'Las regiones están llenas de grupos Nule': Juan Martín Caicedo
El presidente de la CCI denuncia la corruptela en municipios y
departamentos. Entrevista.
El escándalo sobre corrupción en los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht se ha limitado
en Colombia a un tramo de la Ruta del Sol y se investiga el contrato de
navegabilidad del río Magdalena. Pero, en el plano nacional, el escándalo no
contamina la contratación en el país. Deja al descubierto sí una grave
corruptela en gobernaciones y municipios, que el presidente ejecutivo de la
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, no
vacila en calificar de “perversa”.
Él asegura que las
contralorías “están podridas” y que urge la aprobación nacional del llamado
“pliego tipo”, así como la financiación pública de las campañas. Denuncia que
en la corrupción está comprometida la clase política y también la empresarial.
“En términos generales,
los contratos, sobre todo los que se han adjudicado en los últimos años, van
muy bien. Se han adjudicado con transparencia cerca de 20 vías dentro del
programa de cuarta generación de concesiones viales, por un valor de 40
billones de pesos. Estamos haciendo inversiones anuales de 400 millones de
dólares para optimizar la operación de los puertos marítimos. En aeropuertos,
se adelanta una inversión cercana a los 3 billones de pesos para modernizar 48
terminales. Se avanza en la recuperación del ferrocarril Bogotá-Chiriguaná y
también del Bogotá-Belencito, y el Gobierno se empeña en salvar el Tren del
Pacífico. En síntesis, la corruptela de Odebrecht no detendrá la marcha de la
infraestructura sana en el país”.
¿Cómo se ha logrado semejante avance sin ninguna queja?
Las carreteras para la
prosperidad, los corredores de mantenimiento integral, las vías para la
equidad, a cargo del Invías, han utilizado el esquema de los documentos
estandarizados. Invías ha implantado la modalidad de un pliego-tipo. De alguna
manera, es injusto entonces que la mancha de Odebrecht se descubra justamente
cuando el país ha empezado a hacer las cosas bien en materia de
infraestructura, especialmente en el nivel nacional.
¿El episodio Odebrecht es la única manifestación de corrupción?
No, de ninguna manera. Es
grave, muy grave, lo que está sucediendo en las regiones. En un 76 por ciento
la contratación de los departamentos está manejada para únicos oferentes, y en
un 96 por ciento sucede lo mismo en los municipios.
¿Por qué ocurre ese fenómeno de corrupción?
Se están devolviendo
favores políticos a través de la contratación en el nivel regional. Se han
relajado en exceso las instancias de control regional, vale decir, las
contralorías regionales. Se politizaron esas entidades. Se pudrieron. Los
políticos que, de manera indebida, intervienen en la contratación de
departamentos y municipios tienen cuotas políticas en dichas contralorías. En
principio, estaríamos de acuerdo con el contralor general, Edgardo Maya, en el
sentido de que se haga una gran reingeniería en torno a esos entes, para que no
estén cooptadas y permeadas por la corruptela política. Son coto de caza de la
politiquería.
Pero ¿cómo practicar lo que usted llama la reingeniería?
Hay que cambiar totalmente
el esquema operativo de esas entidades. No es sano que nos quedemos sin control
en las regiones. Si eso no es posible, estaríamos finalmente de acuerdo con que
es mejor acabarlas.
¿Qué otros aspectos podría tener esa reingeniería?
La adopción de un
pliego-tipo vinculante por ley de la República; eso haría más racional, fácil y
revisable el trabajo de las contralorías. Puntualmente, ¿qué es lo
que pasa con la contratación en las regiones?
Se manipulan los
requisitos habilitantes y los criterios para calificar, para que los pliegos
conduzcan a un único oferente. Si se acaba tal perversidad, se abre el camino,
además, a la presencia de muchos oferentes en los procesos licitatorios.
¿Por qué es tan tajante cuando afirma que las contralorías están
podridas?
Porque están totalmente
podridas. Hay un vínculo perverso entre política y contratación: el de los puestos
y los contratos. Es un problema del sistema: el político que busca contratos
lleva hojas de vida a las contralorías para que desde allí se protejan, con el
silencio, los contratos corruptos. Por eso, lo que está sucediendo en las
regiones no ha tenido freno ni control.
¿Cómo se puede corregir, enmendar o acabar semejante situación?
El presidente Santos ha
hecho ya un buen un anuncio sobre el particular: acabar con la financiación
privada de las campañas. La elección popular de alcaldes y gobernadores nos
metió en una paradoja muy curiosa: ganamos en democracia, pero perdimos en
transparencia. Lo que estamos viendo en muchos pueblos y en capitales de
departamento es que el gamonal del territorio financia la campaña, pero a
condición de que después se le retribuya con contratos. Como usted puede ver,
lo que está fallando no es la ley; es un problema del sistema.
La aprobación del pliego
tipo y de la financiación oficial de las campañas demora.
¿Cómo detener, mientras tanto, la corrupción regional?
Suena un poco romántico,
pero no podemos seguir estimulando a la clase política con el argumento de que,
si vota las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, se le retribuye con puestos y
contratos. Eso hay que acabarlo. Es una decisión de país.
Pero toda esta corrupción no existiría si no participa el sector
privado...
Así es. Así como hay
funcionarios corruptos, hay también contratistas corruptos. Estos últimos,
generalmente, se acercan al funcionario proclive a la corrupción en busca de un
‘acuerdo’ para que se le otorguen contratos en determinadas condiciones, y la
coima se reparte finalmente entre los dos. En otras ocasiones aparece un
intermediario político –llámese concejal, diputado o congresista– que hace una
especie de puente entre el contratista corrupto y el funcionario que también lo
es. En este caso, la coima no se reparte entre dos sino entre tres.
¿Usted dice que la clase política está corrupta en materia de
contratación?
De ninguna manera puedo
generalizar. Hay sectores transparentes en la política. Pero, en términos
generales, sí hay un fenómeno de corrupción propiciado por la clase política.
Claro, juegan también contratistas privados que contribuyen con sus dádivas a
la degradación del papel del servidor público que se corrompe.
¿Las coimas existen porque las admiten la clase política y el
sector privado?
Evidentemente. En
ocasiones, el origen de la contratación corrupta está en el sector privado. Ese
es, por ejemplo, el caso del escandaloso y repudiable soborno ofrecido por
Odebrecht a un funcionario.
¿La corrupción política no se origina en que las campañas
electorales son costosas?
Claro. Hay que ponerles
unos topes racionales a las campañas para que todo el mundo pueda competir en
igualdad de condiciones. En la medida en que son costosas, se genera este
vínculo perverso entre el funcionario elegido y el gamonal que después exige
retribución por la financiación de la campaña, usualmente a través de
contratos. Por eso, la financiación estatal de la política, con topes
racionales al valor de las campañas, es un paso en la dirección correcta.
¿Qué es el pliego tipo? Porque una cosa es una carretera y otra,
un puente...
Lo estandarizable no son
las circunstancias técnicas de los proyectos. Cuando se habla de pliego tipo,
se trata de un proceso contractual donde se estandarizan las condiciones
habilitantes en materia de experiencia, de capacidad financiera y los criterios
de calificación de los contratistas, para evitar así que lleguen únicos
oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos. Si hay
pliego tipo, se les cierra la puerta a lo que hemos llamado los ‘pliego
sastre’, hechos a la medida de un determinado interés. Es tal vez esta la gran
modificación que amerita un ajuste a la Ley 80 de 1993.
¿Por qué ese paso no se ha dado?
Porque ha faltado una
mayor convicción en los gobiernos de turno. El Vicepresidente y el Ministro de
Transporte lideran un proyecto que cursa en el Senado, y que establece esta
figura, la del pliego-tipo. Pero a veces uno siente angustia porque no se ve unanimidad
dentro del Gobierno en relación con la bondad de este instrumento.
¿Por qué dice que no hay unanimidad en el Gobierno sobre el
pliego tipo?
Colombia Compra Eficiente,
que es la Agencia Nacional de Contratación, creada por el Gobierno para propugnar
por las buenas prácticas en esta materia, no es muy amiga del pliego tipo, con
un argumento que en el gremio que represento no compartimos. Según ella, hay
que respetar la “autonomía” de las regiones y la “autonomía” de los
funcionarios en los territorios.
¿La Agencia Nacional de Contratación?
Sí, la que maneja y dirige
una profesional de los mejores quilates, la ‘Paca’ Zuleta. Ha sido la misma
Corte Constitucional la que ha dicho que, tratándose de un interés nacional,
como es en este caso la transparencia en la contratación, la autonomía de las
regiones tiene límites y 11 fronteras. De manera que no es válido el argumento
de la autonomía; si ese argumento fuera válido, estaríamos llegando a la
conclusión de que, en Colombia, la corrupción también es autónoma.
¿Hasta dónde son necesarias más y más leyes para frenar la
corrupción?
Hay que tener cuidado con
no jalarle mucho al fetichismo jurídico. El problema no está en las normas, es
un problema del sistema, que no se corrige a través de cambios legales. Se
corrige cambiando el comportamiento de los funcionarios y los contratistas.
Mire usted, ¿qué pasó con el fenómeno Nule y qué pasó en esos contratos
corrompidos? La génesis de estos no radica en fallas de la ley, sino en fallas
de los funcionarios.
¿Las regiones están llenas de ‘grupos Nule’?
Desafortunadamente, sí,
pero desde allá no son tan visibles. Tales grupos han cooptado la mayor parte
de la contratación en las regiones. Son los mismos contratistas regionales
desde hace 15, 20, 25 años. Son pequeños grupos Nule regados como una mancha de
aceite por el país, y eso no es un problema de ley.
¿Los empresarios tienen claridad sobre el tamaño hoy del
soborno?
Sí. Hace unos pocos años
se hablaba en Colombia de que el funcionario se contentaba con una retribución
o un soborno equivalente al 10 por ciento del valor del contrato. Esa suma
asciende hoy en día, según una encuesta realizada por la Cámara que presido, al
14 por ciento del valor del contrato en los departamentos y al 15 por ciento en
los municipios. Esto es un desangre.
¿Quiénes son los grandes afectados por la corrupción en la
contratación?
Los contribuyentes, los
usuarios de las obras y el inmenso grupo de pequeños y medianos empresarios
–vale decir, las pymes de ingeniería–, que en Colombia son cerca de 90.000
empresas de bien que se han quedado por fuera de la contratación, por la
práctica nefasta de los pliegos hechos para únicos oferentes, hechos a la
medida. Esas pequeñas y medianas empresas se defienden hoy como subcontratistas
de empresas mayores. Una encuesta realizada por la Cámara a mi cargo demuestra
que casi el 50 por ciento de ellas, desde hace cinco años, no han podido
contratar con el Estado. Eso es grave. No es justo que solo participen los
grandes consorcios y queden por fuera las pequeñas y medianas empresas de
ingeniería.
En el 2016, en 26 procesos
llegaron 2.000 ofertas, para un promedio por oferta de 76 oferentes. Esto es
una revolución silenciosa.
Celebramos que el propio
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hubiese anunciado hace dos días su
decisión de adoptar el pliego-tipo en las localidades de la capital. Recuerde
usted la corrupción rampante evidenciada en esas localidades en el reciente
pasado, hasta el punto de que una decena de funcionarios de la pasada
administración capitalina están siendo investigados por tal motivo.
A pesar de Odebrecht, la
infraestructura seguirá su marcha, pero tendremos que hacer una gran reforma
del sistema político, no necesariamente de las leyes, si en verdad queremos que
la plata de los colombianos no se la sigan robando los contratistas y los
funcionarios corruptos. La campaña electoral que se avecina estará
irremediablemente vinculada a ese imperativo.
YAMID AMAT
Especial
para EL TIEMPO
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-de-yamid-amat-a-juan-martin-caicedo-sobre-la-corrupcion-regional/16803390
