La lucha por reducir las
desigualdades se ha centrado durante mucho tiempo en la distribución equitativa
de la riqueza. Desde hace varias décadas, un nuevo tipo de reivindicación
articula la exigencia de redistribución respetando las diferencias, las identidades
minoritarias y la lucha contra la discriminación. ¿Se puede concebir la
relación entre estas dos concepciones, de forma que se refuercen
recíprocamente?
por Nancy Fraser
El “reconocimiento” se ha impuesto como un concepto clave de nuestra
época. Heredada de la filosofía hegeliana, esta noción halla una pertinencia
inédita en un momento en que el capitalismo acelera los contactos
transculturales, rompe los esquemas de interpretación y politiza las
identidades. Diversos grupos, movilizados bajo la bandera de la nación, la
etnia, la “raza”, el género, la sexualidad luchan “para que se reconozca una
diferencia”. En estas batallas, la identidad colectiva reemplaza a los
intereses de clase como lugar de la movilización política: es más frecuente
exigir ser “reconocido” como negro, homosexual, habitante del departamento de
la Corrèze o religioso ortodoxo que como proletario o burgués; la injusticia
fundamental ya no es sinónimo de explotación sino de dominación cultural.
¿Constituye esta mutación un desvío
hacia una forma de balcanización de la sociedad y un rechazo a las normas
morales universalistas? (1) ¿O, por el contrario, ofrece la perspectiva de una corrección de
la ceguera cultural asociada a una lectura materialista, desacreditada por la
caída del comunismo de tipo soviético y que, al no ver la diferencia, refuerza
la injusticia universalizando falsamente las normas del grupo dominante? (2).
Se enfrentan, aquí, dos concepciones globales de la injusticia. La
primera de ellas, la injusticia social, resulta de la estructura económica de
la sociedad y adquiere la forma de la explotación o la miseria. La segunda, de
carácter cultural o simbólico, emana de los modelos sociales de representación
que, al imponer sus códigos de interpretación y sus valores, y al buscar la
exclusión del otro, engendran la dominación cultural, el no reconocimiento y
por último el desprecio.
Esta distinción entre la injusticia cultural y la injusticia económica
no debe borrar el hecho de que, en la práctica, ambas formas se imbrican a
menudo de manera que se refuerzan dialécticamente. La subordinación económica
impide, en efecto, cualquier participación en la producción cultural, cuyas
normas en sí mismas están institucionalizadas por el Estado y por el mundo
económico.
El remedio para la injusticia económica pasa por cambios estructurales:
distribución de los ingresos, reorganización de la división del trabajo,
sumisión de las decisiones de inversión a un control democrático,
transformación fundamental del funcionamiento de la economía, etc. Este conjunto,
todo o en parte, atañe a la “redistribución”. El remedio para la injusticia
cultural, por su parte, reside en el cambio cultural o simbólico: reevaluación
de las identidades despreciadas, reconocimiento y valorización de la diversidad
cultural o –más globalmente– transformación general de los modelos sociales de
representación, que modificarían la percepción que cada uno tiene de sí mismo.
Este conjunto atañe al “reconocimiento”.
Ambos conceptos divergen en su concepción de los grupos víctimas de la
injusticia. En el marco de la redistribución, se tratará de clases sociales en
sentido amplio, definidas en principio en términos económicos, según su
relación con el mercado o los medios de producción. El ejemplo clásico es la
idea marxista de la clase obrera explotada, pero esta concepción incluye
también a los grupos de inmigrantes, las minorías étnicas, etc. En el marco del
reconocimiento, la injusticia ya no está ligada a las relaciones de producción
sino a una falta de consideración. En general, suele citarse el grupo étnico,
que los modelos culturales dominantes proscriben como diferente y de menor
valor, pero lo mismo se aplica a los homosexuales, a las “razas”, a las
mujeres… Las reivindicaciones ligadas con la redistribución exigen con
frecuencia la abolición de los dispositivos económicos que constituyen la base
de la especificidad de los grupos y tienden a promover la indiferenciación
entre ellos. Por el contrario, las reivindicaciones ligadas con el
reconocimiento, que se apoyan en las supuestas diferencias entre los grupos,
tienden a promover la diferenciación (cuando no la crean de manera
performativa, antes de afirmar su valor). Política de reconocimiento y política
de redistribución aparecen, pues… en tensión.
En estas condiciones, ¿cómo pensar la justicia social? ¿Debemos
priorizar la clase por sobre el género, la sexualidad, la raza, la etnicidad, y
rechazar cualquier reivindicación “minoritaria”? ¿Hemos de insistir en la
asimilación de las normas mayoritarias en nombre del universalismo o el republicanismo?
¿O habrá que intentar una alianza entre lo que sigue siendo insuperable en la
visión socialista y lo que parece estar justificado en la filosofía
“postsocialista” del multiculturalismo?
Hay dos modos de remediar la injusticia. Los remedios correctivos,
primero, apuntan a mejorar los resultados de la organización social sin
modificar sus causas profundas. Los remedios transformadores, por su parte, se
aplican a las causas profundas: la oposición se plantea en términos de síntomas
y causas.
En el plano social, los remedios correctivos, históricamente asociados
al Estado de bienestar del liberalismo, se usan para atenuar las consecuencias
de una distribución injusta, dejando intacta la organización del sistema de
producción. A lo largo de los dos últimos siglos, los remedios transformadores
han sido asociados al socialismo: el cambio radical de la estructura económica
que subyace en la injusticia social, reorganizando las relaciones de
producción, no solo modifica la distribución del poder adquisitivo, sino
también la división social del trabajo y las condiciones de existencia.
Un ejemplo ilustra esta distinción.
Los subsidios atribuidos en función de los recursos, orientando hacia los más
pobres un apoyo material, contribuyen también a cimentar diferenciaciones que
pueden conducir al enfrentamiento. Así, la redistribución correctiva en el
plano social toma la forma, sobre todo en Estados Unidos, de la affirmative action (a menudo traducida como
“discriminación positiva”). Esta última se usa para garantizar a las personas
de color una parte equitativa de los empleos y la educación, sin modificar su
naturaleza o cantidad. En el plano cultural, el reconocimiento correctivo se
traduce por un nacionalismo cultural que se esfuerza en garantizar el respeto por
las personas de color, valorizando la “negritud” y dejando inmodificado el
código binario blanco-negro que le da sentido. La affirmative action combina, pues, la política
socioeconómica del antirracismo liberal con la política cultural del black power.
Ahora bien, esta solución no ataca las estructuras profundas que
producen las desigualdades de clase y las desigualdades raciales. Por eso se
multiplican sin fin las soluciones superficiales que contribuyen a hacer más
perceptible aún la diferenciación racial, a dar de los menos favorecidos una
imagen de clase ineficiente e insaciable, que siempre necesita ayuda, e incluso
a veces la imagen de un grupo privilegiado, que recibe un trato “de favor”. Es
así como un enfoque que apunta a resolver las injusticias ligadas con la
redistribución puede terminar creando injusticias en términos de
reconocimiento.
En cambio, los remedios
transformadores, que combinan sistemas sociales universales e imposición
estrictamente progresiva, apuntan a asegurar a todos el acceso al empleo, a la
vez que tienden a disociar el empleo de la satisfacción de las necesidades
fundamentales. De allí la posibilidad de reducir la desigualdad social sin
crear categorías de personas vulnerables presentadas como aprovechadoras de la caridad pública. Un enfoque
de esas características, centrado en las injusticias de distribución,
contribuye así a remediar ciertas injusticias de reconocimiento.
Tanto la redistribución correctiva como la transformadora presuponen una
concepción universalista del reconocimiento, es decir un valor moral igual de
las personas. Pero descansan sobre lógicas diferentes en relación con la
diferenciación de los grupos.
Los remedios correctivos de la injustica cultural atañen a lo que
comúnmente se llama multiculturalismo: se trata de poner fin al no respeto de
las identidades colectivas injustamente desvalorizadas, pero dejando intactos,
a la vez, el contenido de esas identidades y el sistema de diferenciación
identitaria sobre el cual se fundan. Los remedios transformadores, por su
parte, se asocian habitualmente a la deconstrucción. Intentan terminar con el
no respeto transformando la estructura de evaluación cultural subyacente. Al
desestabilizar las identidades y la diferenciación existentes, estos remedios
no se contentan con favorecer el respeto en sí, sino que cambian las
percepciones que tenemos de nosotros mismos.
El ejemplo de las sexualidades
despreciadas es un ejemplo de esta distinción. Los remedios correctivos para la
homofobia se asocian por lo general al movimiento gay, que apunta a revalorizar
la identidad homosexual. Los remedios transformadores, por el contrario, se
emparentan con el movimiento queer, que pretende
desestrusturar la dicotomía homosexual/heterosexual. El movimiento gay
considera la homosexualidad como una cultura, dotada de rasgos particulares un
poco como la etnicidad. Es un “modelo identitario”, adoptado en diferentes
luchas por el reconocimiento. Intenta sustituir imágenes de sí negativas,
impuestas por la cultura dominante y luego interiorizadas, por una cultura
propia que, manifestada públicamente, obtenga el respeto de la sociedad en su
conjunto. Este modelo encierra verdaderos aportes, pero al superponer política
de reconocimiento y política de identidad, alienta la naturalización de la identidad
de un grupo –si no su esencialización– mediante una afirmación de
“autenticidad” y de su diferencia.
El movimiento queer, por el contrario, aborda la homosexualidad como
el correlato construido y desvalorizado de la heterosexualidad: ninguna de las
dos tiene sentido si no es una respecto de la otra. El objetivo no es ya
valorizar una identidad homosexual, sino abolir esa dicotomía. El movimiento
gay busca dar valor a la diferenciación que existe entre los grupos sexuales
–igual que las políticas correctivas de redistribución del Estado de bienestar
lo hacen con las diferenciaciones sociales–; el movimiento queer pretende cuestionarlas, igual que el
socialismo con la sociedad sin clases.
Al abordar la falta de reconocimiento como un prejuicio engendrado
autónomamente por los valores ideológicos y culturales, la corriente
identitaria oculta su intrincamiento con la justicia distributiva, y el
carácter abstracto de su cimiento en la estructura social. Esto lleva a sus
defensores, a veces, a ignorar la injusticia económica y a concentrar sus
esfuerzos solamente en la transformación de la cultura, considerada como una
realidad en sí misma. Así es como pueden descuidarse los vínculos,
institucionalizados en los sistemas de asistencia social, entre las normas
heterosexuales dominantes y el hecho de que algunos recursos se les nieguen a
las personas homosexuales. Pero esta corriente también puede ver las
desigualdades económicas como simples expresiones de jerarquías culturales:
según esta lógica, la opresión de clase emana de la devaluación de la identidad
proletaria. El culturalismo vulgar –imagen invertida de ese marxismo vulgar que
antaño prohibía la política de reconocimiento en pro de la política de
redistribución– implica que reevaluar identidades devaluadas equivale a atacar
las fuentes mismas de la desigualdad económica.
Al modelo identitario (correctivo) se
opone lo que se llamará el modelo estatutario (transformador): la negación de
reconocimiento ya no es considerada una deformación psíquica, o un prejuicio
cultural autónomo, sino una relación institucionalizada de subordinación
social, producida por instituciones sociales. Así pues, lo que debe ser objeto
de un reconocimiento no es la identidad propia de un grupo, sino el estatuto,
para los miembros de ese grupo, como miembros plenos de la interacción social.
Esta política propone desestructurar las dos formas conexas de ordenamiento de
una sociedad, económica y cultural, y descifrar en qué obstaculizan esa
igualdad. Entonces, no se trata de postular un derecho a la estima social igual
para todos (3), sino de definir, reivindicando la paridad de participación en la
interacción social para todos, un campo de la justicia social que implique a la
vez redistribución y reconocimiento, clase y estatus. Evitar la psicologización
y la moralización: ese quizá sea el marco de pensamiento para una estrategia coherente,
que contribuya a desarmar los conflictos y contradicciones entre estos dos
grandes tipos de luchas.
(1) Richard Rorty, Achieving our Country: Leftist
Thought in Twentieth-Century America, Harvard University Press,
Cambridge, 1998; Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams:
Why America is Wrecked by Culture Wars, Metropolitan Books, Nueva
York, 1995.
(2) Charles Taylor, “The Politics of Recognition” en
Amy Gutman (dir.), Multiculturalism: Examining The Politics
of Recognition, Princeton University Press, 1994.
(3) Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance,
Le Cerf, París, 2000.
Nancy Fraser
Filósofa. Autora de Capitalismo caníbal (Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2023).
