que sólo fue lobista y que eso no es delito en Colombia. ¿Cómo se le dice que eso es ilegal si realmente no se ha regulado? Y ¿por qué no se ha regulado?       
F.C.: Ha habido varios intentos. Creo que en este momento hay un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema. Es necesario regularlo porque a fin de cuentas uno sabe qué intereses tiene el lobista.

M.J.D.: Procurador, discúlpeme me devuelvo. Usted ha dicho que investigaría personas naturales ¿a qué se refiere en concreto?    

F.C.: Sí, cuando se presenten las irregularidades debería existir un régimen que determine la responsabilidad de privados. Pero al pensar que se trata de recursos públicos, en el caso de las campañas, se puede investigar sólo lo que tiene origen en los recursos públicos. Lo que hay en otros países es un régimen de responsabilidad para el sector privado a la hora de financiar la política. El caso particular del privado frente a la actividad pública es cuando manejan recursos públicos.   

M.J.D.: Usted me estaba diciendo que tiene mucho interés en indagar desde Brasil, el lugar donde se originaron los hechos, para no estar supeditado de lo que venga de la justicia norteamericana…     

F.C.: Sí, yo creo, María Jimena, que la cooperación judicial internacional ha evolucionado de tal manera que tiene que haber mucha mayor fluidez en el intercambio de información. Para cerrar casos lo fundamental es tener las pruebas y para eso es importante sofisticar la operación judicial. Más adelante sería muy interesante organizar un gran seminario con los  procuradores y fiscales donde Odebrecht actuó para encontrar y refinar mecanismos para luchar contra ese tipo de criminalidad porque todo es nuevo. Y además termina siendo un caso de crimen organizado.

M.J.D.: Pero no sólo Odebrecht ha sido centro de un escándalo por cuenta de sobornos y de coimas. Varios contratistas en el 2006, el 2007, el 2008, el 2009 fueron denunciados por lo mismo y esas investigaciones no llegaron a buen puerto ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría…     

F.C.: Mucha gente dice que si se hubiese tenido un bisturí mucho más afilado habríamos llegado a un dictamen probatorio y no se habría quedado todo en la superficie de los hechos con los primeros condenados, seguramente, en el escándalo de la contratación hubiéramos llegado a Odebrecht. Estos son hechos de hace seis o siete años.     

M.J.D.: Usted ha planteado en varias ocasiones que le gustaría que la Procuraduría entrara dentro del     mecanismo de la JEP. ¿Por qué planteo esa propuesta?

F.C.: Por varios argumentos. El primero es que el corazón del proceso, como bien lo ha dicho el presidente, son las víctimas y lo importante de las víctimas es que se les respeten los derechos. Y en la JEP no existe un ente que pueda, de manera autónoma, defender los derechos de los más débiles.     

M.J.D.: ¿Qué va a hacer para que no se sigan robando La   Guajira?

F.C.: Ayer enviamos una misión con la procuradora delegada para la infancia y la niñez y vamos a tener un diagnóstico mucho más claro con el tema de nutrición y con el tema de la salud de los niños y vamos a tratar de llegar con brigadas de reacción inmediata a determinados departamentos.

M.J.D.: ¿Cómo va a combatir la corrupción en la salud?     

Vamos a crear una procuraduría delegada para la salud que no ha existido antes. Pero lo que necesitamos es que la gente denuncie y lo haga sin temor.   

M.J.D.: ¿Y Reficar?  

F.C.: Estamos haciendo las primeras investigaciones, que yo espero arrojen resultados muy pronto y apenas eso ocurra le haremos saber a la opinión pública.

http://www.semana.com/nacion/articulo/fernando-carrillo-en-entrevista-con-maria-jimena-duzan/514264

Colombia: el sistema político de la  corrupción

Por: Cristina de la Torre

Mutación extraordinaria del sistema político, cuyo mecanismo desentraña Juan Fernando Londoño. No ya como incidente fortuito sino como eje del modelo. En el naufragio de los partidos, se desplaza el mando desde la dinámica menuda de favores y contraprestaciones hacia un torrente de candidatos financiados por criminales o por contratistas que terminan apoderándose de los recursos públicos. Es éste el mango del abanico que se abre en astas de millonarios evasores, chupasangres de la salud y un enjambre de contratistas que hacen su agosto. Casi todos ellos esconden lo malhabido en paraísos fiscales. Revela la Sociedad Colombiana de Economistas que en las dos últimas décadas ha perdido el Estado $189 billones a manos de corruptos. Fernando Carrillo, que es en su pundonor antípoda del destituido Ordóñez, advierte: la corrupción hace más daño que la guerra; ¡tiemblen los corruptos! Dura cuesta habrá de remontar.

Para Londoño, como resultara insuficiente la financiación oficial de los partidos, los más avezados de la clase política buscaron en el crimen otra fuente de recursos: en el narcotráfico, en el paramilitarismo. Acudieron al mercado de empresas o de individuos interesados en contratos del Estado. Suministran los contratistas avances a los políticos para sus campañas y éstos les retornan con contratos la inversión. Y participan de las ganancias. Podrán evocarse como emblema de tales mañas los 61 parapolíticos que por asociarse con delincuentes pagan cárcel; miembros que fueron de la bancada uribista en tiempos de la Seguridad Democrática.

Colombia es lunar del continente. Prolifera aquí la parentela que releva al politicastro subjúdice, en curul del parlamento, en Alcaldía o Gobernación. O el familiar que hereda al funcionario enriquecido en la administración pública. Ni soñar con juicios por corrupción a tres expresidentes, como los que se siguen en El Salvador. Menos aún conque ponga su mano la justicia sobre ningún contratista. Nuestras eminencias del poder parecen inmunes a la acción de la justicia. Ahí está Alejandro Ordóñez, flamante cabeza del Ministerio Público destituido por abusar del cargo en provecho propio, libre y espetando frases lapidarias, como de ultratumba, contra la paz que el país anhela. Un sinvergüenza.

Privilegiadas de la contratación pública son las muy lucrativas entidades sin ánimo de lucro. Pululan entre ellas iglesias evangélicas que extorsionan a sus fieles y hasta lavan activos del narcotráfico. Pagan las entidades sin ánimo de lucro impuestos irrisorios, o ninguno; y se brincan los controles de la ley 80 de contratación pública. En los últimos cuatro años, departamentos y municipios cerraron contratos con ellas por $14.5 billones; 85% de ellos en forma directa, a dedo, sin licitación pública.

La corrupción es de doble vía: del funcionario y del empresario privado. Como en otros países, deberá la autoridad electoral contar con instrumentos de vigilancia y sanción. Abordar el financiamiento privado de las campañas. Publicarlo. Y marginar de la contratación al aportante cuando su favorecido corone en el poder.

Consuela comprobar que nada nos llega demasiado tarde. Si, mal que bien, se allanaron las Farc a los cambios que los del No pedían; si con ello podrá terminar la guerra, el relevo en la Procuraduría pone punto final a ocho años de desafueros en el órgano de control. Carrillo ofrece todas las credenciales para invitar a “superar la bancarrota ética” que agobia a Colombia. Para combatir sin miramientos este nuestro sistema político de la corrupción. Y no para tornar al clientelismo, sino para construir un país en paz y democracia.

http://www.elespectador.com/opinion/colombia-el-sistema-politico-de-corrupcion

La otra cara

Un contratista frustrado que no está en la rosca habla de su calvario

Yo busco contratos por todas partes, conozco cómo funciona este negocio en otros países y puedo decirle que el estado de corrupción en Colombia es masivo y generalizado. Y eso no pasa en todos lados. Aquí es una epidemia. Solo tal vez le ganan en gravedad vecinos como Venezuela, Perú y Panamá.        

Como todas las enfermedades contagiosas, cuesta mucho exterminarla. Esto requiere que el presidente de la República se meta de lleno. No solo decirlo. Hay que hacerlo. Están saqueando al país.     
Lo de Bogotá está pasado de moda. Pero eso de Bogotá pasa en todo el país. Se convoca, por ejemplo, a un concurso a las 6 de la tarde de un día y se fija para el día siguiente a las 8 de la mañana una visita con el consorcio constituido ¿Qué es eso?

Cada día es más evidente que las licitaciones son hechas como un traje a la medida. Los que hacen los pliegos, sobre todo, utilizan el ítem de la experiencia para poner una característica que solo encaja en un proponente.        

Le voy a contar un caso, no de los míos, porque no puedo revelar mi identidad, pero sí de un colega. Se trataba de un contrato de 10.000 millones de pesos para una especie de monumento en los cementerios de Bogotá. La adjudicación la dejaron, no recuerdo bien, si para el 23 o 28 de diciembre del año pasado. 

Eran cinco proponentes y eliminaron a los tres que hicieron las ofertas más baratas y dejaron solo a dos: el elegido con anticipación para ganar y otro, que como tenía la oferta más cara, les servía de comparsa. Pero resulta que el que estaba destinado a ganar no había entregado uno de los documentos que es requisito para poder participar. Según me cuentan, los que iban a perder le exigieron a la funcionaria de la Secretaría de Gobierno que mostrara el documento. 

Ella no les hizo caso, llamó a la Policía para que sacara al proponente porque perturbaba el orden y adjudicó el contrato a una empresa santandereana a la que le fue muy bien cuando Iván Moreno, el hermano del alcalde de Bogotá, estaba de alcalde de Bucaramanga.   

Y así es todo. Por las zonas del país donde yo me muevo piden de entrada, como 'mordida', hasta la mitad del contrato. Es decir, si el contrato es de 80.000 millones de pesos, si uno acepta las condiciones que imponen en ese departamento, se lleva solo para ejecutar la obra 40.000 millones.     

Si usted me pregunta dónde se puede participar con méritos, lo único que se me ocurre es decirle que una entidad en la que se puede competir limpiamente es en Fonade. Y entonces allá se presentan cien proponentes. Gente que como yo no tiene cómo ni puede pelear en las otras ligas. Hay ciudades como Medellín y Cartagena en las que no he intentado concursar.        
Y esto se está agravando. A una firma privada, que desde hace 15 años colabora con una empresa pública de Bogotá, apenas ahora le empezaron a pedir 'mordida' por primera vez. Eso significa que los tentáculos crecen.

Y se dan cosas insólitas, como, por ejemplo, que un representante de una de las empresas de los Nule se les acercaba a los contratistas de la ciudad a venderles de a pedacito de la 26. La estaban vendiendo de a un kilómetro. Y para colmo, pedían el 10 por ciento.  

Yo he decidido que no voy a arriesgar mi vida, ni mi empresa, ni mi familia por algo que no voy a poder cumplir. Yo mejor me dedico a otro trabajo. A mí nadie me extorsiona.

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-otra-cara/236421-3

“Derrotar la corrupción es  más difícil que acabar a las Farc”: Claudia López

 Después de denunciar la parapolítica llegó al Senado, donde ha defendido el proceso de paz. Ahora quiere llegar a la Presidencia porque cree que desde ahí se pueden cortar los lazos de la corrupción.

Por: Felipe Morales Mogollón                                                               El Espectador 

El mandato del presidente Juan Manuel Santos llega a la recta final y con el empiezan a salir los candidatos a sucederlo. Al final de la legislatura, mientras era ‘pupitreada’ la reforma tributaria, la senadora Claudia López, hastiada de la corrupción y clientelismo que vio en el Congreso, decidió postular su nombre con esa bandera: enfrentar la corrupción que asegura “carcome al país”. Crítica ácida como se ha dado a conocer, le contó a El Espectador su decisión y en que consiste su propuesta. López no dejó títere con cabeza.

Usted siempre había estado del lado crítico de la política, da el salto, se hace elegir y se vuelve una revelación ¿Por qué se metió si tanto le molesta la política y sus protagonistas?

Sigo en el lado crítico. Me he dedicado a renovar la política, a luchar para que los narcotraficantes no nos mataran, que acabáramos el frente nacional y el bipartidismo y a denunciar la parapolítica. Pero qué me trajo al Congreso: la paz, despegó el proceso con las Farc y no me hubiera perdonado haberme quedado en Chicago estudiando. Fue la decisión correcta.

¿Por qué da el paso y se lanza a la Presidencia?

El orden de prioridades era acabar la guerra porque el daño humano, moral y económico que genera es infinito. Reproduce la corrupción, desperdicia recursos, polariza y deshumaniza. Ahora la prioridad es derrotar la corrupción. Es un cuello de botella más duro que derrotar a las Farc. Esta gente tiene más poder, más influencia, más plata y están atrincherados en la sociedad, en la política, en la economía, en el gobierno, especialmente en el Congreso. Aferrados a la teta de la corrupción. ¿Desde dónde le podemos pegar duro a la corrupción? Desde la Presidencia.

La corrupción se emana desde la presidencia…

La política en Colombia consiste en que unos políticos corruptos compran votos y se eligen. El gobierno compra a los políticos, que compran votos. Si no rompemos ese círculo vicioso, si no llevamos a la presidencia a alguien que no haya comprado votos y que no esté dispuesto a comprar congresistas, nada va a cambiar.

¿El prestigio y la inconformidad ciudadana le alcanza para llegar a la presidencia por encima de los intereses políticos?

El 80% de los colombianos que sí son la mayoría odian los partidos y a los políticos con justa causa y están dispuestos a hacer algo decisivo para derrotar a los corruptos. La mayor arma de esta democracia no son los fusiles, sino el voto libre de los ciudadanos.

Pero también es consciente que sola no puede…

Si queremos llegar a la presidencia tenemos que coger al Verde, a Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, a los mejores sectores del Polo Democrático, a inmensos sectores de la ciudadanía que quieren trabajar. Es necesario organizar una coalición de acción colectiva. No va a venir una virgen santísima a salvarnos, nos toca sumar diez millones de votos.

¿Por qué los ciudadanos deberían optar por apoyar esta coalición?

Acá hay gente que la lleva de la mala, cuando no es que lo roban en la calle, es que lo atracan, que hay un grupo armado, que hay políticos corruptos, que reciben la educación de mala calidad, no tienen sistemas de transporte público y se gastan tres horas en un bus. Eso le pasa a 30 millones de colombianos. Yo sí creo que vamos a ganar. ¿Hay alguien que no esté desesperado con la corrupción? Quiero verlo.

Usted defiende ha sido una de las defensoras del proceso de paz con las Farc, ¿haría política con ellos?

No. Yo no pretendo, aspiro, ni quiero, ningún tipo de alianza con lo que sea que las Farc formen. No por lavarme las manos, la paz se trataba de que dejaran de dar plomo. Ellos no son ninguna ong, son un ejército que mataron y secuestraron. Tienen que cumplirles a las víctimas, decir la verdad, someterse a la justicia, reparar y reconciliarse con la sociedad.

Usted tiene puesto el ojo en la corrupción ¿Por qué la importancia de este tema?

A los colombianos nos roban políticos corruptos, su círculo de contratistas y empresarios elegantísimos poderosos que evaden impuestos. Entre toda esa calaña nos roban $60 billones al año. No hay posibilidad de que este país genere una economía moderna, mejor empleo, mejor educación, con semejante nivel de corrupción. No hace falta sino estar sentado en el Congreso y ver el nivel de abuso de poder, de cinismo y de corrupción.

¿El gobierno Uribe y el gobierno Santos se tiran la pelota en temas de corrupción, son igualmente responsables?

Los dos son campeones. Este es un tema de cómo funciona el sistema. Es a punta de clientelas partidistas que se roban el Estado para poder hacer política comprada. Pero no es Santos, no es Uribe, no son las Farc, de esos tipos ya logramos salir y los otros se desmovilizaron. Entonces, cogemos ese toro por los cachos y domesticamos esa clase política o no hay manera de que esta sociedad se desarrolle.

¿Usted ha sido una contundente crítica de la reforma tributaria?

Vuelven y aprueban una reforma tributaria que le saca 7.5 billones de pesos del bolsillo a los colombianos en plena navidad. Mientras tanto, los ciudadanos más ricos van a aportar solo 0.4 billones vía dividendos que pueden evadir. Ese es el nivel de inequidad. He salido con lágrimas en los ojos, no puede ser que se aprovechen de que no los están viendo, de que es navidad y la pupitrean de forma vulgar. No basta con indignarse, tenemos que sacarlos.

¿Qué diferencia hay entre esta propuesta y la Ola Verde de Mockus, él tampoco tenía cuestionamientos éticos?

No hay una ola de emoción de un mes que haya hecho una transformación sustantiva. Queremos mucho haciendo muy poco. Se requiere más trabajo, más acción colectiva, estructura, haber apoyado a la gente buena que quiso entrar a los concejos, a las mujeres que querían se alcaldesas. No es una acción individual.

¿Esta Colombia listo para una mujer presidente?

Dos mujeres en las pasadas elecciones sacaron 4 millones de votos. El problema no es que una mujer pueda aspirar a la Presidencia. El problema es que matan a 21 mil mujeres violadas al año, a 19 mil niñas como Yuliana Samboni. Ese es el real problema de esta sociedad.

Pero lo que sí quedo claro con el plebiscito es que Colombia es la discusión de género ¿cree que eso puede afectar su aspiración?

Eso no es ninguna novedad. Yo agradezco la generosidad, el apoyo, el afecto, las ideas. La gente tiene prejuicios, pero eso no lo va transformar la política, lo transforma la cultura, la educación, la convivencia, reconocernos como iguales, respetarnos. El prejuicio está fundado en la distancia y en la desconfianza. Pero francamente no creo que ese vaya a ser el gran tema de la campaña. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/derrotar-corrupcion-mas-facil-acabar-farc-claudia-lopez-articulo-673658

Editorial: La Guajira, otra vez acéfala

Esta región continúa capturada por castas corruptas que se niegan a soltar el presupuesto.

Por:  EDITORIAL

La próxima semana, la Fiscalía General le revelará al país más de 800 horas de grabaciones en las que quedó al descubierto el plan corrupto que se desplegó el pasado 6 de noviembre para que saliera elegido como gobernador de La Guajira Wilmer David González Brito.   

Su elección, fruto de una coalición entre el partido de ‘la U’ y los conservadores, fue vista inicialmente como una salida democrática de la postración política en la que estaba sumido ese departamento luego de que sus cuatro últimos gobernadores terminaran investigados o condenados por delitos que van desde homicidio hasta el robo de las arcas de este ente territorial.

Pero lo que se confirmó en esa oscura jornada electoral es que esa región continúa capturada por castas corruptas que se niegan a soltar el presupuesto. Ríos de dinero en una zona que se muere de sed y camiones repletos de votantes comprados, que venían de la frontera con Venezuela, fueron los protagonistas de esas elecciones, en las que fracasaron los esfuerzos por liberar a La Guajira de las garras de la corrupción y de los grupos políticos.        

González, quien se atrevió a firmar un convenio de transparencia, será imputado el 9 de febrero por cargos de cohecho y corrupción al sufragante. Lo más grave es que Riohacha también quedó acéfala. Desde hace 5 días, Fabio Velásquez Rivadeneira, su alcalde, está privado de la libertad por irregularidades en un contrato de raciones escolares que costó más de 5.000 millones de pesos y que supuestamente iba a beneficiar a más de 25.000 pequeños. Y aunque el mandatario no aceptó cargos, el fiscal Néstor Humberto Martínez enumeró al menos seis graves irregularidades, entre ellas que la comida no les llegó a todos los niños a quienes iba destinada.      

Por un contrato similar deberá responder Oneida Pinto, la destituida gobernadora, quien, al igual que el alcalde preso, obtuvo el aval político de Cambio Radical. Pinto ya venía siendo procesada por participar en un plan para atentar contra Jorge Enrique Vélez, el valiente funcionario que se hizo cargo del departamento mientras elegían un gobernador en propiedad.

Acosado y amenazado, Vélez denunció algunos de estos contratos y frenó el de la investigación para la reducción del dengue en La Guajira, tasado en más de 17.000 millones de pesos. Lo paradójico es que cuando anunció que congelaba ese y otros contratos, varios diputados del departamento lo tildaron, incluso, de loco.

Hoy, la evidencia no admite duda sobre la salud mental de Vélez ni en cuanto a que el Ejecutivo acertó al llevar a funcionarios ajenos al entorno político local para sanear una región que no se puede dejar morir por la codicia política de unos pocos. Es evidente que la solución no es nombrar a otro encargado y volver a convocar elecciones atípicas para que la historia se repita. 

Además de establecer responsabilidades judiciales, conviene pasar una cuenta de cobro ética a quienes siguen firmando avales sin responsabilizarse por la conducta de sus militantes. La Fiscalía y la Contraloría están haciendo una gran labor de depuración. Resta acompañar a la justicia, para llegar hasta el fondo, y tomar correctivos a fin de que La Guajira no quede de nuevo acéfala por culpa de la rampante corrupción.

editorial@eltiempo.com

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/la-guajira-otra-vez-acefala-editorial-el-tiempo-1-de-febrero-de-2017/16806077