Fracking: una apuesta riesgosa para Colombia
Medio Ambiente | 2016/07/02
Con poca información y menos
preparación, el gobierno ya firmó 13 contratos para explotar petróleo con esta
controvertida tecnología. Le explicamos por qué el remedio del fracking puede
resultar peor que la enfermedad de la escasez petrolera.
El
petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y
abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo
alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser
productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada
por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la
exploración y la producción.
Este
panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la
puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de
yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa
fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no
es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para
mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.
Lo nuevo
es sacar petróleo de donde nunca antes se había logrado. A diferencia de los
yacimientos convencionales, mucho más sencillos de explotar, con el fracking se
trata de romper la roca madre de la tierra, a kilómetros de profundidad. Para
lograrlo, las empresas inyectan a gran presión millones de litros de agua
mezclada con químicos, para así extraer el petróleo o el gas atrapados en ella.
El
fracking es producción de hidrocarburos a otra escala y magnitud. Según el
Government Accountability Office (GAO), la oficina estadounidense que provee
información científica al Congreso de ese país, la cantidad de agua usada en un
pozo varía con la geología del yacimiento, pero en los no convencionales suele
estar entre los 19 y los 46 millones de litros por pozo (una piscina olímpica
tiene aproximadamente 2,5 millones).
Esta
tecnología es objeto de un fuerte debate en todo el mundo, pues a ese uso
intensivo de agua se suman el riesgo de contaminar acuíferos superficiales y
subterráneos con materiales radioactivos y gas metano y el aumento de la
sismicidad en los lugares donde se aplica. El martes 21 de junio, después de
cuatro años de discusión, la coalición gobernante de Alemania acordó prohibir
el fracking indefinidamente, aunque se permitirán perforaciones de prueba
previo permiso de las autoridades locales.
Si el
parlamento aprueba la ley, Alemania se sumaría a Francia en la prohibición de
esta práctica. Incluso en Estados Unidos, país que logró su soberanía
energética gracias al fracking y que ha servido de ejemplo para Colombia en
esta materia, estados como Nueva York declararon una moratoria frente al tema y
en las regiones que sí lo admiten se están multiplicando las evidencias de sus
impactos negativos. (Vea también: Los ríos en llamas que traería el fracking a
Colombia).
Un
reciente artículo publicado en la revista Science afirma que en Oklahoma, uno
de los estados que permite el fracking, los sismos entre 2008 y 2013 han
aumentado 40 veces con respecto al periodo 1976-2007. Otro estudio, realizado
por investigadores de la Universidad de Duke, reúne evidencias de contaminación
de aguas subterráneas y superficiales por cuenta de fallas en los pozos y de la
inadecuada disposición de las aguas residuales del fracking.
A pesar de
estos precedentes, en Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y
producción para hacer fracking en yacimientos no convencionales ubicados en
Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
De ese total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de Interés Estratégico
para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades
económicas del Estado. Por eso reciben tratamiento especial para que sus
procesos de licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más
expeditos.
Según la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no hay solicitudes en curso para
exploraciones de fracking. Esto se debe en gran parte a que el proyecto más
avanzado, ubicado en San Martín y a cargo de la multinacional Conoco Phillips,
lleva varios meses paralizado porque miles de habitantes de ese municipio del
Cesar han impedido terminar el proceso de socialización requerido antes de
solicitar la licencia ambiental.
Carlos
Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los
Ecosistemas, que agrupa a los opositores del fracking en San Martín, afirma que
“en Cesar hemos sufrido el desabaste- cimientode agua y no queremos que la que
queda se utilice para el ‘fracking’. Esa tecnología es muy peligrosa porque le
echa un montón de químicos al agua y además puede llegar a contaminar las fuentes
hídricas subterráneas”.
Sin
embargo, el gobierno está empeñado en convencer a los sanmartinenses, y de paso
a todo el país, de que en Colombia se pueden aprovechar los beneficios del
fracking sin sufrir sus probables consecuencias negativas. Argumenta que los
recursos petroleros son necesarios para financiar la inversión social y el
posconflicto, mientras que los riesgos se pueden manejar con una reglamentación
rigurosa y un control estricto.
Reglamentación
sin información
Desde
2012, cuando empezó a entregar en concesión los primeros bloques para fracking
en yacimientos no convencionales, el gobierno empezó a construir una
normatividad específica para esta actividad. Al efecto la ANH realizó cuatro
talleres en los que participaron 24 conferencistas internacionales y 235
funcionarios de entidades nacionales y locales y algunos académicos. Y realizó
tres visitas a campos en producción, una en Canadá y otras dos en Estados
Unidos.
Así mismo,
la ANH contrató al experto estadounidense David Neslin para que proporcionara
las bases para la reglamentación técnica, los términos de referencia para los
estudios de impacto ambiental y los requerimientos para los planes de manejo
ambiental. Para el gobierno, como resultado de esa estrategia, Colombia cuenta
hoy con una regulación soportada en el mejor conocimiento disponible acerca de
las mejores prácticas internacionales en lo que a fracking se refiere. (Vea
también: “Ante el fracking precaución”, dice la Asamblea Euro-Latinoamericana)
Sin negar
la importancia de la experiencia de otros países, varios expertos y hasta la
Contraloría General de la República coinciden en que la reglamentación
colombiana se desarrolló con base en una precaria información sobre las
condiciones geológicas e hidrológicas propias del país.
Por
ejemplo, la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas, que contiene los
lineamientos técnicos para el fracking, cuenta con expresiones genéricas como
“se estima que los yacimientos no convencionales se encuentran entre los 1.500
y los 2.400 metros de profundidad en Colombia, a más de 1.000 metros de donde
se encuentran más comúnmente los acuíferos aprovechables para consumo humano”.
El geólogo
Julio Fierro explica que a diferencia de Estados Unidos, donde las aguas
subterráneas tratables tienen una profundidad máxima de 400 metros, en Colombia
municipios como Tenjo se surten de aguas ubicadas a 1.500 metros y en la
Orinoquia existen datos de aguas de muy baja salinidad a 2.000. “Aquí no existe
un inventario completo de acuíferos, el Ingeominas tiene un Atlas de Aguas
Subterráneas de Colombia pero está a escala 1:500.000 y solo cubre el 30% del
territorio nacional”, afirma Fierro.
Algo
parecido ocurre con la información sismológica del país, pues la cartografía
geológica cubre apenas el 52% del territorio. Esta carencia se torna más
delicada si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, donde hay información
detallada al respecto, no se ha podido establecer el grado de relación entre la
inyección de los fluidos del fracking en el subsuelo y la ocurrencia de sismos.
Por esa
razón, en 2012, la Contraloría emitió una Función de Advertencia y el año
pasado, en un seguimiento a dicha medida, aseguró que la regulación sobre
fracking “requiere mayores adelantos en materia de generación y aplicación de
conocimiento técnico y ambiental local para evitar efectos negativos sobre los
recursos naturales, el agua y la salud pública”.
En enero
de 2014, la ANH firmó un convenio con el Servicio Geológico Colombiano para
levantar la información de sismicidad y de geología estructural que permita
generar el mapa sísmico del Valle Medio del Magdalena (en donde está San
Martín). Así mismo, está en negociaciones con Colciencias para conseguir la información
hidrogeológica en las regiones donde se encuentran los bloques asignados para
fracking.
Mientras
terminan esos estudios, la regulación para esta técnica en Colombia establece
que las empresas interesadas en explorar yacimientos no convencionales deben
proveer las líneas bases de acuíferos y de fallas geológicas en sus bloques.
“El grado de desconocimiento es tan alto que primero se debió investigar y
después sí hacer la reglamentación. Aquí se alteró el orden de esos factores y
las consecuencias podrían ser irreversibles”, advierte Fierro.
¿Quién hace cumplir las normas?
A pesar de
estos vacíos en la información, el gobierno afirma que Colombia tiene una de
las regulaciones más estrictas del mundo para el fracking. Aun suponiendo que
esto fuera cierto, está el interrogante sobre si el Estado es capaz de vigilar
su cumplimiento. Y en este aspecto no parece haber razones para el optimismo,
ni siquiera entre los que apoyan esta actividad. Según Édgar Aguirre, director
de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, “los riesgos del ‘fracking’
se podrían reducir con un estricto seguimiento de las autoridades ambientales,
pero desafortunadamente estas no tienen la capacidad de dar esas garantías”.
Para
Carlos Vargas, profesor del Departamento de Geociencias de la U. Nacional, “el
gobierno tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar la necesidad de
acceder a los recursos petroleros mediante el ‘fracking’ con una pertinente
gestión ambiental. Pero con sus instituciones desarticuladas y concentrando sus
acciones de forma asincrónica en tiempo y espacio, no podrá lograrlo en los
tiempos que requiere la Nación”.
En la
respuesta a un derecho de petición interpuesto por Dejusticia y WWF, el
Ministerio de Ambiente afirma que el fortalecimiento institucional de la Anla
es una de sus prioridades.
Sin
embargo, los recientes escándalos que protagonizó la entidad por el
otorgamiento de licencias en lugares protegidos, sumado al incomprensible
reversazo en el nombramiento de Rodrigo Suárez en la dirección, muestran que
Anla todavía está lejos de merecer la confianza de la ciudadanía.
La complicada licencia social
En San
Martín, Cesar, miles de habitantes se han manifestado en contra del proyecto de
la empresa Conoco para explotar petróleo mediante el fracking.
Algo ha
cambiado en la conciencia ambiental de los colombianos. Como nunca antes la
sociedad, sobre todo urbana, parece más receptiva ante la importancia de cuidar
el medioambiente. Las movilizaciones a través de redes sociales y en las calles
de algunas ciudades cuando se conoció la licencia de exploración cerca de Caño
Cristales o la intención de explotar oro en el Valle del Cocora muestran que
hay una menor disposición a asumir los costos ambientales de un modelo de
desarrollo basado en extraer los recursos naturales.
La actual
crisis petrolera no se explica solo por la caída de los precios. Al país lo
recorre una ola antiextractivista que se expresa en huelgas, paros, demandas,
intentos de consultas populares, entre otras manifestaciones públicas. Las
comunidades quieren tener mayor capacidad para decidir sobre sus territorios, y
sentencias como la emitida por la Corte Constitucional en favor de la autonomía
local han potenciado ese deseo.
Un claro
ejemplo es San Martín, donde gran parte de la población se ha manifestado
contra el fracking mediante el bloqueo de las áreas de trabajo de la compañía
Conoco, con lo que se ha retrasado el avance del proyecto de exploración. A
pesar de que allí han hecho presencia funcionarios de la ANH y de los
Ministerios del Interior y de Ambiente, Carlos Santiago, el líder de los
opositores al fracking en San Martín, afirma que está por comenzar un proceso
de recolección de firmas para convocar a una consulta popular sobre el tema.
En Puerto
Wilches y en Barrancabermeja, dos de los municipios de Santander donde también
existen contratos de exploración para fracking, ya se registran las primeras
manifestaciones de inquietud. En ambos casos, la incertidumbre frente a una
actividad riesgosa se combina con la falta de confianza en las autoridades para
manejarla.
Con este
panorama queda claro que, por ahora, el camino que trazó el gobierno para
expandir las menguantes reservas petroleras del país mediante el fracking está
lleno de riesgos y conflictos. Todos los expertos consultados para este
artículo coinciden en que incluso si se diera el escenario ideal de que todos
los proyectos avanzaran sin inconvenientes y que el precio del petróleo hiciera
rentable la explotación, el primer barril de crudo obtenido mediante fracking
no saldría sino dentro de cinco años.
Esto
significa que la discusión va más allá de la actual coyuntura, pues las
determinaciones que se tomen ahora van a tener efectos a largo plazo. Por eso,
la decisión de permitir o prohibir el fracking no debería depender de la voluntad
de un gobierno, sino de un consenso de país. Nadie puede negar la importancia
del petróleo en la vida cotidiana y creer que es posible superar esa
dependencia de un momento a otro carece de sentido.
Colombia
seguirá necesitando hidrocarburos, pero la pregunta es si el fracking es la
mejor manera de conseguirlos. Los comprobados impactos negativos de esta
técnica, sumados al poco conocimiento del territorio, la debilidad
institucional y una opinión pública desfavorable, no permiten pensar en aplicarla
sin causar graves daños ambientales y aumentar los conflictos sociales. Por
esas razones, el remedio del fracking puede resultar peor que la enfermedad de
la escasez petrolera.
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fracking-una-apuesta-riesgosa-para-colombia/35505
