La corrupción hizo metástasis.

 En los últimos meses los colombianos han visto cómo este flagelo se tomó  todos  los ámbitos del Estado. Los casos son tan aberrantes, que se requiere una  política integral y un cambio en la sociedad.

Con los sobrecostos pagados por la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), el gobierno podría haber regalado 200.000 casas. / El caso Odebrecht, cuyas dimensiones definitivas están por ser determinadas, demuestra que el fenómeno no respeta fronteras.

Hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones”, dijo Julio Cesar Turbay cuando era presidente, y la polémica y conmoción que causó siguen vivas varias generaciones después. Lo irónico es que esa premisa, que lo caracterizó negativamente, se quedó muy corta frente a la realidad de lo que está pasando en el país.

Casi a diario los colombianos se despiertan para enterarse del escándalo de turno o de los avances o nuevos involucrados en los ya conocidos.

 conocidos. Reficar, Saludcoop, Cafesalud, regalías, la alimentación infantil, el cartel de la hemofilia, los escándalos en la contratación pública, las coimas de Odebrecht, la sed de La Guajira o los múltiples elefantes blancos que hay por todo el país hacen difícil determinar cuál es el caso de corrupción más grande, grave o aberrante.

El robo de los recursos públicos es más indignante si se tiene en cuenta que el gobierno se vive quejando por falta de plata y que el Congreso acaba de aprobar una reforma tributaria para recaudar más de 6 billones de pesos, que toca los bolsillos de todos los colombianos. Aunque no hay cifras concretas, esta semana el contralor general, Edgardo Maya, dijo que la corrupción le costaba al país 50 billones de pesos al año, mientras que un informe de la Procuraduría estima que puede ser de cuatro puntos del PIB al año, es decir, unos 22 billones de pesos. Esta entidad cree que un contratista está dispuesto a dar entre 10 y 25 por ciento de valor de un contrato para quedarse con la obra.

El escándalo del momento, que amenaza con convertirse en un tsunami judicial, político y económico, el de Odebrecht, ha servido para demostrar que la corrupción no es de izquierda o derecha, de un partido político, de ciertos estratos, regiones o culturas, ni respeta fronteras. En efecto, en diciembre la Justicia de Estados Unidos reveló que durante más de 15 años la constructora brasileña, una de las más grandes del mundo, había pagado más de 788 millones de dólares en plata e inmuebles a gobernantes, funcionarios, políticos, partidos, empresas y personas para quedarse con contratos de obras en países como Angola, Mozambique, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y, por supuesto, Colombia.

Gracias a un acuerdo entre esa empresa con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, altos directivos reconocieron los delitos que cometieron en todos estos países. De ese modo se conoció que en Colombia habían pagado 11 millones de dólares para garantizar que les adjudicaran la licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol, por 2,4 billones de pesos en 2009, y la ampliación de la vía Río de Oro-Aguachica-Gamarra por 900.000 millones. Otros proyectos, como el interceptor Tunjuelo-Canoas en Bogotá, al igual que varios tribunales de arbitramento, también están en la mira.

En una rápida actuación, la Fiscalía General logró que Odebrecht colabora ra y denunciara todas sus actuaciones non sanctas ante la Justicia colombiana. En pocas semanas, se comprobó que el ex-viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien en 2009 ejerció como director encargado del extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco), recibió 6.500.000 dólares para darles la licitación a los brasileños. Tras su captura ha revelado que más de diez exfuncionarios, políticos y personas independientes hicieron parte de esta trama y habrían recibido parte de la mordida.

Los otros 4.600.000 dólares habrían hinchado las arcas del exsenador de Córdoba Otto Bula Bula, de funcionarios del gobierno y de congresistas para garantizar que a la Ruta del Sol 2 se le adicionara la vía Río de Oro-Aguachica-Gamarra en los términos que pretendía Odebrecht. Varias fuentes le dijeron a SEMANA que Bula, quien habría influido ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también está colaborando y que muy pronto habrá más detenidos. Incluso, en el teléfono que portaba el día de su captura aparecieron pruebas tanto o más reveladoras de las que tenían las autoridades.

Al igual que pasó con los hermanos Nule, que pasaron de prestantes constructores a ser parte del famoso cartel de la contratación que se robó a Bogotá durante la Alcaldía de Samuel Moreno, muchos van a resultar afectados por el escándalo de Odebrecht, pero también habrá muchas víctimas, como miles de empleados, contratistas, proveedores, socios y, desafortunadamente, todos los colombianos. Muy seguramente el contrato de la Ruta del Sol terminará liquidado, lo que detendrá esta obra por un buen tiempo. Además, los brasileños son los socios mayoritarios de Navelena, empresa que ganó en 2014 la rehabilitación del río Magdalena por 2,5 billones de pesos. Aunque el fiscal Néstor Humberto Martínez descartó que en ella hubiera actos de corrupción, no se sabe si el escándalo terminará por afectar esta y otras obras vitales para el desarrollo del país.

Esta semana el fiscal Martínez ordenó investigar la licitación del sector 3 de la Ruta del Sol, al advertir la existencia de evidencias que podrían exponer un nuevo delito. Este tramo, que une San Roque con Valledupar, está a cargo de la firma italiana Impregilo, Conalvías y Grodco. El lado positivo de este caso, si es que lo tiene, es que en la medida en que más personas caigan y confiesen, más se sabrá cómo opera la corrupción en Colombia. En efecto, por lo registrado en los últimos meses parece tener presencia en todos los sectores y ramas del poder público, ya sea a través de sofisticadas operaciones técnicas o de burdas maniobras en las que no importa hacer las obras o cumplir los contratos sino robarse la plata. Hay ejemplos de sobra.

La Contraloría General de la República anunció que iniciará una nueva auditoría para examinar otros 1.000 millones de dólares en contratos para la modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), considerado antes de Odebrecht el caso de corrupción más grande en la historia reciente del país. En una primera auditoría, la entidad había hecho hallazgos fiscales por 943 millones de dólares (cerca de 3 billones de pesos) y un lucro cesante de 1.936 millones de dólares, es decir, que había cerca de 9 billones de pesos en interrogantes. Esa cifra, con la que el Estado hubiera podido regalar más de 200.000 casas gratis o no hacer la reforma tributaria, se entregó a través de contratos para construir una refinería que ni Ecopetrol sabía cómo hacer, lo que permitió que hubiera todo tipo de improvisaciones y gastos desmedidos. En las próximas semanas, la Fiscalía va a ordenar las primeras capturas de directivos y personas que tuvieron relación directa con los contratos y las obras. Incluso para imponer justicia y llegar hasta el origen final de los fondos, se ha llegado a mencionar la palabra extradición.

Otro caso que estaba eclipsado por el escándalo de Odebrecht tiene que ver con el manejo de las regalías y de la salud en Córdoba. La semana pasada las autoridades capturaron a los exsecretarios de Salud Edwin Preciado Lorduy y Alfredo Aruachan, así como al auditor médico Juan David Nader Chejne, quienes estarían relacionados con los pagos millonarios a unas IPS que atendieron a unos falsos pacientes hemofílicos.

Como si fuera poco, el proceso por el asesinato en 2014 del director de regalías de ese departamento, Jairo Alberto Zapa Pérez, no avanza a pesar de la confesión del autor material. Este funcionario concentró todo el poder para manejar más de 100.000 millones de pesos de ciencia y tecnología. De los convenios firmados de forma apresurada dos están en la mira de la Fiscalía y explicarían su muerte. Uno, por 17.000 millones de pesos para investigar cómo repoblar de carneros el departamento de Córdoba y así ayudar a mitigar los efectos del TLC, y otro, por 47.561 millones de pesos, para crear un corredor agroecológico Córdoba-La Guajira. De estos se desembolsaron en poco tiempo 60.000 millones de pesos. En unos hechos confusos, Zapa desapareció tras un almuerzo en el que estuvo su primo y uno de los operadores de estos convenios.

Al parecer, alguien asesinó a Zapa porque quiso incrementar el monto de su comisión, que sería del 10 por ciento. El cuerpo estuvo perdido tres meses, hasta que Joyce Hernández, desmovilizado de las autodefensas y quien participó en el almuerzo de ‘despedida’, ayudó a las autoridades a ubicar el cuerpo en Pueblo Nuevo, a hora y media de Montería. La Fiscalía no ha podido avanzar en la imputación de cargos a los supuestos responsables por las continuas dilaciones, pero investigadores tienen indicios de que detrás de este caso hay una organización criminal para robarse los recursos públicos. Entre los beneficiados estaría el exgobernador Alejandro Lyons y otros políticos del departamento. Lyons llegó a la Gobernación de la mano de los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Morales, y en 2013 se casó con la hermana de Elías. Las dos familias son de Sahagún.

Un artículo de Las 2 Orillas, publicado por un colectivo de indignados de Córdoba del año pasado, dice que “Lyons está involucrado en escándalos por corrupción como el saqueo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), botín que se repartió entre los contratistas que ellos mismos recomendaron; la muerte del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa; la inejecución de un programa sobre la cría de carneros y de otro más para incentivar las artesanías, con recursos de ciencia y tecnología… El desfalco, solo en este tinglado, llegaría a los 500.000 millones de pesos, los cuales habrían sido feriados por comisiones del 30 por ciento”.

Fuentes saludables

No es nuevo que la salud sea el sector en donde más se han ensañado los políticos para robar. Gracias a los billonarios recursos que empezaron a llegar con la Ley 100, los hospitales y EPS públicas se convirtieron en un botín predilecto. Uno de los casos más grandes es el de Saludcoop, un grupo solidario convertido en el emporio de su expresidente Carlos Palacino. A él y a su equipo directivo la Contraloría los condenó en 2013 a responder por 1,4 billones de pesos que habrían desviado para todo tipo de actividades, y la Procuraduría inhabilitó a Palacino para contratar con el Estado por 18 años. Sin embargo, en la Fiscalía el caso nunca prosperó, hasta que, en octubre pasado, tras la llegada de Néstor Humberto Martínez, lo llamó a indagatoria. Hoy lo investiga por enriquecimiento ilícito, destinación de recursos de la salud para usos diferentes a la misión de la entidad y recobros injustificados al Fosyga.

Lo increíble es que los malos manejos se siguieron presentando en esta EPS después de que el Estado la intervino en 2011. Ahora la Fiscalía tiene en la mira estas actuaciones y la contratación por más de un billón de pesos en Cafesalud.

Y no es de extrañar que esto ocurra en este sector. La Andi acaba de presentar los resultados de la encuesta sobre cómo perciben sus afiliados la corrupción. Al preguntarles cuáles son los sectores más afectados a nivel nacional, dijeron que la salud (74,7 por ciento), aduanas (70,1 por ciento), impuestos (58,6 por ciento), transporte (51,7 por ciento), minería (39,1 por ciento), ambiental (37,9 por ciento) y educación (28,7 por ciento). Según ellos los trámites que presentan mayor incidencia de insinuaciones, favorecimientos o entrega de dinero son: aduanas (62 por ciento), Alcaldías municipales (40,3 por ciento), Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Dian (37,3 por ciento), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) (29,9 por ciento) y las Secretarías de Tránsito Distritales o Municipales (28,4 por ciento).

Lo más preocupante son los datos sobre cómo perciben los empresarios la corrupción en las regiones. De acuerdo con la encuesta, los departamentos en donde más se presenta corrupción son: La Guajira (50 por ciento), Chocó (45 por ciento), Atlántico (42,5 por ciento), Bolívar y Bogotá (37,5 por ciento), Cundinamarca (23,8 por ciento), Magdalena (17,5 por ciento), Córdoba (16,3 por ciento) y Valle del Cauca (15 por ciento).

Esa percepción tiene fundamentos reales. Desde hace más de dos años Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, encontró en un estudio que en 2015 el 65 por ciento de la contratación de los municipios y el 35 por ciento de la de los departamentos se hizo mediante pliegos amañados o hechos ‘a la medida’ para beneficiar a un único proponente.

Esa modalidad ha sido una de las principales formas de despilfarro del erario y ha dejado innumerables elefantes blancos como las obras de los escenarios que albergarían los XX Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué. Allí la Alcaldía le entregó a un único proponente el proyecto para construir un parque deportivo por un valor de 90.000 millones de pesos que incluía complejo de raquetas y acuático, estadio de atletismo, tejódromo, pista de BMX, patinódromo, estadio de softbol y coliseos. Igual suerte corrió la unidad deportiva de la calle 42, que tenía un valor de 39.000 millones de pesos.

Los juegos nunca pudieron realizarse en Ibagué y tuvieron que trasladarse a otras ciudades porque los contratistas no cumplieron el cronograma de las obras y finalmente las abandonaron, dejando tras de sí más de 33 hectáreas de ladrillos y varillas abandonadas. Ahora los organismos de control comenzaron a desenredar un complejo entramado de corrupción del que Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué, sería el artífice.

Caicedo no ha sido el único que ha documentado cómo en las regiones la contratación se queda en manos de unos pocos. En agosto del año pasado SEMANA reveló un informe de la Auditoría General de la Nación que detalla cómo un grupo pequeño de empresarios crearon entre ellos unas redes para quedarse con el mayor número de contratos. Tras revisar los 20 billones de pesos que las Alcaldías y Gobernaciones contrataron entre 2014 y comienzos de 2016, los investigadores de la auditoría encontraron que 8,1 billones quedaron en 78 redes o, como las llamó la entidad: mallas empresariales. De todos esos grupos solo uno recibió el 80 por ciento del dinero de los contratos, es decir, 6,3 billones de pesos.

Los numerosos estudios, auditorías y encuestas demuestran que Colombia padece del cáncer de la corrupción e hizo metástasis. Eso ya no es lo importante, pues como se dice en el argot médico la enfermedad está sobre - diagnosticada. La prioridad en este momento es buscar un tratamiento eficiente. Pero no es fácil y requiere no solo del trabajo mancomunado de los órganos de control, sino un cambio de actitud de la sociedad colombiana ante el problema. Es necesario que se reduzca la impunidad, que los empresarios y funcionarios corruptos paguen sus condenas, que los colombianos denuncien y condenen socialmente a los corruptos y que eviten que los empresarios que financian las campañas luego obtengan los contratos.

Sobretodo se necesita que la corrupción no se convierta en algo natural en la sociedad colombiana, ya que como ha dicho el papa Francisco sobre este flagelo: “Se ha vuelto natural, al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, a una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación que implica a agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable”. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/sectores-mas-afectados-por-la-corrupcion-en-colombia/513544

La corrupción, llena de matices.

Por Juan  Diego  Restrepo E.*

 El escándalo de las últimas semanas se  convirtió en el tema obligado en Colombia y en varios países de América Latina, pero ni es nuevo ni será el último. Esas prácticas siempre prevalecen.

El caso de la firma brasileña Odebrecht revela esa condición humana de la codicia. 

La codicia es una condición humana y no hay modelo económico ni ordenamiento jurídico que impida que surja entre los ciudadanos de cualquier nivel y clase. Todos quieren ganar y enriquecerse a costa del Estado y de aquellos que buscan a los funcionarios para que los favorezcan en procesos licitatorios, pero también en otro tipo de asuntos que son menos visibles y que de alguna manera develan la responsabilidad del ciudadano en todo este fenómeno, que está lleno de matices.

El caso de la firma brasileña Odebrecht revela esa condición humana de la codicia. Unos empresarios, en su afán por obtener todo tipo de contratos de infraestructura en diversos países de América Latina y África, decidieron crear un mecanismo técnico bajo el control de la División de Operaciones Estructurales para pagar sobornos a otros codiciosos con poder de decisión y de intermediación a través de por lo menos tres filiales: la primera de ellas es Smith & Nash Engineering Company, basada en las Islas Vírgenes Británicas; la segunda es Arcadex Corporation, asentada en Belize; y la tercera es Golac Projects and Construction Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En esencia se trataba de que todos ganasen millones de dólares, unos a través de la ejecución de los contratos y otros por los servicios prestados. Es la corrupción en su estado más sofisticado para la obtención ilegal de ventajas para el interés privado. Funcionarios e intermediarios de por lo menos doce países fueron afectados por estas prácticas, que se descubrieron gracias a las tareas adelantadas por las autoridades de Brasil y Estados Unidos.

Los codiciosos en Colombia, donde Odebrecht tiene inversiones desde hace un par de décadas, no podían estar al margen de los beneficios y poco a poco se viene descubriendo el entramado de favorecimientos que beneficiaron a la firma brasileña y que construyó, como señalé antes, un mecanismo sofisticado de corrupción que buscaban ser indetectable y no lo logró. Gracias a las pesquisas de las autoridades norteamericanas se supo del impacto en nuestro país. Lo que vino después fue el resultado de la información que enviaron a nuestras autoridades.

La indignación que ha generado es bien interesante porque es la mirada a un caso que, Las páginas se nutren de opiniones cuya tendencia es una: enarbolar la lucha anticorrupción. Pero sus propósitos son miopes, pues parte de una mirada fragmentada que, de un lado, no incluye a los ciudadanos de a pie en sus análisis, quienes tampoco ven como sujetos que participan de la corrupción en sus prácticas cotidianas; y de otro, desligan el fenómeno de lo estructural y lo personalizan, cuando múltiples estudios indican que las grandes corporaciones privadas tienen prácticas de crimen organizado.

Existen comportamientos que jurídicamente son ilegales, pero son realizados y tolerados en la vida diaria. Los ejemplos abundan: evasión de impuestos; compra del pase de conducción; adquisición de la libreta militar; posesionarse en un cargo público recurriendo a la ‘palanca política’ sin mérito y conocimiento alguno; engañar a una entidad pública para obtener un subsidio… Se puede hacer un catálogo de esas prácticas cotidianas, cruzarlas con una encuesta y la gente diría que eso es “pequeña corrupción”, aceptable socialmente. Ahí comienza el problema. Pero como no hay sanciones, todo queda legitimado moral y judicialmente, y se perpetúa el engaño. ¿Cómo superar esta trama que revela una gran hipocresía de la gente?

De otro lado, la indignación sobre prácticas de crimen organizado en las que incurren las grandes empresas para lograr sus propósitos económicos son selectivas. El escándalo de Odebrecht se da por dos razones: es una firma extranjera y las pistas llegaron de las autoridades norteamericanas. Si allá no hacen nada, en Colombia felices todos.

En esas prácticas criminales han participado reputadas firmas de nuestro país que incurrieron, por ejemplo, en la “cartelización” para regular precios y atentar contra el bolsillo de la gente. ¿Se acuerdan del “cartel del papel higiénico”? ¿Alguien pagó por eso? ¿Se alzaron las voces? ¿Hubo boicot a sus productos? ¿Y qué se ha dicho contra aquellas empresas, también muy reputadas que se aprovecharon del conflicto armado para despojar de tierras a campesinos inermes? ¿Algún grito desde el Congreso? ¿Y lo de Reficar, en Cartagena, cuándo se sabrá? ¿Se ocultará como la gran corrupción que rodeó la construcción del Metro de Medellín?

Muchos hombres y mujeres de negocios tienen claro, como los mafiosos que reinan en la ilegalidad, que si es necesario quebrantar la ley para obtener beneficios no dudarán en hacerlo. Así lo hicieron esas empresas que se “cartelizaron”, también las que adquirieron tierras mal habidas. Al respecto de esas prácticas, el académico Edwin H. Sutherland aseveró que “los delitos de cuello blanco no solo son delibrados, también son organizados”. (El Delito de cuello blanco, Madrid, 1999).

Lo que se observa en la codicia de aquellos hombres y mujeres de negocios es, siguiendo a Sutherland, un gran desprecio de la ley y el orden porque ambas les impiden sus conductas delictivas; pero lo que los acompaña también es una gran debilidad por atesorar riqueza y mostrarse socialmente como exitoso. Tal cual hace el ‘traqueto’ emergente de barrio o el que logra escalar en la pirámide del crimen organizado. Ambos coinciden en sus desprecios y debilidades.

La discusión sobre la corrupción tiene sendos matices que deben ser valorados en su conjunto para evitar la fragmentación del análisis que, como toda fragmentación, muestra unos aspectos, pero oculta otros, quizás más graves que los visibles.

 (*) Periodista, director del portal VerdadAbierta.com

http://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-restrepo-e-la-corrupcion-en-colombia/512951

La otra cara

Un contratista frustrado que no está en la rosca habla de su calvario

Yo busco contratos por todas partes, conozco cómo funciona este negocio en otros países y puedo decirle que el estado de corrupción en Colombia es masivo y generalizado. Y eso no pasa en todos lados. Aquí es una epidemia. Solo tal vez le ganan en gravedad vecinos como Venezuela, Perú y Panamá.        

Como todas las enfermedades contagiosas, cuesta mucho exterminarla. Esto requiere que el presidente de la República se meta de lleno. No solo decirlo. Hay que hacerlo. Están saqueando al país.

Lo de Bogotá está pasado de moda. Pero eso de Bogotá pasa en todo el país. Se convoca, por ejemplo, a un concurso a las 6 de la tarde de un día y se fija para el día siguiente a las 8 de la mañana una visita con el consorcio constituido ¿Qué es eso?

Cada día es más evidente que las licitaciones son hechas como un traje a la medida. Los que hacen los pliegos, sobre todo, utilizan el ítem de la experiencia para poner una característica que solo encaja en un proponente.  

Le voy a contar un caso, no de los míos, porque no puedo revelar mi identidad, pero sí de un colega. Se trataba de un contrato de 10.000 millones de pesos para una especie de monumento en los cementerios de Bogotá. La adjudicación la dejaron, no recuerdo bien, si para el 23 o 28 de diciembre del año pasado. Eran cinco proponentes y eliminaron a los tres que hicieron las ofertas más baratas y dejaron solo a dos: el elegido con anticipación para ganar y otro, que como tenía la oferta más cara, les servía de comparsa. Pero resulta que el que estaba destinado a ganar no había entregado uno de los documentos que es requisito para poder participar. Según me cuentan, los que iban a perder le exigieron a la funcionaria de la Secretaría de Gobierno que mostrara el documento. Ella no les hizo caso, llamó a la Policía para que sacara al proponente porque perturbaba el orden y adjudicó el contrato a una empresa santandereana a la que le fue muy bien cuando Iván Moreno, el hermano del alcalde de Bogotá, estaba de alcalde de Bucaramanga.  

Y así es todo. Por las zonas del país donde yo me muevo piden de entrada, como 'mordida', hasta la mitad del contrato. Es decir, si el contrato es de 80.000 millones de pesos, si uno acepta las condiciones que imponen en ese departamento, se lleva solo para ejecutar la obra 40.000 millones.

Si usted me pregunta dónde se puede participar con méritos, lo único que se me ocurre es decirle que una entidad en la que se puede competir limpiamente es en Fonade. Y entonces allá se presentan cien proponentes. Gente que como yo no tiene cómo ni puede pelear en las otras ligas. Hay ciudades como Medellín y Cartagena en las que no he intentado concursar.  
Y esto se está agravando. A una firma privada, que desde hace 15 años colabora con una empresa pública de Bogotá, apenas ahora le empezaron a pedir 'mordida' por primera vez. Eso significa que los tentáculos crecen.

Y se dan cosas insólitas, como por ejemplo, que un representante de una de las empresas de los Nule se les acercaba a los contratistas de la ciudad a venderles de a pedacito de la 26. La estaban vendiendo de a un kilómetro. Y para colmo, pedían el 10 por ciento.

Yo he decidido que no voy a arriesgar mi vida, ni mi empresa, ni mi familia por algo que no voy a poder cumplir. Yo mejor me dedico a otro trabajo. A mí nadie me extorsiona.

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-otra-cara/236421-3

'Las regiones están llenas de grupos  Nule':  Juan Martín Caicedo

El presidente de la CCI  denuncia la corruptela en municipios y

departamentos. Entrevista.

El escándalo sobre  corrupción en los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht se ha limitado en Colombia a un tramo de la Ruta del Sol y se investiga el contrato de navegabilidad del río Magdalena. Pero, en el plano nacional, el escándalo no contamina la contratación en el país. Deja al descubierto sí una grave corruptela en gobernaciones y municipios, que el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, no vacila en calificar de “perversa”.

Él asegura que las contralorías “están podridas” y que urge la aprobación nacional del llamado “pliego tipo”, así como la financiación pública de las campañas. Denuncia que en la corrupción está comprometida la clase política y también la empresarial.

“En términos generales, los contratos, sobre todo los que se han adjudicado en los últimos años, van muy bien. Se han adjudicado con transparencia cerca de 20 vías dentro del programa de cuarta generación de concesiones viales, por un valor de 40 billones de pesos. Estamos haciendo inversiones anuales de 400 millones de dólares para optimizar la operación de los puertos marítimos. En aeropuertos, se adelanta una inversión cercana a los 3 billones de pesos para modernizar 48 terminales. Se avanza en la recuperación del ferrocarril Bogotá-Chiriguaná y también del Bogotá-Belencito, y el Gobierno se empeña en salvar el Tren del Pacífico. En síntesis, la corruptela de Odebrecht no detendrá la marcha de la infraestructura sana en el país”.

¿Cómo se ha logrado semejante avance sin ninguna queja?

Las carreteras para la prosperidad, los corredores de mantenimiento integral, las vías para la equidad, a cargo del Invías, han utilizado el esquema de los documentos estandarizados. Invías ha implantado la modalidad de un pliego-tipo. De alguna manera, es injusto entonces que la mancha de Odebrecht se descubra justamente cuando el país ha empezado a hacer las cosas bien en materia de infraestructura, especialmente en el nivel nacional.

¿El episodio Odebrecht es la única manifestación de corrupción?

No, de ninguna manera. Es grave, muy grave, lo que está sucediendo en las regiones. En un 76 por ciento la contratación de los departamentos está manejada para únicos oferentes, y en un 96 por ciento sucede lo mismo en los municipios.

¿Por qué ocurre ese fenómeno de corrupción?

Se están devolviendo favores políticos a través de la contratación en el nivel regional. Se han relajado en exceso las instancias de control regional, vale decir, las contralorías regionales. Se politizaron esas entidades. Se pudrieron. Los políticos que, de manera indebida, intervienen en la contratación de departamentos y municipios tienen cuotas políticas en dichas contralorías. En principio, estaríamos de acuerdo con el contralor general, Edgardo Maya, en el sentido de que se haga una gran reingeniería en torno a esos entes, para que no estén cooptadas y permeadas por la corruptela política. Son coto de caza de la politiquería.

Pero ¿cómo practicar lo que usted llama la reingeniería?

Hay que cambiar totalmente el esquema operativo de esas entidades. No es sano que nos quedemos sin control en las regiones. Si eso no es posible, estaríamos finalmente de acuerdo con que es mejor acabarlas.

¿Qué otros aspectos podría tener esa reingeniería?

La adopción de un pliego-tipo vinculante por ley de la República; eso haría más racional, fácil y revisable el trabajo de las contralorías. Puntualmente, ¿qué es lo que pasa con la contratación en las regiones?

Se manipulan los requisitos habilitantes y los criterios para calificar, para que los pliegos conduzcan a un único oferente. Si se acaba tal perversidad, se abre el camino, además, a la presencia de muchos oferentes en los procesos licitatorios.

¿Por qué es tan tajante cuando afirma que las contralorías están podridas?

Porque están totalmente podridas. Hay un vínculo perverso entre política y contratación: el de los puestos y los contratos. Es un problema del sistema: el político que busca contratos lleva hojas de vida a las contralorías para que desde allí se protejan, con el silencio, los contratos corruptos. Por eso, lo que está sucediendo en las regiones no ha tenido freno ni control.

¿Cómo se puede corregir, enmendar o acabar semejante situación?

El presidente Santos ha hecho ya un buen un anuncio sobre el particular: acabar con la financiación privada de las campañas. La elección popular de alcaldes y gobernadores nos metió en una paradoja muy curiosa: ganamos en democracia, pero perdimos en transparencia. Lo que estamos viendo en muchos pueblos y en capitales de departamento es que el gamonal del territorio financia la campaña, pero a condición de que después se le retribuya con contratos. Como usted puede ver, lo que está fallando no es la ley; es un problema del sistema.

La aprobación del pliego tipo y de la financiación oficial de las campañas demora.

¿Cómo detener, mientras tanto, la corrupción regional?

Suena un poco romántico, pero no podemos seguir estimulando a la clase política con el argumento de que, si vota las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, se le retribuye con puestos y contratos. Eso hay que acabarlo. Es una decisión de país.

Pero toda esta corrupción no existiría si no participa el sector privado...

Así es. Así como hay funcionarios corruptos, hay también contratistas corruptos. Estos últimos, generalmente, se acercan al funcionario proclive a la corrupción en busca de un ‘acuerdo’ para que se le otorguen contratos en determinadas condiciones, y la coima se reparte finalmente entre los dos. En otras ocasiones aparece un intermediario político –llámese concejal, diputado o congresista– que hace una especie de puente entre el contratista corrupto y el funcionario que también lo es. En este caso, la coima no se reparte entre dos sino entre tres.

¿Usted dice que la clase política está corrupta en materia de contratación?

De ninguna manera puedo generalizar. Hay sectores transparentes en la política. Pero, en términos generales, sí hay un fenómeno de corrupción propiciado por la clase política. Claro, juegan también contratistas privados que contribuyen con sus dádivas a la degradación del papel del servidor público que se corrompe.

¿Las coimas existen porque las admiten la clase política y el sector privado?

Evidentemente. En ocasiones, el origen de la contratación corrupta está en el sector privado. Ese es, por ejemplo, el caso del escandaloso y repudiable soborno ofrecido por Odebrecht a un funcionario.

¿La corrupción política no se origina en que las campañas electorales son costosas?

Claro. Hay que ponerles unos topes racionales a las campañas para que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones. En la medida en que son costosas, se genera este vínculo perverso entre el funcionario elegido y el gamonal que después exige retribución por la financiación de la campaña, usualmente a través de contratos. Por eso, la financiación estatal de la política, con topes racionales al valor de las campañas, es un paso en la dirección correcta.

¿Qué es el pliego tipo? Porque una cosa es una carretera y otra, un puente...

Lo estandarizable no son las circunstancias técnicas de los proyectos. Cuando se habla de pliego tipo, se trata de un proceso contractual donde se estandarizan las condiciones habilitantes en materia de experiencia, de capacidad financiera y los criterios de calificación de los contratistas, para evitar así que lleguen únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos. Si hay pliego tipo, se les cierra la puerta a lo que hemos llamado los ‘pliego sastre’, hechos a la medida de un determinado interés. Es tal vez esta la gran modificación que amerita un ajuste a la Ley 80 de 1993.

¿Por qué ese paso no se ha dado?

Porque ha faltado una mayor convicción en los gobiernos de turno. El Vicepresidente y el Ministro de Transporte lideran un proyecto que cursa en el Senado, y que establece esta figura, la del pliego-tipo. Pero a veces uno siente angustia porque no se ve unanimidad dentro del Gobierno en relación con la bondad de este instrumento.

¿Por qué dice que no hay unanimidad en el Gobierno sobre el pliego tipo?

Colombia Compra Eficiente, que es la Agencia Nacional de Contratación, creada por el Gobierno para propugnar por las buenas prácticas en esta materia, no es muy amiga del pliego tipo, con un argumento que en el gremio que represento no compartimos. Según ella, hay que respetar la “autonomía” de las regiones y la “autonomía” de los funcionarios en los territorios.

¿La Agencia Nacional de Contratación?

Sí, la que maneja y dirige una profesional de los mejores quilates, la ‘Paca’ Zuleta. Ha sido la misma Corte Constitucional la que ha dicho que, tratándose de un interés nacional, como es en este caso la transparencia en la contratación, la autonomía de las regiones tiene límites y 11 fronteras. De manera que no es válido el argumento de la autonomía; si ese argumento fuera válido, estaríamos llegando a la conclusión de que, en Colombia, la corrupción también es autónoma.

¿Hasta dónde son necesarias más y más leyes para frenar la corrupción?

Hay que tener cuidado con no jalarle mucho al fetichismo jurídico. El problema no está en las normas, es un problema del sistema, que no se corrige a través de cambios legales. Se corrige cambiando el comportamiento de los funcionarios y los contratistas. Mire usted, ¿qué pasó con el fenómeno Nule y qué pasó en esos contratos corrompidos? La génesis de estos no radica en fallas de la ley, sino en fallas de los funcionarios.

¿Las regiones están llenas de ‘grupos Nule’?

Desafortunadamente, sí, pero desde allá no son tan visibles. Tales grupos han cooptado la mayor parte de la contratación en las regiones. Son los mismos contratistas regionales desde hace 15, 20, 25 años. Son pequeños grupos Nule regados como una mancha de aceite por el país, y eso no es un problema de ley.

¿Los empresarios tienen claridad sobre el tamaño hoy del soborno?

Sí. Hace unos pocos años se hablaba en Colombia de que el funcionario se contentaba con una retribución o un soborno equivalente al 10 por ciento del valor del contrato. Esa suma asciende hoy en día, según una encuesta realizada por la Cámara que presido, al 14 por ciento del valor del contrato en los departamentos y al 15 por ciento en los municipios. Esto es un desangre.

¿Quiénes son los grandes afectados por la corrupción en la contratación?

Los contribuyentes, los usuarios de las obras y el inmenso grupo de pequeños y medianos empresarios –vale decir, las pymes de ingeniería–, que en Colombia son cerca de 90.000 empresas de bien que se han quedado por fuera de la contratación, por la práctica nefasta de los pliegos hechos para únicos oferentes, hechos a la medida. Esas pequeñas y medianas empresas se defienden hoy como subcontratistas de empresas mayores. Una encuesta realizada por la Cámara a mi cargo demuestra que casi el 50 por ciento de ellas, desde hace cinco años, no han podido contratar con el Estado. Eso es grave. No es justo que solo participen los grandes consorcios y queden por fuera las pequeñas y medianas empresas de ingeniería.

En el 2016, en 26 procesos llegaron 2.000 ofertas, para un promedio por oferta de 76 oferentes. Esto es una revolución silenciosa.

Celebramos que el propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hubiese anunciado hace dos días su decisión de adoptar el pliego-tipo en las localidades de la capital. Recuerde usted la corrupción rampante evidenciada en esas localidades en el reciente pasado, hasta el punto de que una decena de funcionarios de la pasada administración capitalina están siendo investigados por tal motivo.

A pesar de Odebrecht, la infraestructura seguirá su marcha, pero tendremos que hacer una gran reforma del sistema político, no necesariamente de las leyes, si en verdad queremos que la plata de los colombianos no se la sigan robando los contratistas y los funcionarios corruptos. La campaña electoral que se avecina estará irremediablemente vinculada a ese imperativo.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-de-yamid-amat-a-juan-martin-caicedo-sobre-la-corrupcion-regional/16803390

Reficar:  Contraloría pone la lupa a contratos por 1.000 millones de dólares

El organismo de control evaluará los estados financieros

de la refinería en una nueva etapa de la auditoría.

Luego de que el contralor Edgardo Maya denunció un detrimento patrimonial por 8,5 billones de pesos en la construcción de la Refinería de Cartagena, la Contraloría inició una nueva etapa de la auditoría.

En esta actuación especial el organismo de control se enfocará en evaluar una muestra de contratos por aproximadamente 1.000 millones de dólares. En la anterior auditoría fueron revisados contratos por 1.730 millones de dólares en los que encontraron 943 millones de dólares de gastos que no están justificados.

Además, revisarán los estados financieros de la vigencia 2016. La Contraloría pondrá la lupa en los pagos dobles y triples que les dieron a algunos contratos cuyo objeto ya había sido efectuado. También ahondarán en las redes contractuales que fueron identificadas en la anterior auditoría. Estas redes consistían en que "varios contratistas que de alguna manera se compartían actividades de la refinería como los suministros".

El organismo de control aseguró que no le dio validez a la información que fue suministrada por Reficar al considerar que "se encontraron hechos que evidencian una gestión fiscal ineficiente, como pérdidas importantes y otras situaciones en su activo, que evidencian un desempeño no deseado".

Debido a que en la auditoría pasada la Contraloría había denunciado que se entregó la información incompleta, ilegible y diferente a la solicitada, están evaluando una posible apertura de dos procesos sancionatorios contra la firma CB&I, que construyó el complejo.

Un grupo de 16 expertos forenses en auditoría, entre los que se encuentran ingenieros civiles, de petróleos y de sistemas; abogados, contadores, economistas y administradores financieros, estará a cargo de la actuación especial. El proceso auditor finalizará y será liberado el 30 de junio.

http://www.semana.com/nacion/articulo/reficar-contraloria-revisara-contratos-por-1000-millones-de-dolares/513207

Robo de 30.000 millones, tras asesinato de jefe de Regalías en Córdoba.

Contraloría alerta irregularidades en proyectos de ciencia y tecnología, relacionados con el crimen.

Por:  MILENA SARRALDE D.

El desfalco de 30.000 millones de pesos que debían destinarse para crear proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Córdoba estaría tras el asesinato, en el 2014, del director de Regalías de ese departamento, Jairo Zapa Pérez.

Casi tres años después de que su cuerpo fue encontrado en una finca cerca de una propiedad del padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, la Contraloría comenzó a desentrañar el oscuro negocio que se habría tejido con las regalías en esa zona, y que habría sido el detonante para el homicidio de Zapa.

Por ese crimen la Fiscalía General ya ha capturado desde el 2014 a 9 personas y se alistan nuevas decisiones que enredarían a un reconocido político del departamento.

En una investigación de la Contraloría, conocida por EL TIEMPO, se encontró que la administración de Lyons giró millonarios recursos a cinco cooperantes para realizar los proyectos: la Universidad del Sinú, la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, la Corporación de Áreas Naturales Protegidas, la Corporación de Investigación y Fomento Forestal y la Fundación George Dahl. De manera inexplicable esas instituciones subcontrataron la mayoría de actividades a una empresa creada tan solo 6 meses antes de que se iniciara el contrato.

Se trata de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), cuyo representante legal, Jesús Henao Sarmiento, fue capturado y señalado como autor intelectual de la desaparición y asesinato de Zapa. La mayoría de recursos que llegaron a su corporación se perdieron, y la empresa fue liquidada siete meses después de empezar el contrato, lo que ha impedido recuperar la plata que se le pagó.

“Buena parte de los recursos públicos que llegaron a esta empresa se esfumaron, sin que para la Contraloría haya evidencia de dónde están, la ejecución completa de los proyectos está en veremos y no hay soporte documental de las actividades adelantadas”, asegura la investigación.

Por esto la Contraloría concluyó que “la administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus no ejerció los controles requeridos”. De hecho, dice el informe, se ha encontrado que la gobernación de Lyons tenía “afán por girar los recursos asignados a los distintos proyectos”.

Uno de los proyectos más cuestionados era una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño Córdoba-La Guajira, en la cuenca del río Sinú en el que, por ahora, se ha encontrado un detrimento de $ 8.904 millones. Para ese plan se asignó un presupuesto de 50.548 millones de las regalías. Y aunque era un proyecto que iba hasta el 2024, solo en los dos primeros años se ejecutaron la mayoría de recursos, pues ya se giraron 30.000 millones a la empresa de Henao.

Otro proyecto es el de mejoramiento genético de carneros, con el que se pretendía disminuir el impacto del TLC en Córdoba, donde se han encontrado pérdidas de más de 5.115 millones de pesos. Para ese plan se destinaron 16.680 millones y ya se han girado a la empresa de Henao 11.000 millones. El avance del plan va a apenas en un 43 por ciento.

Aunque el objetivo era asignar 13.000 carneros a 500 campesinos, luego la meta se cambió por 6.000. La Contraloría dice que nada más hay documentación de 3.000.

A esto se suman las pérdidas en un proyecto sostenible de caña flecha, a través de artesanías, para el que la Gobernación pagó $ 3.063 millones. Aunque apenas ha avanzado en un 35 por ciento el contratista ya recibió el 95 por ciento de recursos. “Más del 60 por ciento de dineros destinados a este proyecto se perdieron”, dice la Contraloría.

La investigación también encontró otro contrato con el que supuestamente se buscaba mejorar la adaptabilidad de los cultivos de tilapia, bocachico, bagre blanco, pargo manglero, entre otros peces. Ese proyecto ni siquiera cuenta con el permiso de pesca investigativa, pues se venció en mayo del 2016.

Aunque los cooperantes le entregaron al contratista todos los recursos que pudieron (el 86 por ciento del presupuesto, que en total era 13.380 millones de pesos) el proyecto sigue atrasado hasta el punto que el lote que se arrendó para cultivar peces está vacío.

A la Contraloría le llama la atención la actuación de los cooperantes porque, a pesar de que las normas sobre los contratos de ciencia, tecnología e innovación indican que los convenios no pueden ser con ánimo de lucro, en los cinco proyectos auditados se encontró que todos se quedaron con ganancias que no devolvieron y tuvieron como subcontratista a la cuestionada firma de Henao.

La vena rota

Entre el 2012 y el 2015, el Fondo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional recibió recursos por 3,3 billones de pesos, pero solo se usaron 2,2 billones para 271 proyectos. La Contraloría ha detectado que ese fondo no se está usando de manera eficaz, lo que lleva a que “se desvíen recursos del cumplimiento de su cometido”. Uno de los problemas es que las decisiones sobre su uso dependen de gobernantes locales, que muchas veces son de municipios con las mayores falencias en capacidades científicas.

MILENA SARRALDE D.
Redacción Justicia
justicia@eltiempo.com

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/robo-millonario-y-asesinato-de-jefe-de-regalias-en-cordoba/16798657